Con el reloj como amenaza, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, encarará este mediodía el desafío de convencer a sus pares de la oposición dialoguista para que la Cámara alta sesione el próximo jueves 16, antes que el receso invernal convierta en un páramo el Congreso.
Luego de dar vuelta la página del caso Adorni, el oficialismo intenta reforzar su agenda legislativa y Bullrich más de un objetivo, pero también una urgencia. El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, la ley “hojarasca” y una nueva tanda de pliegos para cubrir vacantes judiciales son las metas que la exministra busca encauzar. La urgencia es la situación del camarista Víctor Arturo Pesino: el juez que salvó la reforma laboral del Gobierno.
Pesino integra la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que falló en favor de la administración de Javier Milei y suspendió la medida cautelar que bloqueaba la aplicación de 81 artículos de la reforma laboral.
El 23 de abril, Pesino, en un fallo conjunto con María Dora González, resolvió dejar en suspenso el fallo del juez Horacio Ojeda, quien el 30 de marzo pasado había hecho lugar a un pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT) y dictado una medida cautelar para suspender 81 artículos de la ley 27.802, llamada de “modernización laboral”.
Horas después del fallo favorable, el Ministerio de Justicia comunicó en el Boletín Oficial que iniciaba el trámite para que Pesino continúe como vocal de la Cámara una vez que cumpla 75 años. La Constitución establece que a esa edad, los jueces deben jubilarse, a menos que consigan el aval del Presidente y del Senado para extender su magistratura otros cinco años.
Pesino cumple 75 años el próximo 27 de julio. Es decir, tiene por delante apenas 19 días para que el Senado sesione y apruebe la continuidad en su cargo. O 18, si se toma el antecedente que fijó la Corte Suprema en el caso de la excamarista de la Casación Ana María Figueroa.
Esa es la urgencia de Bullrich. Cerca de la exministra creen que el jueves 16 habrá sesión y que el pliego de Pesino será tratado. Pero el calendario les aporta otra dificultad: hay senadores aliados que provienen de provincias donde ya comenzaron las vacaciones de invierno.
Los camaristas Pesino y González gozan de buena reputación en la Casa Rosada, donde prima la idea de que el peronismo y la CGT moldearon y tienen una amplia influencia sobre el fuero laboral.
En ese fuero, la Sala VIII es calificada como “la más patronal”, según fuentes del sector consultadas por LA NACION. De hecho, Pesino y González se desmarcaron de las nueve salas restantes al implementar un esquema a la baja para calcular los intereses en los casos de indemnización. “En vez de aplicar el IPC más el 3%, como hacíamos todos, él le restaba el 30 por ciento a los créditos”, expuso un abogado laboralista de reconocida trayectoria. En su historial, Pesino tuvo otros fallos de repercusión pública: uno de ellos fue cuando en 2020 rechazó un amparo para la reinstalación de una trabajadora de la agencia de noticias estatal Télam; el otro, en 2018, cuando suspendió las elecciones del Sindicato de Comercio, a cargo de Armando Cavalieri, por irregularidades en los padrones del gremio más numeroso del país.
El 9 de junio, Pesino acudió al Senado para defender el pliego que busca extender su magistratura y quedó en el centro de los cuestionamientos del PJ por dos decisiones: el fallo que reinstaló la reforma laboral y la intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
Su exposición derivó en un extenso interrogatorio, principalmente de los senadores kirchneristas Mariano Recalde y Eduardo “Wado” de Pedro, y terminó con una encendida defensa de Bullrich.
El camarista llegó a la audiencia con cuatro observaciones ciudadanas en su contra, presentadas por la UOM, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y abogados laboralistas. Entre otras cuestiones, los planteos cuestionaron su actuación en causas sindicales, las demoras de la Sala VIII y una sentencia que posteriormente debió ser anulada por inconsistencias en su redacción.
