El Gobierno autorizó la extradición de un jefe mafioso turco que durante los últimos seis años buscó evitar que lo devolvieran a su país, donde afirma que podría ser torturado o asesinado por revelar los presuntos vínculos entre organizaciones del crimen organizado, sectores de inteligencia y personas del entorno del presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan.
Detenido en la Argentina desde 2020, Serkan Kurtulus solicitó permanecer en el país como refugiado político, petición que le fue denegada, por lo que, una vez agotadas todas las instancias judiciales, la decisión quedó en manos del Poder Ejecutivo. Tras la firma de la resolución correspondiente, la Cancillería dispuso su entrega a Turquía, y las oficinas de Interpol en Buenos Aires y Estambul comenzaron a coordinar los detalles del traslado.
La administración del presidente Javier Milei decidió así que Kurtulus será enviado a Turquía, que lo requería como supuesto cabecilla de una organización acusada de homicidio, extorsión, secuestro y tráfico de armas, entre otros delitos registrados durante las últimas décadas.
Alojado en un pabellón de máxima seguridad de la cárcel federal de Ezeiza, Kurtulus fracasó en sus últimos intentos por evitar o demorar su envío, mientras que el gobierno de Erdoğan, que incluso designó un funcionario para seguir de cerca en la Argentina la evolución del expediente, aguardaba la decisión de la Casa Rosada para enviar una comisión oficial encargada de trasladarlo a Ankara.
La decisión del Gobierno argentino adquiere una dimensión adicional por las denuncias formuladas por Kurtulus desde la cárcel. Según sostiene su defensa, el detenido se convirtió en un “arrepentido” dispuesto a aportar información sobre la presunta relación entre organizaciones mafiosas, sectores de inteligencia y dirigentes políticos turcos. Esa condición es la que, según afirma, lo expondría a un riesgo extremo si regresa a Turquía.
En ese contexto, una de las voces que más reclamó que la Argentina le concediera asilo político a Kurtulus fue un periodista que figuraba entre los objetivos de la organización criminal que integraba el detenido. Se trata de Can Dündar, exdirector del principal diario de Turquía, Cumhuriyet, condenado en ausencia a 27 años de prisión por la Justicia turca tras revelar el envío clandestino de armas por parte de los servicios de inteligencia de ese país hacia Siria.
“Ante la insistente presión del gobierno turco para lograr su extradición, las autoridades argentinas están a punto de enviar a Kurtulus de vuelta a Turquía. Como cabe imaginar, eso supondría para él la tortura e incluso la muerte”, aseveró Dündar en diálogo con LA NACION desde su exilio en Berlín, donde se convirtió en uno de los mayores críticos del régimen de Erdoğan.
“Resulta curioso que yo ahora esté intentando salvar la vida de quien podría ser mi asesino; pero se trata de un denunciante de gran importancia, cuyos conocimientos y archivos podrían ayudar a esclarecer muchos rincones oscuros de la historia de Turquía”, remarcó Dündar.
Según investigaciones judiciales desarrolladas en Turquía y testimonios posteriores, Kurtulus integró una organización criminal vinculada con atentados y asesinatos por encargo contra opositores, periodistas y empresarios. Y tras su detención en la Argentina, el criminal decidió revelar información sobre el funcionamiento interno de la organización que complica a Erdoğan y su círculo íntimo.
Las advertencias formuladas por Kurtulus y por el periodista Can Dündar encontraron eco en organismos internacionales que denuncian la situación institucional de Turquía desde hace años. Entre otros motivos, por el deterioro del Estado de Derecho, la persecución de opositores y periodistas, y el incumplimiento de fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En ese sentido, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el Consejo de Europa, entre otros organismos, han denunciado reiteradamente detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y persecución judicial contra periodistas, dirigentes opositores y magistrados en Turquía. Sobre esa base, la defensa de Kurtulus sostiene que las garantías diplomáticas que pueda ofrecer Ankara resultan insuficientes para asegurar su integridad física, una postura que también expresó públicamente Dündar.
Antecedente
Kurtulus siguió, sin embargo, los pasos en la Argentina del exguerrillero chileno Galvarino Apablaza, otro caso en el que el debate giró en torno a la tensión entre un pedido de extradición y el eventual riesgo de persecución política en el país requirente. Apablaza recibió el asilo político en 2010, condición que el entonces presidente Mauricio Macri revocó en 2016, mientras que Milei firmó el decreto para su extradición en marzo de este año.
El recorrido de Kurtulus incluye una notificación roja de Interpol —el mecanismo mediante el cual ese organismo solicita a los países miembros la localización y detención provisoria de una persona requerida por la Justicia de otro Estado— por crímenes cometidos entre 2016 y 2017 y una detención en Puerto Madero en 2020, después de haber ingresado a la Argentina con documentación falsa, junto a su lugarteniente, Líder Camgoz. Ambos terminaron enfrentados durante su permanencia en prisión.
Durante las últimas semanas, en tanto, el abogado de Kurtulus en la Argentina, Héctor Trajtemberg, intentó abrir un resquicio que le permitiera evitar la entrega de su defendido a Turquía. Presentó nuevas incidencias procesales, aunque el expediente principal ya quedó firme tras el rechazo de todas las apelaciones judiciales ordinarias y extraordinarias.
El fallo que la Corte Suprema dictó en 2023 llegó con una pauta explícita. Confirmó que la extradición era procedente, pero exhortó a Turquía a garantizar la integridad física de Kurtulus. En su resolución, los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda sostuvieron: “Esta Corte entiende pertinente exhortar al país requirente para que se comprometa a garantizar que la entrega y permanencia” de Kurtulus “se llevará a cabo en condiciones que salvaguarden su integridad”.
Esa exhortación constituye una garantía meramente formal, según la defensa de Kurtulus, al igual que para Dündar y organizaciones internacionales como Human Rights Watch. Se apoyan en que, según el Consejo de Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y diversas organizaciones de derechos humanos, el gobierno de Erdoğan ha incumplido en reiteradas oportunidades resoluciones judiciales que ordenaban la liberación de periodistas, jueces y dirigentes opositores, mientras continúan acumulándose denuncias sobre desapariciones forzadas, torturas y persecuciones políticas en Turquía.
Con las instancias judiciales agotadas y la autorización del Poder Ejecutivo ya concedida, el expediente ingresó ahora en su etapa final. La ejecución de la extradición quedó en manos de la Cancillería, Interpol y las autoridades de ambos países, que deberán coordinar la fecha, el operativo de seguridad y el traslado de Kurtulus hacia Ankara.
