Los evidentes y cada vez más generalizados problemas que enfrentan individuos y familias para cumplir con el pago de los créditos tomados están llevando a un número creciente de entidades y jurisdicciones a lanzar propuestas destinadas a facilitar la refinanciación de esas deudas.
Al plan presentado a fines de abril por el Gobierno de Santa Fe —que anunció un Plan de Protección de los Ingresos para aliviar la carga financiera de trabajadores y jubilados cuyos haberes se ven afectados por descuentos derivados de créditos— se suman ahora dos entidades públicas: los bancos Nación y Ciudad.
El mayor banco del sistema financiero local lanzó un préstamo personal de unificación de deudas dirigido a clientes con cuotas vencidas e impagas dentro de la entidad que se encuentren en situación crediticia 1 o 2. Con esta iniciativa busca evitar el pasaje a mora y mejorar la capacidad de pago de esos deudores.
La propuesta del Nación contempla el financiamiento de hasta el 100% de la deuda consolidada, con un límite de $100 millones, a un plazo de hasta 120 meses (10 años). El crédito puede tomarse a una tasa de 10% más UVA o con un punto porcentual adicional si se opta por la cobertura CER-CVS.
A su vez, la Legislatura porteña aprobó un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, que inicialmente será instrumentado a través del Banco Ciudad y apunta a atender el mismo problema. El proyecto, también destinado a deudores en situación crediticia 2 o 3 —es decir, con atrasos en los pagos de entre 30 días y seis meses—, establece para la entidad una tasa nominal anual (TNA) máxima del 35% y un plazo mínimo de devolución de 24 meses.
El texto aprobado prevé la creación de una línea especial destinada a facilitar la refinanciación y cancelación de deudas de consumo de residentes de la Ciudad de Buenos Aires que se encuentren en situación de vulnerabilidad financiera.
La iniciativa establece que podrán acceder al programa quienes registren deudas originadas en tarjetas de crédito o préstamos personales otorgados por entidades financieras. También exige que los ingresos mensuales del grupo familiar sean inferiores a diez salarios mínimos, vitales y móviles; que los compromisos mensuales derivados de las deudas alcanzadas representen más del 30% de los ingresos del hogar; y que el beneficiario cuente con domicilio real en la Ciudad con una antigüedad mínima de dos años.
Además, prevé una serie de exclusiones. No podrán acceder quienes sean titulares de más de un inmueble; propietarios de vehículos con menos de cinco años de antigüedad —salvo que estén destinados a una actividad laboral debidamente acreditada—; titulares de embarcaciones, aeronaves o bienes suntuarios; ni quienes posean activos financieros que excedan el monto total de la deuda reclamada. También quedarán excluidas las personas que hayan adquirido divisas durante el período en el que se generaron los compromisos cuyo refinanciamiento se solicita.
