La adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), cuyo tratamiento en el recinto de Diputados fue momentáneamente congelado, genera fricciones en el sector farmacéutico. Los laboratorios nacionales –nucleados en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa)– son los principales opositores al proyecto y argumentan que la ratificación del PCT aumentaría los precios de los medicamentos. Por su parte, los extranjeros –agrupados en la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme)– apoyan el tratado y alegan que generaría un marco de mayor previsibilidad para actores vinculados a la innovación.
El PCT fue elaborado en 1970 en Washington y el Senado le dio media sanción en 1998. Este año, el Congreso avanzó con su tratamiento, dado que es uno de los compromisos que asumió la Argentina en el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI) firmado con Estados Unidos.
El objetivo es incorporar a la Argentina al principal sistema internacional de cooperación en materia de patentes. El tratado contiene tres cláusulas de impacto para el sector farmacéutico: la extensión del plazo de 12 a 30 meses para que un inventor argentino decida en qué países protegerá su invención –y un extranjero presente la solicitud en la Argentina–; la posibilidad de crear una única solicitud para presentar a los 158 Estados miembros del acuerdo; y la incorporación de un examen preliminar internacional no vinculante.
Luego de que Cilfa lo reclamara mediante un comunicado oficial, el oficialismo incorporó al proyecto la reserva respecto del Capítulo II en el plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, Legislación General e Industria en que el PCT obtuvo dictamen favorable, el 12 de mayo. Ese apartado habilita al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) a utilizar informes técnicos no vinculantes elaborados por oficinas de patentes extranjeras para analizar solicitudes de registro. Es decir, si el proyecto lograra eventualmente su sanción definitiva, lo haría con el Capítulo II en suspenso, pendiente de un nuevo paso por el Congreso en caso que quisiera ponerse en práctica.
La entidad que nuclea los laboratorios nacionales envió una carta a los diputados con su pedido. Allí sostuvo que es la “opción más conveniente” para “limitar los efectos adversos sobre la competencia, incluyendo la salud pública y la industria y empleo nacional”, al tiempo que permite, con su adhesión al tratado, cumplir con el compromiso establecido con Estados Unidos.
Cilfa sostiene que los informes preliminares podrían condicionar las decisiones locales y facilitar la aprobación de patentes que actualmente son rechazadas. Consideran que estos exámenes podrían fomentar el evergreening, es decir, que los laboratorios extranjeros extiendan sus patentes y monopolios a través de modificaciones menores de sus productos. Por ejemplo, que un jarabe se transforme en un inyectable.
Entienden que la reserva al Capítulo II “limita el peso de los informes internacionales en la evaluación nacional y, en consecuencia, las restricciones a la competencia que se derivarán de la expansión del número de patentes de evergreening”.
En esta línea, en un comunicado de marzo sostuvieron que el evergreening es “uno de los principales problemas que debe enfrentar la industria farmacéutica argentina para lanzar medicamentos genéricos o biosimilares” que compitan con los originales –y así, según su postura, reduzcan los precios–. Cilfa argumentó que “la industria farmacéutica argentina ha dinamizado la competencia en el mercado farmacéutico, desarticulando monopolios mediante el lanzamiento de versiones genéricas o biosimilares de medicamentos cuyas patentes vencieron o que, por razones tecnológicas, tenían un único oferente”.
En diálogo con LA NACION, Eduardo Franciosi, director ejecutivo de Cilfa, aseguró que la reserva “beneficia la salud pública porque se asegura la competencia y mitigan los riesgos de conceder patentes sin altura inventiva, novedad y aplicación industrial, asegurando el acceso de la población a los medicamentos”.
Al respecto, desde Caeme dijeron a LA NACION que “las patentes no se otorgan de manera automática ni pueden extenderse simplemente por presentar una nueva solicitud. Cada solicitud es evaluada por el INPI, que analiza si cumple con los requisitos establecidos por la ley: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial”.
A su vez, sostuvieron que “hoy lo importante es poder avanzar” en la adhesión al PCT, incluso si eso significa la incorporación de la reserva del Capítulo II.
La cámara que nuclea las filiales de los laboratorios internacionales consideró que la adhesión al tratado “es fundamental porque integra al país a un sistema utilizado por más de 150 países y genera un marco de mayor previsibilidad para investigadores, universidades y empresas vinculadas a la innovación”.
