ESTRASBURGO (AFP). Los legisladores europeos dieron este miércoles su visto bueno definitivo para implementar normas migratorias más estrictas. Estas nuevas reglas otorgarán a las autoridades poderes de detención mucho más amplios y también permitirán la creación de centros de deportación fuera del bloque.
El voto tuvo lugar en un contexto de endurecimiento de la política migratoria de los gobiernos europeos ante los cambios al respecto en la opinión pública, que impulsaron los avances electorales de la derecha en todo el continente.
La votación realizada en la cámara de Estrasburgo, con un resultado de 418 a favor y 218 en contra, era uno de los últimos obstáculos para una reforma que avanzó sin dificultades a través del largo proceso legislativo de la Unión Europea (UE).
La medida fue recibida con euforia por distintos parlamentarios de derecha y extrema derecha, y con gritos de “vergüenza” por parte de la izquierda presente en la asamblea, lo que refleja las profundas divisiones en torno a un texto que fue duramente criticado por organizaciones de derechos humanos.
“Este reglamento deja claro que somos nosotros, y no los traficantes, quienes decidimos quién puede quedarse en la Unión Europea y quién debe marcharse”, declaró Magnus Brunner, comisario europeo de Migración.
El texto permite, en particular, que los países abran “centros de retorno” fuera de las fronteras de la UE, a los que podría enviarse a los migrantes sin derecho a permanecer en el bloque. Países como Dinamarca, Austria, Grecia, Alemania y Países Bajos, entre otros, ya estuvieron explorando posibilidades para establecer estos sitios.
“Nuestro objetivo es concluir los primeros acuerdos para la creación de estas estructuras en 2026, de modo que puedan estar operativas en 2027”, afirmó el domingo el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis.
Además de los centros de deportación, las nuevas medidas establecieron una “estricta obligación” a los migrantes sujetos a expulsión para que abandonen el territorio y cooperen con las autoridades cuando eso les sea solicitado. Quienes no lo hagan, representen un riesgo para la seguridad o sean considerados como con “peligro de fuga”, podrán ser detenidos por hasta dos años.
Con las nuevas normas, las autoridades podrán registrar a ciudadanos nativos de otros países, sus viviendas u otros “lugares pertinentes”, y confiscar pertenencias personales para garantizar la expulsión de migrantes en situación irregular.
Quejas y polémica
Estas disposiciones provocaron la indignación de organizaciones de derechos humanos y de políticos de izquierda. Maria Nyman —miembro de la organización oficial de la Iglesia Católica Cáritas— advirtió que la medida corre el riesgo de “estigmatizar y criminalizar a los migrantes y alimentar la polarización» en un contexto en que la sociedad “necesita urgentemente mayor cohesión”.
Alessandro Zan, del socialdemócrata Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D), calificó la reforma como “un capítulo oscuro para Europa”. “Abre la puerta a deportaciones forzosas, controles cada vez más invasivos al estilo del ICE de la era Trump, y a la normalización de la detención incluso de personas que no han cometido ningún delito”, afirmó, en referencia a las prácticas de la agencia estadounidense de Inmigración y Aduanas bajo la presidencia de Donald Trump.
Los defensores de la medida sostuvieron que los centros de retorno —que funcionarían como destino final o como centros de tránsito para deportados— podrían facilitar las repatriaciones y actuar como elemento disuasorio para potenciales “migrantes irregulares”.
Sin embargo, los críticos cuestionaron la eficacia de la norma y señalaron los obstáculos que enfrentaron proyectos similares: los compararon con “agujeros negros legales” que podrían dejar a los migrantes atrapados en un limbo con escasa supervisión. Para entrar en vigor, la ley necesita obtener el visto bueno formal de los Estados miembros, que ya la respaldaron de forma provisional.
