Con la reforma política y la denominada ley de zonas frías todavía en el freezer legislativo por falta de votos, el oficialismo buscará sesionar la semana próxima para aprobar el polémico proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, iniciativa que pretende levantar la prohibición que pesa sobre la venta de tierras rurales a personas físicas o capitales extranjeros.
El temario de la sesión, convocada para el jueves 16 a las 12, incluirá una treintena de pliegos judiciales que tienen dictamen desde hace varias semanas.
Entre ellos se encuentran el del camarista Víctor Pesino, que cumplirá 75 años el 27 de julio próximo y por quien el Poder Ejecutivo pidió darle un nuevo acuerdo por cinco años más.
También tiene dictamen y estará incluido su tratamiento el pliego que nomina a Juan Tomás Rodríguez Ponte , exsecretario letrado del juez federal Ariel Lijo, para el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, tribunal que tiene a su cargo la causa por la que se investiga a Martín Insaurralde y a Jesica Cirio.
Si bien la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, se mostró confiada, lo cierto es que por lo bajo varios senadores le reconocieron a LA NACION que todavía no está asegurado el número para abrir el recinto la semana próxima por la ausencia de varios legisladores.
El cronograma de funcionamiento del Senado para los próximos días se tomó este mediodía en una reunión de Labor parlamentaria en la que también se acordó una cita posterior para el 6 de agosto.
En esa sesión, se trataría la denominada ley hojarasca -proyecto que deroga leyes perimidas o en desuso y que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados- y el controvertido proyecto que agrava penas por el delito de falsa denuncia.
La decisión de postergar hojarasca para una sesión posterior se explicó en la necesidad de evitar la dispersión de temas la semana próxima, en particular ante la previsión de que inviolabilidad de la propiedad privada demandará un extenso debate.
Esto es así porque el proyecto genera fuertes resistencias en diferentes sectores políticos y sociales. De hecho, fuentes legislativas contaron que la vicepresidenta Victoria Villarruel planteó su rechazo a la iniciativa durante el encuentro de los jefes de bloque.
El texto enviado por el Poder Ejecutivo obtuvo dictamen de comisión el pasado 20 de mayo. Desde entonces, el despacho ha recibido sucesivas modificaciones. Tantas que el borrador con los cambios que se han ido introduciendo ya lleva 14 versiones.
El principal escollo y motivo de debate es la eliminación de la prohibición de la venta de tierras rurales a extranjeros.
Tal como informó LA NACION, la última versión habilita la venta de tierras a extranjeros y solo limita la adquisición por parte de empresas que cuenten con la participación en su capital accionario de otros estados. En este caso, la operación deberá requerir la aprobación de la provincia en la que se encuentre el predio y la Nación.
Este capítulo del proyecto es el que más ajustado está en materia de votos y, por lo tanto, se erigirá en la vara que le servirá a Bullrich para ver si puede o no sesionar la semana próxima.
El texto también contempla cambios para facilitar y apurar los desalojos en caso de usurpación de tierras o viviendas, una nueva regulación para la expropiación por parte del Estado y cambios en la ley de manejo del fuego.
La reunión de este mediodía no estuvo exenta de polémica. Los peronistas Juliana Di Tullio (Buenos Aires) y Fernando Salino (San Luis) le reprocharon en fuertes términos al oficialismo y sus aliados el haber roto el compromiso asumido en la Labor Parlamentaria de hace tres semanas, cuando habían acordado debatir la interpelación del entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni.
Luego de que la Casa Rosada pusiera el grito en el cielo, Bullrich se vio obligada a convocar a una nueva reunión de jefes de bloque para cambiar las reglas de juego y endurecer las condiciones para habilitar la discusión de la interpelación de Adorni. Aquella sesión al final fracasó a la espera de una renuncia que llegó 48 horas después, para alivio del oficialismo en el Senado.
