Este miércoles por la noche, el oficialismo le dio media sanción al proyecto conocido como “Súper RIGI”, un régimen que concede beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios por 30 años a inversiones superiores a los US$1000 millones. La medida fue aprobada en la Cámara de Diputados con 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones.
La aparente falta de claridad en la propuesta es uno de los mayores cuestionamientos de la oposición. El texto habla de atraer «industrias del futuro” que el Gobierno definió como “genuinamente nuevas” para la Argentina. Además, menciona infraestructura tecnológica y digital estratégica, actividades todavía “experimentales o piloto” en el país y sectores que requieren “soluciones macroeconómicas anticipadas” para poder desarrollarse.
El régimen estableció una alícuota reducida del 15% en el impuesto a las ganancias —frente al 25% del RIGI y del 35% general— estabilidad tributaria y cambiaria por 30 años, exenciones de derechos de importación y exportación, amortización acelerada de inversiones, reducción de contribuciones patronales y una liberación progresiva de divisas hasta alcanzar el 100% a partir del tercer año de exportaciones.
Las industrias beneficiadas
A diferencia del RIGI original —que estaba enfocado en minería, petróleo, gas e infraestructura clásica—, esta versión ampliada buscó captar industrias de alto valor agregado que requieren infraestructura digital y tecnológica intensiva.
De esta forma, se estima que las industrias que podrán acceder al beneficio son, principalmente:
La aprobación en Diputados
Con apoyo de Pro, la UCR, el MID y otros bloques provinciales alineados con la agenda oficial, como Independencia, Innovación Federal y Producción y Trabajo, el proyecto fue aprobado en la Cámara Baja. Se abstuvieron los dos catamarqueños alineados con Raúl Jalil y cinco diputados de Provincias Unidas: dos jujeños aliados a Carlos Sadir, la mendocina Lourdes Arrieta y el rionegrino Sergio Capozzi.
La votación contó con la presencia de la secretaria General, Karina Milei. Fue acompañada por Sharif Menem, director de la Secretaría Privada de la presidencia de la Cámara de Diputados. La iniciativa se girará al Senado para su sanción definitiva.
El proyecto
Además de la alícuota, el proyecto habilita a los inversores a recurrir a tribunales internacionales, como el Ciadi, la Cámara de Comercio Internacional o la Corte Permanente de Arbitraje, en caso de controversias con el Estado argentino. El texto también dispone que los derechos otorgados bajo el régimen serán considerados “inversiones protegidas” en el marco de tratados internacionales, lo que abre la puerta a eventuales reclamos ante futuras modificaciones regulatorias.
El esquema limita, además, la capacidad de provincias y municipios para establecer regalías o cánones administrativos sobre los proyectos adheridos.
Se aprobaron, además, una serie de convenios internacionales vinculados con la doble imposición y la evasión fiscal con Francia, la cooperación para desalentar la pesca ilegal y acuerdos de seguridad social con Suiza y San Marino. Todos ya contaban con media sanción del Senado.
