La próxima puesta en vigencia de la ley 27801 que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil -aplicable a adolescentes de 14 a 18 años-, fue motivo de convocatoria de las jornadas para todos los operadores del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente y Juvenil. Esta oportunidad, llevada a cabo los días 26 y 29 de junio pasado, resultó ser el tercer encuentro en que se trabaja analizando cada uno de los aspectos que implica, para llegar al mes de septiembre -cuando se ha establecido su implementación- sin discrepancias de criterios ni ambigüedades por parte todos los actores que deben ejecutar la normativa legal.
De la iniciativa participaron defensores, fiscales, jueces, asesores y responsables de diversos programas y centros de contención dependientes de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. Fue organizada por esta dependencia del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, además de la Corte de Justicia de San Juan, a través de la Oficina Judicial Penal de la Niñez y la Adolescencia -con la coordinación de los jueces María Julia Camus y Jorge Toro- y de la Escuela Judicial.
Este espacio invitó a los asistentes a la interpretación, la reflexión y el desglose del articulado de la ley nacional sancionada en febrero de 2026, teniendo en cuenta los cambios en sus disposiciones, desafíos y mecanismos de resolución de conflictos de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley; a partir de las disertaciones de diversos expositores representativos del Ministerio Público Fiscal, de la Defensoría, de las Asesorías y los jueces del fuero Penal de la Niñez y la Adolescencia.
En este sentido, desde la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, hubo una ponencia a cargo de Emilia Farrán Ahún -coordinadora general del Centro de Admisión y Derivación (CAD)-, Pablo Cheble -coordinador general del Centro Socioeducativo cerrado Nazario Benavídez-, Cristina Casívar -referente del programa Justicia Juvenil Restaurativa- y Libia Garramuño -coordinadora del programa de Abordaje Territorial- con la moderación de Melina Martínez -coordinadora del programa 102-. Cada uno de ellos no sólo expuso la realidad de sus espacios de trabajo y cómo esta normativa puede ser aplicada, inclusive con cambios en la infraestructura -tal como mostró los avances el titular del centro Nazario Benavídez- sino que además coincidieron en sostener que “la ejecución del nuevo Régimen Penal Juvenil no puede hacerse sin contemplar como fundamental la ley madre que sustenta la protección de niños, niñas y adolescentes, que es la ley 26061, en la que se establecen los derechos, vulneraciones y la restitución de derechos violados, suprimidos o dañados”.
Antes de las conclusiones generales de la jornada, hubo una instancia práctica en la que los participantes pudieron hacer aportes a partir de involucrarse con los distintos roles y funciones de quienes tendrán en sus manos la aplicación de la ley, lo que realmente enriqueció la propuesta.
