Los cinco exquerellantes que el viernes fueron desplazados del caso $LIBRA por decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi apelarán el fallo. Eso implica que el debate sobre su permanencia como acusadores privados en la causa que más preocupa al Gobierno trepará de manera inevitable a una sala de la Cámara Federal que atraviesa sus horas más inestables.
Es la Sala I. En ella convergen la intención del Gobierno de reformatear un tribunal clave en las causas de corrupción y el problema de las vacantes: dos de sus tres sillas están ocupadas de manera provisoria.
Son los lugares de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que fueron trasladados allí durante el macrismo y no tienen asegurada su continuidad más allá del tiempo que demore el proceso para reemplazarlos. Algunos sostienen que podría resolverse incluso antes de la feria de invierno, que empieza el 20 de julio.
El concurso para reemplazarlos avanza a paso firme. El Consejo de la Magistratura ya envió al Poder Ejecutivo las ternas para sustituirlos -aprobadas por 15 votos contra 5- y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se encamina junto al presidente Javier Milei a elegir a sus reemplazos.
Ambos camaristas llegaron a la Cámara en 2018, trasladados por Mauricio Macri desde dos tribunales orales.
La Corte Suprema ordenó luego que todos los traslados fueran cubiertos por jueces elegidos por concurso. El kirchnerismo intentó desplazarlos sin éxito y ahora el Gobierno retomó el camino que abrió aquel fallo.
Cada uno atraviesa una situación distinta. Bruglia pelea por su lugar en la Cámara ante la Justicia internacional desde por lo menos 2021. Es un proceso que abrió junto con Bertuzzi y con el juez Germán Castelli, y que los enfrenta con el Estado argentino.
Con Mariano Cúneo Libarona como ministro de Justicia, el asunto se encaminaba a una “solución amistosa”, pero con la llegada de Mahiques a la cartera de Justicia -y las pruebas que se fueron sumando en $LIBRA– el Gobierno tiró abajo el acuerdo y promovió el concurso para poder elegir a sus reemplazos.
En escritos presentados recientemente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Bruglia sostuvo que el Gobierno aplica el criterio de la Corte de manera “selectiva”: dice que en casos idénticos al suyo no promueve una nueva designación por concurso.
El caso más paradigmático, según su planteo, es el del juez de la Casación Carlos “Coco” Mahiques, padre del ministro de Justicia. Él también fue trasladado al máximo tribunal penal del país durante el macrismo, pero el Gobierno impulsó que siga en el cargo más allá de la edad jubilatoria.
Con ese argumento, Bruglia pidió que la CIDH dicte una cautelar para frenar su reemplazo. Su planteo parece haber encontrado cierta receptividad: la Comisión le corrió traslado al Estado argentino para que informe sobre el reclamo en el plazo de un mes. Parece improbable, sin embargo, que la CIDH avance con la velocidad suficiente como para interferir en el proceso que ya está en marcha. Tampoco está claro qué alcance tendría un pronunciamiento de la Comisión.
Bertuzzi tiene más chances de sostener su cargo en la Cámara. El juez participó del concurso habilitado por el Consejo y, pese a quedar en el puesto número 21 en el primer orden de mérito, empujado por las entrevistas personales, fue incluido por los consejeros en una de las dos ternas.
La primera terna quedó conformada por Fernando Luis Rodolfo Poviña, Agustina Inés Rodríguez y Pablo Yadarola, juez en lo Penal Económico. La segunda, por Julio César Di Giorgio, la fiscal Cecilia Incardona y el propio Bertuzzi.
En los próximos días, el Gobierno elegiría a dos de esos seis nombres para llenar las vacantes de la Cámara.
Los nombres que más se repiten entre quienes siguen de cerca el proceso son los de Yadarola, por la primera tanda, y los de la fiscal Incardona y Bertuzzi. Es decir, tres nombres para dos lugares. Los pliegos deberán ser aprobados por el Senado y luego nombrados por el Presidente.
El reclamo de las querellas de la causa $LIBRA podría estar en la mesa de la Cámara Federal la semana próxima. Pero la reconfiguración de la Sala podría ocurrir una, dos o tres semanas después, calculan quienes conocen los tiempos que demanda el trámite.
En temas como este, la Sala suele expedirse en unos 15 días. Pero si uno de los tres jueces actuales se toma un tiempo más para emitir su voto, la integración de la Sala que tome la decisión final sobre las querellas podría ser otra.
Los antecedentes
La Cámara Federal ya admitió a las querellas que hoy fueron apartadas por el juez. Pero fue la otra Sala de la Cámara la que intervino y dijo que la condición de las querellas podía cambiar en el futuro.
Ocurrió cuando el caso tramitaba bajo la órbita de la jueza María Servini, que luego declaró la incompetencia del juzgado y el expediente se mudó entonces al de Martínez de Giorgi. Eso implicó también un cambio de sala.
Ahora, no será la Sala II sino la Sala I la que deba pronunciarse sobre este y otros planteos futuros en el caso. Quienes conocen los movimientos de la Cámara señalan que un eventual fallo no debería apartarse mucho de uno previo en el que la Sala I, sin fisuras, le cerró la entrada al caso a dos inversores bielorrusos que se declararon damnificados.
En aquel fallo, de abril de este año, Bertuzzi y el tercer magistrado de la Sala, Mariano Llorens, dijeron que, por el “relativo anonimato” de este tipo de operaciones cripto, no se había logrado acreditar la titularidad del dinero afectado por el colapso de $LIBRA y rechazaron incluir a los bielorrusos como querellantes. El juez Bruglia votó en el mismo sentido.
Un argumento similar utilizó hoy Martínez de Giorgi al apartar del caso a los cinco querellantes.
