En plena efervescencia mundialista, el juez federal Ariel Lijo le pidió a su colega María Eugenia Capuchetti que le ceda una de las tres causas principales vinculadas al “rulo financiero”, una maniobra que tiene en vilo a exfuncionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central. Lijo ya había logrado unificar otros dos expedientes, tras una intervención de la Cámara Federal.
La causa en poder de Capuchetti arrancó en 2021 por una denuncia del Banco Central contra la agencia de cambios Marvic SA, que desplegó una maniobra para acceder al dólar oficial. Las operaciones de compra de esa agencia tipo alcanzaron un equivalente a US$14.601.600 en el período comprendido entre el 15/6/2021 y el 27/9/2021. La investigación luego se amplió a otras casas de cambio.
El expediente estuvo delegado durante cuatro años en el fiscal Eduardo Taiano y se activó recién a fines del año pasado cuando la jueza retomó la investigación y desplegó una batería de medidas de prueba. A fines de diciembre se dio una situación inédita: tres jueces hicieron allanamientos casi a la misma hora: Casanello (que luego fue reemplazado por Lijo), Servini (que perdió su causa hace dos semanas) y la propia Capuchetti.
La causa que terminó en manos de Lijo terminó ampliando su objeto al funcionamiento del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) a partir del contenido del teléfono de Martín Migueles, exsocio y ladero de Elías Piccirillo.
Cuando el expediente comenzaba a inquietar a exfuncionarios del gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa, el magistrado primero reclamó la causa de Servini. La jueza se negó e intervino la Cámara Federal, que le terminó dando la razón a Lijo.
El camarista Roberto Boico sostuvo que existe una «dependencia funcional y operativa» entre los sujetos investigados en ambos expedientes, con nombres en común, como Arg Exchange SA, Gis Cambio SA, Banco Más Ventas, entre otros. Además, valoró el riesgo real por allanamientos múltiples y simultáneos sobre las mismas oficinas comerciales por parte de dos juzgados distintos.
Casi con los mismos argumentos, ahora Lijo le pidió a Capuchetti que se inhiba.
“Del cotejo del objeto procesal de ambas investigaciones surge la intervención de un conjunto de personas físicas y jurídicas que se encontrarían íntimamente relacionadas y asociadas a una misma operatoria presuntamente destinada a adquirir moneda extranjera al tipo de cambio oficial para luego canalizarla hacia el mercado paralelo», sostuvo Lijo. Y agregó que en esa causa está mencionado Maximiliano Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, que también aparece en su expediente.
En medio del tironeo por las causas, el financista Francisco Hauque, que terminó enfrentado a Piccirillo, dio varias entrevistas y mencionó solo a exfuncionarios cercanos a Alberto Fernández como el extitular del BCRA Miguel Ángel Pesce. La omisión a otros funcionarios que dependían de Sergio Massa generó sospechas y un cruce de reclamos. Los mensajes llegaron a Comodoro Py.
Lijo ahora aspira a concentrar todos los expedientes. “Existe un riesgo concreto de dispersión investigativa y de adopción de criterios divergentes si las investigaciones continúan ante distintos magistrados, con la consiguiente valoración separada de un mismo acervo probatorio referido a un contexto fáctico común”, dice la resolución que firmó antes del duelo entre Argentina e Inglaterra y a la que tuvo acceso LA NACION.
