Después de que el Gobierno se pronunciara sobre la compra de Telefónica por parte de Telecom y condicionara la aprobación de la operación al cumplimiento de una serie de medidas de remediación, el miércoles designó al agente de desinversión que supervisará el proceso. La más relevante de esas exigencias es la cesión de seis millones de clientes de telefonía móvil.
Según informaron a LA NACION fuentes al tanto de las tratativas, la firma elegida de la terna propuesta por Telecom fue Together Business Consulting, una consultora respaldada por la red internacional Nexia.
De acuerdo con su perfil en LinkedIn, Together Business Consulting es una consultora boutique especializada en management y transformación de negocios, con foco en áreas como cultura organizacional, sostenibilidad, clientes, procesos, tecnología, finanzas y operaciones. Sus principales socios son Guillermo Ocampos, José Luis Aromando y Alejandro Bruzzo.
El próximo paso será la búsqueda de potenciales compradores para los clientes de los que Telecom deberá desprenderse. En el sector aseguran que ya existen interesados del exterior, además de Telecentro, de Alberto Pierri. Las ofertas serán evaluadas por la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), que tendrá la decisión final sobre su aprobación.
La ANC estableció expresamente que los seis millones de usuarios de telefonía móvil que Telecom deberá ceder no podrán ser adquiridos por Claro, el otro gran operador del mercado móvil argentino. Del total, cuatro millones corresponderán al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y los dos millones restantes al resto del país, sin una distribución geográfica predeterminada.
En cambio, respecto de los clientes de banda ancha fija que deberán transferirse en aquellas localidades donde la participación minorista de la empresa fusionada supere el 50%, la resolución es menos restrictiva y habilita la venta a distintos operadores.
De acuerdo con los plazos previstos, el proceso de desinversión podría extenderse hasta dos años.
En un comunicado publicado en LinkedIn, la ANC había dicho que los condicionamientos impuestos “permitirán que una adquisición que podría haber dejado aproximadamente el 70% de los servicios de telecomunicaciones en manos de un solo grupo económico represente finalmente cerca del 50% del mercado”.
“La operación solo será viable si se implementan estas medidas que evitan la consolidación de posiciones dominantes y garantizan que no se reduzcan las opciones disponibles para consumidores, empresas y potenciales competidores. El objetivo final es consolidar un mercado de telecomunicaciones abierto, dinámico y competitivo, libre de posiciones dominantes que puedan perjudicar a los usuarios y al desarrollo del país”, agregó entonces el organismo.
En junio del año pasado, la entonces Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), antecesora de la ANC, había objetado la operación al advertir “riesgos significativos por los potenciales efectos sobre la competencia”. En particular, señaló que el segmento de telefonía móvil quedaría “altamente concentrado”, con una participación estimada del 58% para Telecom y del 42% para AMX, la controlante de Claro.
Desde Telecom sostuvieron que la decisión del Gobierno constituía una aprobación en los términos del artículo 14 de la Ley de Defensa de la Competencia, aunque calificaron de “excesivas” las medidas de remediación impuestas. Sin embargo, la empresa no recurrió, en principio, a la Justicia y estaría siguiendo los pasos previstos por la ANC.
Consultadas por este diario por la designación del agente de monitoreo, fuentes de la empresa dijeron que no contaban con nueva información.
