En 2012, al pasar por el frente del Banco Central de la República Argentina, noté que la leyenda del cartel de su entrada había cambiado. Decía así: “El banco tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. Había desaparecido la inscripción que únicamente expresaba: “Es misión fundamental y primaria del Banco Central de la República Argentina preservar el valor de la moneda”.
Por suerte, para ese entonces ya había fallecido Milton Friedman. En su famoso discurso de 1968, “The Role of Monetary Policy”, argumentó que un banco central no puede controlar el desempleo ni el crecimiento económico a largo plazo. Y agregaba que intentar emitir dinero para generar puestos de trabajo o financiar al Estado solo produce una baja temporal de las tasas, seguida de una inflación destructiva y de un mayor desempleo en el futuro.
En ese momento recordé una lección básica de economía -aprendida cuando ya se habían superado otras visiones como el estructuralismo y el keynesianismo locales, sobre todo tras los resultados inflacionarios posteriores a la estatización del Banco Central (1946)-. ¿Qué nos enseñaba? Que, al dispersar sus objetivos, un banco central descuida su única variable de control real: la oferta monetaria. La clave para una economía sana radica en restringir su mandato al control de la masa de dinero.
La experiencia es clara. A partir de ese cambio, el estímulo artificial mediante la emisión monetaria no generó un desarrollo genuino ni sustentable. Por el contrario, dinamitó el valor del peso, consolidando un piso inflacionario del 25 % anual que escaló sistemáticamente hasta rozar la hiperinflación algo más de una década después.
La propensión hacia la emisión desmedida encuentra su explicación en el siglo XVI. Los pensadores de la Escuela de Salamanca dedujeron que la abundancia de un bien reduce su valor de cambio; bajo esta premisa, comprendieron que un exceso de dinero erosiona su poder adquisitivo. Fue el sacerdote agustino Martín de Azpilcueta, un miembro de esta escuela, quien en 1556 plasmó formalmente esta lógica al formular la primera versión de la teoría cuantitativa del dinero. Se trató de un hallazgo expresamente reconocido por colosos del pensamiento económico moderno como M. Friedman, J. Schumpeter y F. Hayek, quienes identificaron en los españoles de Salamanca a los verdaderos pioneros de la libertad económica y del rigor monetario.
Pese a la lucidez de este hallazgo, el sesgo anticatólico y geopolítico sepultó el legado de Salamanca durante cuatro siglos. En pleno auge de la Reforma y de las guerras de religión, el entorno protestante ignoró deliberadamente estos avances, restando valor al pensamiento científico de origen hispánico, un desafortunado hecho al que, por conveniencia, tampoco fue totalmente ajena la propia monarquía española. Al haber descartado el saber salmantino, la ciencia económica retrasó su evolución, permitiendo que la humanidad quedara expuesta a los estragos de la inflación.
A esta visión monetaria se sumaba una férrea doctrina fiscal. Los salmantinos sostenían, con clarividencia, que el gasto público por encima de los ingresos y la consecuente alteración de la moneda para financiarlo constituían un robo institucionalizado.
Sí, la fuente del mal es política. La depreciación de la moneda no es un misterio y, pese a su complejidad, admite poco debate
Al fin y al cabo, el desborde del gasto es la raíz del problema. Cuando el aparato fiscal demanda financiamiento constante -es decir, cuando el déficit es estructural-, la presión sobre la autoridad monetaria se traduce de forma inevitable en mayor emisión y, en consecuencia, en inflación. La depreciación de la moneda no es un misterio y admite poco debate. Ya en 1609, el jesuita Juan de Mariana, miembro también de la Escuela de Salamanca, denunciaba que la adulteración de la moneda era el recurso predilecto de gobernantes para saquear en secreto el patrimonio de los ciudadanos. En sus palabras: “Al envilecer el dinero, suben todas las mercadurías sin remedio, a la misma proporción que abajaron la moneda”.
Sí, la fuente del mal es política. La depreciación de la moneda no es un misterio y, pese a su complejidad, admite poco debate. En última instancia, es la consecuencia predecible de gobernantes que ignoran la racionalidad y sacrifican el valor del signo monetario en el altar de anhelos demagógicos y captadores de voluntades. Juan Bautista Alberdi lo advertía al sostener que la demagogia engendra tiranía fiscal y que la consecuente moneda sin respaldo “actúa como un ladrón invisible en el bolsillo del ciudadano.”
