SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El Concejo Deliberante de la localidad de Allen aprobó hoy, por mayoría de seis votos contra tres, la suspensión preventiva del intendente Marcelo Román, referente de La Libertad Avanza (LLA), involucrado en un escándalo de presunta administración fraudulenta y peculado.
La medida, fundamentada en el artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal, tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa penal que enfrenta el mandatario. Mientras dure el apartamiento, el presidente del cuerpo legislativo, Fabián Figueroa (UCR Auténtica), asumirá de forma provisoria el Poder Ejecutivo.
La investigación penal, que tuvo su punto de inflexión el 18 de junio pasado con la formulación de cargos, se centra en el presunto desvío de fondos públicos para beneficio de un tercero. Según la acusación fiscal, entre marzo de 2024 y julio de 2025, Román habría autorizado la compra de un teléfono celular por un valor de 479.999 pesos mediante un servicio corporativo a nombre del municipio. Sumando los abonos mensuales, el perjuicio total al erario público asciende a 596.812,38 pesos.
Lo más grave del caso, según la fiscalía, es que el dispositivo fue entregado a Sebastián Ocampo, un empresario de medios local que no posee vínculo contractual ni es agente de la municipalidad. Se alega que Ocampo utilizó el teléfono para “impartir órdenes y directivas” de manera indirecta a los empleados municipales, arrogándose facultades de gestión estatal con un recurso privado. Por este motivo, el empresario también fue imputado como partícipe necesario.
“El delito de partícipe necesario del segundo imputado se configura porque este hombre habría prestado colaboración indispensable para la consumación del ilícito. Puntualmente, porque tenía pleno conocimiento de no ser agente público ni poseía designación oficial alguna y aun así recibió el bien del Estado y lo usó”, describió la fiscal Graciela Echegaray.
Y sumó: “Dicha participación se materializó tanto en la recepción del dispositivo como en un uso activo, interviniendo en la estructura jerárquica municipal”.
En tanto, la justicia de Río Negro ha encuadrado la conducta del intendente bajo los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado (en concurso ideal). El dictamen legal que avaló la suspensión sostiene que la medida es de carácter “higiénico en términos institucionales” y busca resguardar el desarrollo de la investigación, evitando el entorpecimiento en la producción de pruebas, dado que aún restan testimonios de empleados municipales por recolectar.
El dictamen del asesor legal del Concejo Deliberante aclara que la decisión “de ninguna manera vulnera la presunción de inocencia de la que goza el señor intendente municipal”, ya que se trata de una medida preventiva mientras avanza el proceso judicial.
“Un acto anticonstitucional”
Tras conocerse la decisión del Concejo, Román rompió el silencio calificando la medida como un “acto tremendamente avasallador, ilegal y anticonstitucional”. El mandatario sostuvo que se trata de una maniobra basada en “cuestiones partidarias y políticas” para desconocer la soberanía popular.
Román confirmó que ya ha judicializado su suspensión y presentó una denuncia penal por “abuso total de autoridad” contra los concejales que votaron a favor de su apartamiento.
Además, defendió su inocencia asegurando que “cualquier persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario” y argumentó que, según su interpretación, la única vía legal para remover a un intendente es a través de un proceso de revocatoria o al finalizar su mandato.
Pese a la ordenanza, el dirigente de La Libertad Avanza manifestó inicialmente su intención de continuar al frente del municipio mientras se resuelven las presentaciones judiciales. Román es actualmente el único intendente libertario en la provincia de Río Negro.
