Un fallo judicial paralizó este martes la actividad de la Comisión Bicameral encargada de designar al Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y profundizó la disputa entre el oficialismo y la oposición por el futuro del organismo.
El juez federal Enrique Lavié Pico declaró la nulidad de la integración de la Bicameral aprobada por el Senado que favorecía a los libertarios al considerar que vulneró el criterio de representación proporcional de los bloques. El magistrado ordenó rehacer su composición.
La decisión tuvo un efecto inmediato: la presidenta de la comisión, la senadora Vilma Bedia (La Libertad Avanza), suspendió la reunión prevista para hoy a las 11. En ese encuentro el oficialismo pretendía avanzar con un nuevo reglamento para el concurso de selección del Defensor del Niño, una iniciativa que ya había despertado fuertes críticas de organizaciones de la sociedad civil.
El fallo hizo lugar a un amparo presentado por el bloque Justicialista del Senado y rechazó el argumento de que se trataba de una cuestión interna del Congreso ajena al control judicial. Para Lavié Pico, los tribunales deben intervenir cuando existe una lesión manifiesta de derechos derivada del incumplimiento de la ley y del reglamento parlamentario.
“Ahora el Senado deberá integrar nuevamente la Comisión conforme al artículo 49 de la ley 26.061 y a la representación proporcional”, explicó el senador Pablo Bensusán (PJ) en su cuenta de X. Junto con la mendocina Anabel Fernández Sagasti interpuso la acción de amparo.
El magistrado consideró arbitraria la distribución de los lugares en la comisión. Señaló que LLA, con 21 senadores, obtuvo dos representantes, mientras que el bloque Justicialista, con la misma cantidad de integrantes, quedó sin ninguno. En contraste, destacó que la Cámara de Diputados sí respetó el criterio de proporcionalidad al asignar tres lugares al oficialismo y dos a Unión por la Patria, bloques de tamaño similar.
La suspensión de la reunión también dejó en pausa el intento del oficialismo de modificar las reglas del concurso para elegir al nuevo Defensor del Niño.
Una decena de organizaciones, entre ellas ACIJ, CELS, Amnistía Internacional y Poder Ciudadano, advirtió que el proyecto elimina el examen escrito y el orden de mérito, pese a que la Ley 26.061 exige un concurso de antecedentes y oposición. También cuestionaron la creación de un registro especial para participar de las audiencias públicas, con nuevos requisitos administrativos y de financiamiento, y denunciaron que el texto elimina los mecanismos de participación directa de niñas, niños y adolescentes durante el proceso de selección.
Para las organizaciones, esos cambios desvirtúan el concurso y reducen las garantías de transparencia e idoneidad previstas por la ley.
“Es indispensable que se garanticen las condiciones para una participación amplia de niñas, niños, adolescentes y organizaciones de la sociedad civil, a fin de seleccionar a un Defensor Nacional idóneo que esté a la altura de las graves problemáticas que hoy atraviesan las infancias en nuestro país”, sostienen.
La pelea de fondo
El conflicto tiene un antecedente: la frustrada designación de la abogada María Paz Bertero.
En octubre del año pasado, la Cámara de Diputados aprobó su postulación con 156 votos afirmativos, incluido el respaldo de sectores de la UCR, Pro y el MID. Sin embargo, el oficialismo bloqueó su tratamiento en el Senado y luego interpretó que su concurso había perdido vigencia al cumplirse 180 días corridos desde la conformación de la terna.
La oposición rechazó esa lectura y sostuvo que históricamente ese plazo se computó en días hábiles legislativos, por lo que la selección seguía vigente. Detrás de la discusión reglamentaria aparece además una diferencia política: mientras el oficialismo cuestiona el perfil de Bertero por su trayectoria en materia de género y su apoyo a la legalización del aborto, la oposición denuncia que el objetivo es reiniciar el proceso para promover un candidato cercano a organizaciones provida y sectores religiosos.
En ese contexto, el diputado libertario Santiago Santurio, integrante de la comisión, defendió la posición oficialista. “El Defensor del Niño debe defender a todos los niños, incluso los por nacer. No aceptamos designaciones a dedo ni activismo disfrazado de buenas intenciones. Exigimos transparencia y verdadera protección de los niños, niñas y adolescentes”, afirmó.
Con la resolución judicial, el Senado deberá volver a integrar la comisión respetando la representación proporcional de los bloques. Hasta entonces, el oficialismo quedaría impedido de avanzar con el nuevo reglamento y la disputa por la Defensoría del Niño vuelve a quedar abierta.
