El decreto 681/26, firmado por el presidente Javier Milei y el Gabinete en pleno, modifica la ley de Migraciones y establece penas de prohibición de ingreso al país y eventual expulsión de extranjeros que “propaguen mensajes de odio”. Es, según distintos funcionarios, la “respuesta necesaria” a la “campaña anti-argentina”.
Tal como informó LA NACION, la inspiración del decreto provino del asesor presidencial Santiago Caputo y fue la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, cercana a la secretaria general Karina Milei, la que se ocupó de llamar a distintos ministros para interiorizarlos del decreto y viabilizar su firma, según contaron cerca de los funcionarios que recibieron las llamadas, aunque cerca de la ministra (horas después de publicada la nota) afirmaron que Monteoliva “no llamó a nadie”.
Fuentes con acceso a la “cocina” del decreto explicaron a LA NACION que la idea es fijar “un criterio más estricto y restrictivo en materia migratoria, incluido el otorgamiento de visas”. La letra del DNU hace mención a la propia Constitución nacional y fallos de la Corte Suprema, que comentan que “toda nación soberana tiene como poder inherente a su soberanía y esencial a su propia conservación la facultad de prohibir la entrada de extranjeros a su territorio”.
La dirección de Migraciones, hoy bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, es la encargada del pedido de visas, en su mayoría provenientes de países de Asia, Medio Oriente y África, que no tienen acuerdos bilaterales con la Argentina, trámite del que están exentos la mayoría de los países de América y Europa.
Según fuentes oficiales, será Migraciones la encargada de aplicar este nuevo criterio, ya que –estimaron- “es lógico que antes de otorgar una visa se haga un análisis de información” que suministra el interesado. “Esto no tiene nada que ver con posturas políticas, salvo que seas un extremista”, se atajó la fuente oficial.
En relación a la “campaña anti-argentina”, y en medio de los fuertes roces diplomáticos con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, Milei sostuvo el domingo pasado que Brasil, México y el Partido Demócrata de Estados Unidos eran los responsables de su financiación. El canciller Pablo Quirno coincidió en la existencia de la campaña y afirmó que el Gobierno “sabe” de dónde salieron los posteos hirientes, aunque evitó precisar el origen.
El portavoz presidencial, Adrián Ravier, avaló el martes la existencia de la campaña, pero la describió como una “hipótesis” vinculada a sectores de izquierda que buscarían perjudicar al modelo libertario. “Todas aquellas personas que desde Hollywood, España y cualquier parte del mundo hablen de la Argentina como un país racista claramente desconocen nuestra historia”, sostuvo, aunque tampoco precisó qué participación tuvieron los gobiernos de Lula da Silva y el de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien incluso rechazó las acusaciones de manera pública.
El exasesor del Ministerio de Defensa, Nicolás Promanzio, cercano a las Fuerzas del Cielo, insistió en la existencia de una campaña “antiargentina” de desinformación coordinada desde Brasil, el Reino Unido y Medio Oriente en las últimas semanas”, con el objetivo de dañar al gobierno de Milei, que “lidera la nueva ola política en la región”. Ese fue el espíritu que guio el decreto publicado hoy, que entrará en vigencia mañana.
