La designación del exsecretario de Comunicación y Prensa del Gobierno Javier Lanari como director en el Banco Nación sorprendió cuando se publicó en el Boletín Oficial. Periodista de profesión y exsegundo de Manuel Adorni, con quien llegó a la función pública en diciembre de 2023, había dejado el Gobierno casi un mes atrás, en medio de la crisis que detonó la salida del exjefe de Gabinete.
De excelente relación con el presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, Lanari obtuvo la invitación para seguir en la administración libertaria de parte de esta última, en lo que se considera un aval decisivo en el universo libertario.
Con su vuelta al esquema de poder violeta, Lanari completó este martes una tríada de funcionarios “leales” a la administración libertaria que fueron reubicados, tras ser desplazados de sus puestos iniciales.
Su caso se sumó al del exjefe de Gabinete Guillermo Francos, y de su segundo Lisandro Catalán, quienes tras ser eyectados del Gabinete, en octubre pasado, sobrevivieron con puestos en la petrolera YPF. Estuvieron de forma honoraria, mientras fueron jefe de Gabinete y ministro del Interior, respectivamente, pero poco después de dejar sus cargos comenzaron a percibir esos ingresos.
Al igual que en Lanari, en las filas libertarias valoran el trabajo que Francos y Catalán desarrollaron y sus formas de comportarse, según reconocen internamente. “Y el compromiso con el proyecto”, sintetizan. “Esas cosas se valoran mucho. Es lealtad”, insistió otro de los consultados por LA NACION.
El desembarco en el directorio de Lanari se concretará en lugar de Gabriel Pascual. Fuentes al tanto de esos movimientos dijeron que esa salida estaba proyectada desde hace tiempo y allí se encontró el lugar para el exsegundo de Adorni en la Casa Rosada.
Cargos y sueldos más altos
La tendencia del Gobierno es reubicar a sus leales en cargos en los que cobran cifras más altas que donde estaban originalmente. Sin embargo, en el caso de Lanari pasará a percibir, en mano, $6.130.000, un monto similar al que cobraba anteriormente como funcionario de la Presidencia. Es que tenía un salario equiparable al de un secretario de Estado.
Pese a ese rango, Lanari ni siquiera estará cerca de lo que perciben Francos y Catalán en YPF. Se trata de montos en línea con los que perciben directivos y ejecutivos de empresas petroleras de tamaño y volumen de operaciones comparables, tanto en la Argentina como en la región.
Tal como contó LA NACION, los documentos oficiales presentados en abril de este año por el Directorio a la Asamblea de Accionistas de YPF mostraron que para el ejercicio 2026 se propuso un monto global de hasta $14.403 millones para cubrir honorarios de directores, síndicos, comités y la remuneración del CEO.
En los tres casos (Lanari, Francos y Catalán), los funcionarios salientes quedaron ubicados apenas poco días después de ser desplazados. Lanari había dejado hace menos de un mes el área de Comunicación, en medio de la controversia que provocó la renuncia de Adorni, sometido actualmente a una investigación judicial por enriquecimiento ilícito.
A diferencia de Adorni, Lanari se fue de la Rosada sin un escándalo precedente. Esa situación, que se replica también en los casos de Francos y Catalán, es la que explica, según distintas fuentes consultadas, la diferencia entre las situaciones de ellos tres y la de Adorni. “Hoy por hoy creo que Manuel no querría volver a trabajar para el Estado. Sería una locura”, dijo una voz oficial.
Los casi cuatro meses en los que se extendió el escándalo del ahora exjefe de Gabinete generaron un desgaste interno y a nivel político, por el que nadie por ahora se anima a creer que pueda volver. Al menos, no en el corto y mediano plazo. Y menos aún cuando la investigación penal que lo tiene bajo la lupa en los tribunales de Comodoro Py se reanudará tras el receso de invierno.
A diferencia de Lanari, las novedades de los últimos días no alientan el regreso de Adorni. Es que el fiscal del caso, Gerardo Pollicita, recibió un informe que reafirma con rigor técnico las inconsistencias detectadas por los investigadores en los movimientos patrimoniales del exfuncionario.