Las preguntas más incómodas llegaron cuando Recalde y De Pedro pusieron el foco en los contactos que el magistrado mantuvo con funcionarios del Gobierno antes de que avanzara el trámite de su renovación. Pesino confirmó que el 3 de marzo se reunió con un asesor del entonces secretario de Justicia, Sebastián Amerio. Y que el 7 de abril lo hizo con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, cuando conversaron durante algunos minutos sobre el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires.
En respuesta a los planteos sobre un eventual conflicto de intereses, recordó que había solicitado la prórroga en agosto de 2025 y que recién el 13 de abril fue notificado formalmente del inicio del procedimiento. También negó haber recibido garantías sobre el envío de su pliego. “El ministro no me informó que el Presidente iba a enviar mi pliego”, sostuvo.
El antecedente Figueroa
La Corte Suprema fijó un claro precedente para los jueces que alcanzan los 75 años al tratar el caso de la excamarista de la Casación Ana María Figueroa, una magistrada que intentó conservar su cargo más allá de la edad límite y tuvo un fuerte apoyo del kirchnerismo, que pretendía mantenerla en el máximo tribunal penal.
Figueroa cumplió 75 años el 9 de agosto de 2023. Para entonces, Alberto Fernández ya había solicitado un nuevo acuerdo y la jueza pasó la instancia de las entrevistas personales. Pero el Senado nunca consiguió reunirse para votar su pliego.
El 10 de agosto de 2023, la Cámara de Casación Penal se reunió con la magistrada, quien le comunicó a sus colegas que se iba a quedar en el cargo, pero sin firmar sentencias, por si eran nulificadas, a la espera del acuerdo del Senado.
Pero los jueces de la Casación, presidentes de cada sala, a la semana, se reunieron y al ver que el tiempo pasaba y la jueza no obtenía un nuevo acuerdo, enviaron a la Corte una nota, en la que le señalaron que la magistrada, “habría cesado” en sus funciones, dado que no tenía una nueva convalidación del Senado.
La Corte dictó una resolución en la que señaló que la doctora Figueroa “ha perdido la investidura judicial el 9 de agosto pasado, día en que cumplió setenta y cinco (75) años de edad sin haber obtenido un nuevo nombramiento con el correspondiente acuerdo del Senado”. La decisión fue unánime. Lleva la firma de los cuatro jueces del máximo tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
En la misma resolución, la Corte reglamentó la manera en que se aplica el art. 99, inciso 3, de la Constitución nacional, que establece los 75 años como tope para los jueces. Allí, al dejar en plena vigencia el precedente del camarista Leopoldo Schiffrin, de 2017, decidieron que el magistrado debe pedir el acuerdo y obtenerlo, al menos, un día antes de cumplir 75 años e incluso debe haber para esa fecha un decreto presidencial con un nuevo nombramiento.
Resistencia del kirchnerismo
El fallo de la Corte que dejó cesante a Figueroa no fue suficiente para el kirchnerismo. En el Senado, desoyó la decisión del máximo tribunal y logró aprobar un nuevo acuerdo el 26 de septiembre de 2023, a pesar del plazo vencido. La jueza pretendió, así, revalidar sus títulos.
El martes 3 de octubre, Alberto Fernández nombró por decreto a la jueza por cinco año más. Lo hizo de manera retroactiva al 9 de agosto, la fecha en que Figueroa cumplió 75 años y la Corte la había dejado cesante.
En el medio, el Consejo de la Magistratura dejó de considerarla como jurado para los concursos en los que se deben corregir exámenes a los aspirantes a jueces. Sus colegas, en tanto, cubrieron su vacante y todas las que había en el tribunal, con jueces suplentes.
Con estos nuevos elementos, Figueroa esperó. Mantuvo el suspenso ante sus colegas de la Cámara de Casación, que temían que la jueza se presentara en los tribunales para reclamar su sueldo, su escritorio, su auto, su chofer y fundamentalmente su firma digital que es lo que restituye el poder.
Eso no ocurrió. Pero sí la derrota de Sergio Massa ante Javier Milei en las elecciones presidenciales. El 25 de noviembre de 2023, Figueroa finalmente pidió jubilarse.
