Hay juegos que deberían terminar en la infancia. Uno de ellos es el del Gran Bonete. Sin embargo, a veces parecería que algunos abogados y tribunales argentinos insisten en seguir jugándolo.
El debate acerca de qué juez debe intervenir en la investigación sobre la irregular compra de una lujosa propiedad atribuida al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) constituye un ejemplo elocuente del juego del Gran Bonete judicial.
Recientemente, los jueces de la Cámara de Casación Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña -curiosamente, exmiembro del tribunal de ética de la AFA- aceptaron una queja planteada por los acusados de ser testaferros de Pablo Toviggino y ordenaron volver a discutir la competencia de la causa judicial. Los citados camaristas, con la disidencia de su par Alejandro Slokar, convocaron a una audiencia para el 12 de agosto con el fin de definir si el caso se mantiene en el fuero penal económico, como hasta ahora, o si regresa al juez federal de Campana, Adrián González Charvay, como pretenden los acusados.
De este modo, después de sucesivos planteos procesales, el sistema sigue discutiendo la competencia en tanto que el análisis de la cuestión de fondo continúa esperando.
Los expedientes sobre el escándalo de la AFA recorren juzgados y tribunales superiores sin que nadie parezca advertir que el paso del tiempo también puede constituir una forma de impunidad
Mientras las semanas transcurren, los expedientes recorren juzgados y tribunales superiores sin que nadie parezca advertir que el paso del tiempo también puede convertirse en una forma de impunidad. O, peor aún, que es ese, precisamente, el objetivo.
Toda sociedad civilizada reconoce el derecho de los jueces a resolver los conflictos de competencia. Lo que ninguna democracia puede aceptar es que esa discusión termine ocultando o sustituyendo al proceso mismo. Porque la Justicia fue creada para investigar los hechos, no para distraerse investigando quién debe investigarlos.
Cuando la definición del juez tarda más que las primeras medidas de prueba, el proceso deja de ser un instrumento de justicia para convertirse en un monumento a la ineficacia. O, lo que sería mucho más grave, la evidencia de una inadmisible complicidad.
Una Justicia que dedica más tiempo a decidir quién debe investigar que a investigar ya no tiene un problema de competencia. Tiene un problema de prioridades y muy probablemente otro, más serio aún, de corrupción.
En la Argentina, la Justicia parece haber inventado una nueva y curiosa categoría procesal: la investigación de la investigación. Su resultado suele ser la impunidad de los investigados. Mientras tanto, la verdad se demora, la credibilidad de la Justicia se evapora y nuestra República se deteriora.
