El fiscal Franco Picardi citó hoy a declarar como testigos a dos funcionarios de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en el marco del expediente que investiga el funcionamiento del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). El fiscal venía reclamando información al Ministerio de Economía y al organismo recaudador, pero nunca quedó conforme con las respuestas. “Los funcionarios que suscribieron las respuestas se encuentran en mejores condiciones de explicar el alcance técnico de la información proporcionada”, justificó al pedir su declaración.
Los funcionarios citados son Carlos Alberto José Rodríguez (Subdirector General de la Dirección de Programas y Normas de Procedimientos Aduaneros) y María Carolina Caironi Corral (Subdirectora General de la Subdirección General Técnico Legal Aduanera de ARCA).
Picardi había reclamando la nómina de los funcionarios que intervinieron en los procesos de aprobación del SIRA a lo largo de 2023, especialmente aquellos vinculados a tres sociedades que aparecen mencionados en los chats encontrados en el teléfono de Martín Migueles, ex socio de Elías Piccirillo. Se trata de Nemes S.H. de Fuentes N. y Mazzarini C., Técnicas Ferroviarias Argentinas S.A. y Fizika S.R.L.
Según consta en el expediente, ARCA informó, en dos oportunidades, que la operatoria del sistema SIRA era de carácter “sistémico”, precisando que en el seno de la ex AFIP no existían usuarios habilitados para operar el sistema y que la totalidad de las interacciones se realizaban mediante procedimientos informáticos automatizados.
El fiscal no quedó conforme y ahora directamente citó a dos funcionarios del organismo para que aporten más datos.
Además, para avanzar en el tramo del expediente que investiga el rulo financiero, Picardi le pidió al juez Ariel Lijo que levante el secreto fiscal y bancario del banquero Juan Napoli, presidente de Napoli Inversiones. Un sumario del Banco Central identificó a esa firma como una de las estaciones que utilizó la agencia “Fast Cambio” para realizar un “rulo” sin efectivo.
Ese rulo, en vez de financiarse con billetes físicos sin trazabilidad bancaria, utilizaba dólares adquiridos a valor oficial para comprar bonos. Estos mismos bonos luego se vendían a una cotización del dólar más alta (dólar MEP). Entonces, la ganancia era el resultado de la brecha entre el dólar oficial y el MEP.
Napoli fue candidato a senador nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires en 2023. Durante la campaña ganó notoriedad cuando organizó un almuerzo en Mar del Plata entre Milei y empresarios, justo después del batacazo de las PASO. En ese momento, se presentaba como un de los principales asesores del entonces candidato a presidente.
Picardi también reclamó la misma medida para José María Napoli, Marisol Aquino Laprida (vinculada a Creden Agencia de Cambio y Turismo S.A.S), y Juan Ignacio Agra, uno de los protagonistas clave de la trama del dólar blue.
Agra tenía contacto con todos los financistas investigados y era una suerte de nexo con la política, o al menos eso trasmitía. Además, estuvo detrás de Mega Latina, una casa de cambio que vendió US$466 millones entre enero de 2022 y agosto de 2023.
“El levantamiento de los secretos respecto de las personas mencionadas resulta indispensable para verificar la eventual existencia de operaciones relacionadas con los hechos objeto de pesquisa, determinar el grado de intervención de cada una de ellas y establecer posibles conexiones patrimoniales, financieras y societarias de interés para la investigación”, planteó Picardi en un dictamen al que tuvo acceso LA NACION a través de fuentes judiciales.
El fiscal también citó a declarar a dos personas cercana a Elías Piccirillo y Martín Migueles que podrían aportar datos sobre el movimiento de dinero en efectivo. Se trata de Sergio Daniel Speroni, que estaba autorizado a conducir uno de los autos de Piccirillo, y Mario Marcelo Leguizamón, alias “Pan Dulce”, quien, de acuerdo con la información reunida en la causa habría efectuado traslados de dinero por pedido de Migueles.
Otra persona convocada a declarar como testigo es Rocio Belén Avila, quien trabajaba en la agencia de cambios Arg Exchange SA, donde Piccirillo y Migueles era socios. Según surge de la pericia del teléfono de este último, esa mujer le reportaba diariamente las operaciones de varias agencias de cambio que estarían vinculadas entre sí.
Un sumario del BCRA sobre Arg Exchange revela que en 2023, en pleno auge del cepo, vendió US$250 millones a otras entidades que no justificaron el origen de los fondos. Piccirillo tenía el 90 por ciento de las acciones de esa casa de cambio. Y como presidente estaba Migueles.
Otras dos personas que aparecieron en los chats de Migueles son Patricio Guido Marre, alias “Pato”, y Héctor Ezequiel Caputto, dos de los supuestos intermediarios para llegar a los funcionarios que tenían injerencia en el SIRA. El fiscal ya había pedido analizar sus llamadas y ahora reclamó el levantamiento del secreto fiscal y bancario. Esa medida depende del juez Ariel Lijo, que participó esta semana de un encuentro del GAFI en París junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
