El pasado miércoles, el presidente Javier Milei firmó la designación de doce jueces federales que, en parte, terminó exponiendo las negociaciones en la sombra que la Casa Rosada mantiene con los tribunales de Comodoro Py para garantizar la impunidad de los funcionarios y ex funcionarios del Gobierno señalados por puntuales hechos de corrupción.

Estos acuerdos quedaron a la vista con la designación del juez Juan Tomás Rodríguez Ponte al frente del Juzgado Federal Nº2 de Lomás de Zamora, una silla de altísima relevancia debido a que posee jurisdicción sobre las operaciones del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el complejo penitenciario local, además de concentrar expedientes políticos de enorme impacto público. 

En los  pasillos judiciales se habla de que la llegada de Rodríguez Ponte a ese despacho sería el resultado de un canje de favores coordinado entre el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y el juez federal Ariel Lijo, de quien el nuevo magistrado fue secretario y mano derecha durante años. 

Para que se entienda, la moneda de cambio pactada en esta mesa de negociación consistiría en el congelamiento o ralentización de las causas penales que más preocupan a los más altos funcionarios del Gobierno nacional.

Entre ellas se encuentran la investigación por enriquecimiento ilícito contra el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni y el expediente por las irregularidades detectadas en la Agencia Nacional de Discapacidad que roza constantemente a la secretaria General de Presidencia Karina Milei. 

A cambio de adormecer estas causas fue que el Gobierno de Milei habría destrabado el pliego de Rodríguez Ponte, otorgándole el control de un territorio clave donde el propio Lijo ostenta intereses cruzados con la Asociación del Fútbol Argentino. 

Básicamente, lo que sostienen dentro de la Justicia es que la relación de extrema cercanía y conveniencia mutua entre Lijo y el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, encuentra en este nombramiento una protección que aseguraría el aletargamiento de la causa penal por lavado de dinero que involucra a la firma Sur Finanzas, principal sponsor de la institución y cuyo entramado de negocios salpica a la conducción del fútbol local. 

Pero aún hay más, porque en esta mesa de negociación se habría tratado otro tema, también sensible a la vista de la opinión pública, con el objetivo de evitar que el nombramiento del magistrado sea interpretado como un burdo pacto de impunidad.

Dicha estrategia se cimenta en la reactivación y celeridad en el avance de la causa por el denominado “Yategate” que por estas horas complica al ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde. Los operadores judiciales saben que para lograr victoriosos operativos de impunidad alguien tiene que pagar el precio, y en este caso sería el ex intendente de Lomás de Zamora.

De esta manera, el futuro judicial del dirigente peronista ya estaría sellado, ya que su figura funciona como un fusible dentro de la negociación, por lo que se espera que a la brevedad se reactiven los llamados a indagatoria y el avance sobre sus bienes.

Ello le otorgará al nuevo juez una cortina de falsa independencia y legitimidad ante la opinión pública, distrayendo la atención mientras tiene sobre la mesa de su despacho el poder de proteger los intereses judiciales del Gobierno y los máximos dirigentes del fútbol argentino.