QUITO.– La muerte de la activista polaca Monika Silva Koniuszek en Ecuador, inicialmente presentada por el gobierno ecuatoriano como un presunto suicidio, derivó en un caso que combina pericias forenses contradictorias, denuncias de corrupción y posibles vínculos con estructuras de poder político y económico en el país sudamericano.
Silva, de 41 años, fue hallada sin vida el 8 de junio en su domicilio en Montañita, un balneario de la provincia costera de Santa Elena. Madre soltera de dos niñas de cuatro y nueve años, su cuerpo fue encontrado en el suelo con una soga alrededor del cuello. Un día después, el ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que la hipótesis inicial era el suicidio y aseguró que en la escena se habían hallado “las pruebas necesarias para sostener esa conclusión”.
Sin embargo, esa versión oficial comenzó a desmoronarse con el avance de las pericias. Una autopsia realizada en Guayaquil determinó que la causa de muerte fue un golpe en la cabeza seguido de estrangulamiento, lo que configuraría una muerte violenta.
“Según los informes forenses, estamos seguros de que se trató de una muerte violenta, por lo tanto, la supuesta sugerencia de que fue un suicidio se desmorona”, sostuvo la abogada Lita Martínez, directora del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de las Mujeres.
El giro en las conclusiones forenses intensificó las sospechas de allegados y organizaciones, que desde un primer momento vincularon el caso con la actividad de la víctima. Durante más de una década, Silva había denunciado en redes sociales y junto a periodistas locales presuntos hechos de corrupción, delitos ambientales y redes de tráfico de tierras en la región. También integraba la Fundación La Integridad, dedicada a investigar irregularidades en contratos públicos y conflictos territoriales.
Según sus colegas, en los meses previos a su muerte había comenzado a indagar sobre Noboa Trading, el conglomerado frutícola perteneciente a la familia del presidente Daniel Noboa. En particular, investigaba denuncias sobre la incautación de cargamentos de cocaína en contenedores de bananas vinculados a esa empresa, así como supuestos obstáculos de funcionarios judiciales para avanzar en esas causas.
Poco antes de morir, la activista habría entregado un dossier con esas denuncias a la embajada de Estados Unidos en Quito, de acuerdo con testimonios de su entorno. Paralelamente, también investigaba una presunta red de tráfico de tierras en Santa Elena en la que, según sus denuncias, estarían involucradas figuras con conexiones políticas.
El contexto de amenazas refuerza las hipótesis de un crimen. Amigos y colegas aseguran que Silva Koniuszek era objeto de acoso judicial y había recibido advertencias explícitas de muerte, presuntamente vinculadas a las mismas redes criminales que asesinaron en noviembre de 2025 al periodista local Robinson del Pezo. “Dijo que los cárteles habían puesto precio a su cabeza”, afirmó su amiga Joanna Cuper a medios polacos, al tiempo que señaló que la activista creía estar siendo vigilada.
Beth Pitts, escritora británica y activista que trabajó con ella, la describió como “la persona más valiente” que conoció y destacó que “a menudo era una voz solitaria que denunciaba pública y enérgicamente la corrupción cuando otros tenían miedo”. También recordó que, pese a las amenazas, mantenía su compromiso con las denuncias y con su entorno personal.
El caso tuvo repercusión internacional, especialmente en Polonia, país natal de la víctima, donde los primeros reportes replicaron la hipótesis de suicidio. La fiscalía polaca solicitó posteriormente asistencia judicial a Ecuador y manifestó su interés en participar activamente en la investigación. Por otro lado, la embajada polaca —con sede en Perú— reclamó una pesquisa “rápida, exhaustiva, independiente y transparente” y subrayó la necesidad de proteger a defensores de derechos humanos y periodistas.
En la misma línea, la delegación de la Unión Europea en Ecuador pidió garantías de independencia en la investigación. Frente a la presión internacional y las dudas sobre el proceso, el Gobierno ecuatoriano solicitó cooperación a Argentina y Polonia para incorporar peritos forenses independientes. La Corte Suprema argentina aceptó enviar dos especialistas que actuarán como veedores técnicos.
La muerte de Silva Koniuszek también generó una fuerte reacción local. En Montañita, vecinos y organizaciones sociales levantaron un santuario en su memoria, con flores, fotografías y velas encendidas durante varios días. Artistas urbanos pintaron murales en su honor y una calle fue rebautizada con su nombre.
Agencia AFP
