El Gobierno del presidente Javier Milei impulsa la reedición para la permanencia del cargo de la jueza Matilde Evangelina Ballerini en la Cámara Comercial, puesto que ya alcanzó la mayoría de edad para seguir permaneciendo en su puesto en la justicia.
La magistrada arrastra un historial de resoluciones polémicas y de alta sensibilidad política,destacada por sus intervenciones en el prolongado concurso preventivo del Correo Argentino, la empresa controlada por la familia del ex presidente Mauricio Macri. En este contexto, la justicia se vuelve un tema crucial.
A lo largo de la tramitación de ese expediente, las decisiones firmadas por la Ballerini tendieron a suspender o postergar definiciones relevantes sobre la quiebra de la compañía, lo que dilató el cobro de la millonaria deuda reclamada por el Estado nacional y benefició la estrategia judicial del holding familiar del otrora mandatario, lo que generó un debate sobre la justicia.
Ese perfil de protección hacia los intereses del poder corporativo tradicional no hizo más que exhibir su figura como un actor de peso dentro de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.
El problema es que al alcanzar la edad de 75 años, el límite dispuesto por la Constitución Nacional, su permanencia en el Poder Judicial quedó supeditada a un aval político del actual Gobierno Nacional.
En tal contexto, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques asumió un rol fundamental en este escenario al firmar y enviar al Senado en el Congreso de la Nación el pliego solicitando la prórroga de su mandato por un período adicional de cinco años.
Con está medida, el titular de la Cartera de Justicia destrabó la postulación de la camarista y la colocó en la agenda urgente de la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta, presidida por el oficialista Juan Carlos Pagotto.
La iniciativa de Mahiques demuestra, además, un aceitado canal de sintonía con el PRO, orientada a mantener jueces predecibles en los puestos de decisión más codiciados de la Justicia.
Es que la realidad es que la continuidad de Ballerini está relacionada a las necesidades de la gestión Milei en materia de protección sobre sus reformas económicas y los proyectos de desregulación impulsados por el ministro Federico Sturzenegger.
Cabe señalar que el plan del Gobierno libertario contempla un proceso de privatizaciones, disoluciones y transformaciones de Sociedades del Estado, hechos que inevitablemente derivarán en litigios comerciales, impugnaciones y reclamos de acreedores que deben resolverse en la instancia judicial que integra la magistrada.
Asimismo, la política oficial de desregulación de contratos, medicina prepaga, seguros y servicios financieros genera una ola de demandas colectivas por parte de usuarios frente a lo que se denomina como “shock tarifario”, un frente donde el Gobierno requiere de jueces alineados aliados.
En todo caso, la intención de ratificar la permanencia de la jueza Ballerini le otorgaría al gobierno la previsibilidad necesaria para poder mantener en pie el rumbo del programa económico.