Además, aseguró que “no está pensado solo para grandes compañías”, que reduce los costos para los inventores argentinos y que “cada país conserva la decisión final; el PCT no obliga a aprobar patentes”. Lejos de una “disputa sectorial”, indicaron que se trata de una “discusión sobre innovación”.
“Incorporamos la reserva sobre el Capítulo II porque había una resistencia de la industria farmacéutica local”, reconoció Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, en diálogo con LA NACION. Sostuvo que “no cambia mucho adherir sin ese capítulo” y que aceptaron el reclamo de Cilfa con el objetivo de conseguir la aprobación del PCT.
El Gobierno sostiene que el tratado simplifica el sistema de patentes, reduce costos y agiliza trámites para investigadores, pymes y empresas argentinas, sin limitar la soberanía de los Estados dado que cada país conserva la potestad de decidir qué innovaciones aprueba.
Entonces, ¿por qué la adhesión al PCT perjudicaría a los laboratorios locales? Cacace señaló que “el temor” de los nacionales es que el INPI “otorgue de forma casi automática las patentes a los laboratorios internacionales por el examen preliminar”, dada la cantidad de solicitudes que están pendientes, cuya cifra supera las 4000. “Los locales no podrían fabricar medicamentos no patentados de laboratorios internacionales que han demorado en patentar en la Argentina. Los laboratorios extranjeros son los más innovadores. Los nacionales son más de reproducir drogas ya creadas”, agregó.
Jorge Otamendi, socio de G-Breuer y abogado especialista en propiedad intelectual, coincidió con la explicación del funcionario. En diálogo con LA NACION, argumentó que los laboratorios nacionales “copian” lo que no se patenta en la Argentina, especialmente los medicamentos con éxito comercial. Muchos laboratorios extranjeros no patentan sus productos en el país dada su exclusión del PCT y el plazo de 12 meses para solicitar la patente en el país. La adhesión al tratado “aumentaría el interés extranjero en solicitar patentes en la Argentina”, lo que, a su vez, perjudicaría a los nacionales si se tratase de “productos exitosos que no puedan copiar por estar patentados”.
Para el socio de G-Breuer, el eje del PCT es la extensión del plazo para solicitar patentes de 12 a 30 meses, en tanto permite a los laboratorios continuar investigando en ese lapso y luego tomar la decisión de dónde solicitar las patentes, en caso de que el producto prospere.
En cambio, consideró que el examen preliminar internacional no tendría un gran impacto en la industria –solo implica tener en cuenta lo ya examinado– y que Cilfa pidió la reserva para retrasar la adhesión al PCT.
En la misma línea, Cacace aseguró que el INPI seguiría haciendo su evaluación, que el examen internacional es no vinculante y que la oficina de patentes nacional ya utiliza informes de oficinas extranjeras.
Franciosi, de Cilfa, sostuvo que las acusaciones sobre las copias de medicamentos no patentados “son absolutamente falsas”. “Cilfa se opone a regulaciones que afecten el acceso a la salud y la competencia”, resumió, en diálogo con LA NACION.
“Lobby de la industria”
En el plenario de comisiones en el que se obtuvo el despacho, Maximiliano Ferraro, jefe del bloque de la Coalición Cívica en Diputados, presentó un dictamen de minoría en el que propuso la adhesión al PCT sin reservas. Según el legislador, el Gobierno aceptó la reserva porque “obedeció al lobby de la industria farmacéutica”. Sostuvo que “la reserva podría implicar una pérdida de información, eficiencia y capacidad de planificación para los solicitantes argentinos”.
Agregó que el examen no deteriora la soberanía regulatoria de la Argentina, no obliga a las oficinas nacionales a otorgar patentes ni modifica los criterios para inscribirlas. En este último punto coincide con el Gobierno y con Caeme.
El peronismo, en cambio, rechazó el acuerdo en su totalidad. A lo largo de los años, respaldó la postura de los laboratorios nacionales, que sostienen que el tratado reduciría la competitividad local y terminaría encareciendo los medicamentos.
Si Diputados aprueba en el recinto el texto modificado, deberá volver al Senado para su sanción definitiva.
