Fisipa entró en concurso preventivo. La firma textil, con fábrica en La Plata y dedicada a la producción de hilados sintéticos, atribuyó su crisis a la caída estrepitosa del consumo, el aumento de tarifas de servicios públicos y la apertura de las importaciones.
La apertura del proceso fue dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 1, a cargo de Alberto Alemán, bajo la carátula de “pequeño concurso”.
La compañía -liderada por Luciano Galfione, presidente de la Fundación ProTejer– justificó su estado de cesación de pagos -manifestado formalmente el pasado 26 de mayo- por una combinación de factores macroeconómicos que, según la presentación judicial, tornaron “inviable” el negocio.
De acuerdo a los estados contables presentados, Fisipa enfrenta un pasivo total de $565,4 millones. La deuda se desglosa de la siguiente manera:
Por su parte, el activo valorado de la empresa asciende a $525,6 millones. Está compuesto, mayoritariamente, por bienes de uso (maquinaria textil) y existencias de materias primas como hilado de poliéster y nylon.
Los vaivenes económicos y las causas del desequilibrio
Fundada en 2014, Fisipa se instaló en un predio alquilado de 40.000 metros cuadrados en La Plata -provincia de Buenos Aires-, donde operaba Sniafa, una fábrica emblemática de la industria textil, dedicada a la hilatura y fabricación de hilados de nylon lisos.
“La fábrica había quebrado en 2010 y estaba muy deteriorada por lo que en un inicio se empezó a poner en valor el edificio, oficinas, salas fabriles y depósitos. La fábrica contaba con maquinaria antigua. Algunas de ellas se pusieron en marcha para fabricar otro tipo de hilados (poliéster) y, con el tiempo, se fueron incorporando otras, tales como máquinas de texturizar, máquinas de acoplar hilados, compresores de aire, entre otras. Todas pertenecientes al eslabón de la hilandería, y dentro del rubro de las fibras sintéticas”, precisaron desde la empresa en la presentación judicial.
De acuerdo con el documento, la producción de la empresa fue creciendo sostenidamente hasta 2017. Según precisaron, los años 2018 y 2019 fueron muy complicados para la producción de hilados sintéticos. No obstante -indicaron-, en el 2020 la producción comenzó a aumentar bruscamente, con un intervalo de unos meses a causa de la pandemia.
Posteriormente, explicaron que en 2023, producto de las trabas a la importación nuevamente, empezó a tener problemas de abastecimiento, lo que afectó a la producción. “Más del 90% de nuestras materias primas son de origen importado, porque no existe producción nacional de las mismas”, aclararon.
A partir de 2024, con el cambio de gestión de gobierno, desde la empresa señalaron las siguientes causas del desequilibrio:
“En marzo de 2024, se realiza una reducción muy importante de personal para ajustar la estructura a los niveles productivos del momento. Esta situación no fue suficiente, siguió cayendo la actividad y se trató de mantener al personal por todos los medios posibles con una producción cuasi marginal. En el año 2025 y luego de meses sin actividad se recurrió a la suspensión por tres meses del personal en forma rotativa. La actividad se estancó en niveles no compatibles con cualquier producción industrial”, explicaron. Según los registros, hoy la empresa cuenta con solo ocho empleados registrados.
Asimismo, enfatizaron: “Llegamos, así, al momento actual en que la empresa no tiene más capital de giro, no tiene suficientes ventas para afrontar obligaciones, no es susceptible de créditos por su riesgo y, en consecuencia, no puede afrontar más sus obligaciones. El mercado está paralizado, inundado de importaciones que tampoco se venden, precios por debajo de los costos y una perspectiva bastante negativa respecto al futuro de corto plazo”.
El proceso judicial
El cronograma judicial fijó el 15 de septiembre 2026 como fecha límite para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación ante la sindicatura. En tanto, el período de exclusividad para que la empresa logre un acuerdo con sus acreedores vencerá el 1 de julio de 2027. Se trata del plazo legal durante el cual la empresa debe negociar con sus acreedores, formular propuestas de acuerdo y obtener las mayorías necesarias para que el concurso sea homologado.
