Lejos de apagarse, la polémica por el proyecto de ley que busca incorporar la figura del ecocidio al Código Penal sigue sumando capítulos. Aunque los senadores de La Libertad Avanza (LLA) que habían acompañado el dictamen retiraron posteriormente sus firmas y la propia Patricia Bullrich aseguró que la iniciativa no avanzará en el recinto en los términos actuales, el sector productivo mantiene el estado de alerta.
Ahora, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) y el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) enviaron una dura carta a los senadores nacionales en la que advirtieron sobre los riesgos jurídicos, económicos y productivos en actividades agrícolas, forestales, ganaderas, mineras e industriales del país y que a su entender generaría la aprobación del proyecto impulsado por la senadora por Chubut Edith Terenzi (Despierta Chubut).
Con las firmas de Gustavo Idígoras como presidente de CAA y de Carla Bonito como titular de Copal, las entidades señalaron que, más allá de la marcha atrás del oficialismo, existe preocupación por la posibilidad de que la iniciativa continúe su recorrido parlamentario o vuelva a impulsarse bajo una redacción similar.
En la nota dirigida a los integrantes de la Cámara alta, Copal y el CAA expresaron su “profunda preocupación del sector productivo, agroindustrial y alimenticio frente al avance parlamentario del dictamen de mayoría de las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable”.
Las organizaciones remarcaron que acompañan la necesidad de proteger los recursos naturales, pero cuestionaron severamente la técnica legislativa utilizada en el texto. “Si bien compartimos el imperativo de preservar los recursos naturales en el marco del artículo 41 de la Constitución Nacional, el texto consolidado en el dictamen de la Orden del Día Nº 122/2026 adolece de graves defectos de técnica legislativa”, afirmaron.
Según indicaron, la iniciativa comprometería la seguridad jurídica necesaria para el funcionamiento de sectores estratégicos de la economía argentina. En ese sentido, alertaron que “de aprobarse en sus términos actuales, la normativa constituirá una herramienta de coacción judicial susceptible de paralizar sectores estratégicos de la economía nacional”.
Uno de los principales cuestionamientos apuntó a la redacción del tipo penal propuesto para definir el ecocidio. Las entidades sostuvieron que el proyecto vulnera el principio de taxatividad penal al incorporar conceptos excesivamente amplios y abiertos.
En la carta señalaron que la propuesta permitiría que la violación de “una simple resolución administrativa menor o una ordenanza municipal” pueda transformarse en el disparador de un delito federal castigado con penas de prisión.
Además, cuestionaron la incorporación de definiciones que, a su juicio, mantienen una elevada vaguedad jurídica. Para la Copal y el CAA, la iniciativa “cristaliza la imprecisión de conceptos normativos abiertos y difusos en el cuerpo matriz de nuestra legislación penal”.
Otro de los puntos observados se relaciona con la remediación ambiental. Las entidades advirtieron que el texto establece que el daño ambiental irreversible se configurará independientemente de las acciones correctivas que puedan implementarse posteriormente.
Según expresaron, ello implica que “aunque una empresa invierta cuantiosos recursos en recomponer integralmente un área afectada, la ley ignorará penalmente dicho esfuerzo de mitigación”.
Para CAA y Copal, esta disposición termina desalentando las inversiones destinadas a reparar eventuales daños ambientales. La iniciativa propone crear un nuevo capítulo de “Delitos contra el ambiente” dentro del Código Penal e incorporar específicamente la figura del ecocidio.
Entre otros puntos, contempla penas de tres a 10 años de prisión para quienes causaran daños ambientales considerados especialmente graves y sanciones de cinco a 15 años cuando esos daños fueran catalogados como irreversibles. Además, establece penas de hasta 25 años de prisión cuando el hecho provocara la muerte de una persona y agravantes adicionales en casos con múltiples víctimas.
También generó preocupación la incorporación de la figura del denominado ecocidio culposo. La carta advierte que la propuesta habilita sanciones penales por “imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de deberes”. De acuerdo con las entidades, ello podría exponer a directivos, profesionales y técnicos a procesos penales por contingencias operativas no intencionales. “Esta decisión legislativa resulta desproporcionada y rompe la racionalidad del sistema de imputación penal”, sostuvieron.
El documento también cuestiona el esquema de sanciones previsto para las personas jurídicas. Según señalaron, la posibilidad de aplicar multas calculadas sobre porcentajes del capital social de una empresa podría derivar en situaciones de extrema gravedad económica.
En ese sentido, alertaron que la aplicación de esas disposiciones “condenará a la quiebra técnica inmediata a cualquier corporación o pyme antes de que exista una sentencia firme”.
Las críticas alcanzaron además a la figura de responsabilidad diferida incorporada en el proyecto. Las entidades observaron que el agravante por fallecimientos podría aplicarse incluso cuando la muerte ocurra tiempo después de concluida la actividad presuntamente contaminante. A su entender, ello genera “una contingencia indefinida de por vida para directivos y responsables técnicos”.
Otro aspecto cuestionado fue la falta de diferenciación entre impacto ambiental y daño ambiental. Para Copal y CAA, el proyecto no establece con claridad esa distinción y corre el riesgo de criminalizar actividades productivas actualmente autorizadas por la legislación vigente.
“Al no exigir un umbral cuantitativo preciso ni remitirse a estándares técnicos objetivos, el tipo penal absorbe conductas que hoy se encuentran debidamente autorizadas por la autoridad competente”, señalaron.
Las entidades también manifestaron preocupación por el uso de conceptos que consideran excesivamente abiertos. Entre ellos mencionaron expresiones como “daño especialmente grave”, “deterioros severos”, “extensión espacial” o “duración temporal”. A su juicio, la ausencia de parámetros técnicos concretos podría generar interpretaciones dispares y arbitrarias en distintos tribunales del país.
La carta dedica además un apartado al uso político y judicial de la figura del ecocidio. Allí advierte que determinadas organizaciones ambientalistas ya utilizan ese concepto para cuestionar distintas actividades económicas.
“De sancionarse este dictamen, estas plataformas dispondrán del puente de plata legal para transformar sus relatos ideológicos en denuncias penales reales con poder de clausura preventiva, embargos y privación de libertad”, afirmaron.
Por todo ello, Copal y CAA solicitaron formalmente que la iniciativa no sea tratada en el recinto. En cambio, propusieron devolver el expediente a comisión para abrir una discusión técnica más amplia.
Las entidades reclamaron “un debate riguroso, interdisciplinario y con base científica que permita conciliar la protección ambiental con la seguridad jurídica y la continuidad de las actividades productivas”.
Aunque Bullrich confirmó que los senadores de LLA retiraron su respaldo y aseguró que el proyecto no prosperará en su versión actual, las principales cadenas agroindustriales del país decidieron redoblar la presión para evitar que la iniciativa vuelva a tomar impulso en el Congreso bajo una redacción similar.
