“La doctrina Adorni sigue vigente”. Con ese tono de críticas, la oposición recibió el proyecto de “inocencia fiscal 2” que el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados. La iniciativa, con la que el ministro de Economía, Luis Caputo, busca que los ahorros “puedan ser formalizados en el sistema bancario sin ninguna penalidad de ningún tipo”, permite que funcionarios y exfuncionarios públicos adhieran al régimen. Ese es uno de los puntos que enfrenta mayor resistencia en el Congreso.
Sonia Becherman, una de los tres tributaristas convocados por el Gobierno para explicar el contenido técnico del proyecto en la conferencia de prensa que encabezó Caputo, confirmó que están incluidos en el sistema: “No hay exclusiones que tenga la ley en este caso [por los funcionarios]. Todos los contribuyentes que cumplan las condiciones de la ley podrán ingresar en el régimen simplificado”.
El proyecto busca incentivar la bancarización de los “dólares del colchón” mediante la ampliación del acceso al régimen simplificado del Impuesto a las Gananciasy el fortalecimiento de las garantías jurídicas para los contribuyentes. Quien se acoge a este beneficio evita sanciones penales y antecedentes, aunque debe regularizar sus declaraciones y contribuciones impositivas.
Las dudas y los cuestionamientos de dirigentes opositores aluden a la adhesión de Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni, entonces jefe de Gabinete, al régimen simplificado de Ganancias incluido en la primer Ley de Inocencia Fiscal. Lo hizo el 31 de mayo pasado, días antes de que el ahora exministro coordinador presentara su declaración jurada, en medio de un escándalo político y judicial en torno a su situación patrimonial.
El diputado radical Pablo Juliano, integrante del bloque Provincias Unidas, fue quien sostuvo que “la doctrina Adorni sigue vigente”, al tiempo que aseguró que durante el tratamiento de la Ley de Inocencia Fiscal, en diciembre pasado, pidieron excluir a los funcionarios, “pero no quisieron”.
“¿Qué pasó después? La usaron Adorni, [Guillermo] Francos, [Federico] Sturzenegger, Felipe Núñez y [José Luis] Espert. ¿Creen que el Gobierno recapacitó? No. La ‘inocencia fiscal 2’ sigue abierta para ellos”, se lamentó. En la votación de diciembre, 13 integrantes de la bancada votaron en contra del proyecto, uno a favor y una se abstuvo.
Gisela Scaglia, jefa del bloque Provincias Unidas, indicó que aún no definieron su postura respecto del nuevo proyecto en su conjunto, pero advirtió a LA NACION que está “en desacuerdo” con el hecho de que habilite la adhesión de funcionarios. Afirmó que volverán a insistir con una modificación para “excluir a las PEP [Personas Expuestas Políticamente]” de la iniciativa.
La legisladora es miembro de Pro, aunque está alineada con el gobernador radical de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien anteayer firmó con el Gobierno el traspaso de la ruta nacional A012, para que la provincia se haga cargo de la administración, el mantenimiento y las obras.
Desde la misma bancada, Esteban Paulón (Partido Socialista) habló de “impunidad libertaria”. Tras la divulgación de que la esposa de Adorni había adherido al régimen, el diputado presentó un proyecto para excluir del régimen a funcionarios, magistrados, legisladores, y a sus cónyuges y convivientes. Ahora afirmó que insistirá con esta iniciativa para que “no lo usen para eludir explicaciones como hizo en su momento Manuel Adorni”.
En aquella oportunidad, el diputado Martín Lousteau (Provincias Unidas) afirmó que la Ley de Inocencia Fiscal “es un blanqueo a medida de los más ricos: te perdonan el pasado y no miran de dónde salió el patrimonio”. Y agregó: “Que la inocencia te valga, Manuel”.
En la misma línea, el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) sostuvo en su momento que es “una ley con nombre y apellido que benefició a evasores, que alcanzó a Lázaro Báez y que ahora también beneficia al entorno familiar de Manuel Adorni”. En marzo, la Justicia sobreseyó parcialmente a Báez y a otras 11 personas acusadas de evasión en Austral Construcciones, al aplicarle la Ley de Inocencia Fiscal (que benefició a los acusados del 81% de las causas del fuero penal económico al elevar los montos punibles por presunta evasión).
En las últimas horas también surgieron críticas a la “inocencia fiscal 2” desde el peronismo, por el mismo motivo. “Vergonzoso: la nueva ley de ‘inocencia fiscal’ beneficia a funcionarios y políticos. Otra ley hecha a medida”, introdujo el diputado nacional Agustín Rossi (Unión por la Patria). Y agregó: “Habilitan un régimen para quienes ejercen la función pública. Los que venían a convertir la moral en política de Estado son, en realidad, profundamente amorales”.
A su vez, consideró que “estamos ante un gobierno de corrupción extendida”, fenómeno en el que “está involucrado Adorni”. “Evaden, son funcionarios y ahora les permiten blanquear sin tener que preguntarles de dónde sacaron la plata”, concluyó, en diálogo con LT9.
Entre tanto, su compañero de bancada Guillermo Michel estimó que el justicialismo “planteará excluir a los funcionarios” del régimen, con un dictamen de rechazo en comisiones o durante una eventual votación en particular en el recinto. De todos modos, advirtió a LA NACION que si el Gobierno consiguiera aprobar la iniciativa incluyendo a los funcionarios, “no quedarían excluidos de la responsabilidad penal ni de la figura de enriquecimiento ilícito”. A su vez, señaló que la iniciativa “es inconstitucional porque el Estado no puede renunciar a su facultad de fiscalización”.
El bloque Unión por la Patria en su totalidad votó en contra del proyecto oficialista en diciembre pasado.
En paralelo, el diputado Oscar Zago (Movimiento de Integración y Desarrollo), un aliado frecuente del oficialismo en el Congreso, apuntó contra Caputo, en diálogo con LA NACION. Cuestionó: “El ministro de Economía se la pasa diciendo que su familia tiene plata afuera: ¿es en blanco o en negro?”. Sin embargo, se preguntó: “¿Cuál es [la diferencia entre que] un funcionario evada impuestos y un comerciante [lo haga]? ¿No es el mismo evasor? Ahora, si el dinero proviene de cuestiones ilícitas, es totalmente distinto. Habría que verlo”. El MID votó a favor del proyecto original a fin del año pasado.
Mientras, Pro y la Unión Cívica Radical (UCR), socios de La Libertad Avanza, se mantuvieron cautos y argumentaron que están estudiando el proyecto. El macrismo comparte “el espíritu” de la iniciativa, pero no discutió formalmente sobre el articulado. “Está todo muy verde”, observó una fuente legislativa. “Es muy reciente para dar una opinión definitiva”, justificaron en el radicalismo. Ambos bloques acompañaron al Gobierno en la votación de diciembre pasado.
