LA PAZ.– Después de más de seis semanas de un país paralizado por los bloqueos, el presidente boliviano, el conservador Rodrigo Paz, decretó finalmente este sábado el estado de excepción y ordenó el envío de policías y militares a despejar las barricadas de los manifestantes antigubernamentales.
Desde principios de mayo, una amplia coalición de sindicatos, grupos indígenas y cultivadores de coca han llevado a cabo manifestaciones y bloqueos de rutas, muchos de ellos impulsados por el expresidente Evo Morales (2006-2019), que vive en la región del Chapare, prófugo de la justicia.
Las principales ciudades del país, principalmente La Paz y su vecina El Alto, sufrieron así una grave escasez de combustible, alimentos y medicamentos, y la economía ha perdido miles de millones de dólares debido a estas protestas que el primer presidente no socialista en dos décadas calificó el sábado de “intento de golpe de Estado” del “narcoterrorismo”.
Paz dio un discurso nocturno en la televisión estatal para advertir a los manifestantes que se enfrentarían “todo el peso de la ley”, en un intento de poner fin a los disturbios generalizados y a la peor crisis económica de Bolivia en cuatro décadas.
El estado de emergencia de 90 días restringe el derecho a manifestar y permite a Paz desplegar al ejército.
A primera hora del sábado, en la ciudad de El Alto la policía antimotines y las excavadoras intervinieron para despejar una barricada de piedras, troncos y escombros.
Algunos residentes aplaudieron a los escuadrones de agentes armados que llegaron a bordo de camionetas.
Pero esto ya ocurrió en otras oportunidades y al poco tiempo los manifestantes vuelven a bloquear las vías. Resta ver qué sucederá en esta ocasión.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, dijo que despejar las rutas llevará al menos dos días.
Carla Butrón, comerciante de 39 años, observaba contenta el despliegue de los uniformados.
“Siento mucha felicidad, mucha felicidad, mucha paz como alteña, porque todos estos casi cincuenta días que han pasado, ha sido todo coartado aquí en el Alto, tanto el trabajo, la libre circulación”, dijo.
Dos tanquetas militares se sumaron al convoy policial para avanzar en una ruta que conecta con el sur del país y el norte chileno e ir limpiando escombros, piedras y troncos dejados por los manifestantes.
En La Paz, un puñado de policías militares y personal de la Armada custodiaban el palacio presidencial, mientras que unidades de la policía se encontraban apostadas en varios puntos de la ciudad.
No más “rehenes”
“Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares”, declaró Paz más tarde en una publicación en las redes sociales.
“Este estado de emergencia no pretende quitar la normalidad, sino devolverla”, señaló.
Los manifestantes reclaman que Paz deje de lado las reformas económicas liberales, presente su renuncia y convoque a nuevas elecciones.
El mandatario, de 58 años, llegó a un acuerdo el viernes en la noche con uno de los principales sindicatos del país, la Central de Trabajadores de Bolivia, para poner fin a la crisis con la promesa de no privatizar las empresas estatales y mantener nuevas conversaciones.
Pero quedaron fuera del acuerdo dos gremios radicales que mantienen el control de varias carreteras: el sindicato agrario Túpac Katari que mantiene bloqueados los ingresos a La Paz y cocaleros afines al expresidente Morales, que controlan la ruta al oriente y cuyo pedido excluyente es la salida de Paz.
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, apuntó sus críticas directamente contra el expresidente, prófugo en la región del Chapare.
“La manzana podrida tiene que salir del Chapare para que los chapareños vuelvan a la normalidad”, dijo.
Bloqueos en marcha
Este sábado algunos grupos indígenas mantenían aún las protestas con más de 30 bloqueos en las principales carreteras del país. El Poder Ejecutivo espera que exista un descenso gradual de cortes de rutas.
“Quieren intimidarnos con este estado de excepción, Vamos a continuar con la lucha”, sostuvo el dirigente cocalero Severo Marca desde el Chapare. Las fuerzas del orden todavía no avanzaban hacia los puntos más conflictivos donde se han registrado violentos choques en días pasados.
“Queremos que se vaya. No queremos que sea él quien gobierne”, declaró también Lidia Callisaya, una líder aimara de 42 años.
Paz acusa a los “narcoterroristas” de estar detrás de las protestas e incluye entre ellos al expresidente Morales.
El exmandatario, líder indígena y de los cultivadores de coca, vive desde hace dos años en la clandestinidad, acusado de presunto tráfico de menores, cargo que él niega.
Su lugar de refugio es en Lauca Ñ, en la región del Chapare, en el centro de Bolivia, donde cuenta con la protección de miles de simpatizantes indígenas armados con palos. Aunque la localización del expresidente es ampliamente conocida, la policía aún no ha ejecutado la orden de detención expedida por la Justicia, para evitar un choque violento con sus simpatizantes.
Morales sostiene que es la población boliviana la que se se está rebelando contra un gobierno conservador que es “totalmente sumiso” a Estados Unidos.
Este sábado el gobierno advirtió nuevamente que aplicará la ley contra Morales.
“Con Evo Morales, la ley, con el narcoterrorismo, la ley. Ya haremos las operaciones que sean necesarias en el momento debido”, afirmó el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, entrevistado por el canal Unitel.
Agencias AFP y AP
