El juez federal Germán Andrés Castelli, uno de los que participa del juicio a Cristina Kirchner por los Cuadernos de las Coimas, le envió una carta al presidente Javier Milei para que frene los concursos para reemplazarlo en el Tribunal Oral Federal N°7 ya que se trata de un juez trasladado por decreto durante la gestión de Cambiemos.
Castelli dijo que se trata de un “ataque a la estabilidad como garantía del principio de independencia en la magistratura” y le reprochó que se aplica una doble vara para considerar su caso y el del juez de la Casación Carlos Mahiques, trasladado como él, y a quien se le dio recientemente un nuevo acuerdo en el Senado. Carlos Mahiques es padre del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques.
En una carta de ocho carillas, el juez Castelli pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que su caso sea considerado y el Estado argentino comenzó un proceso de solución amistosa, que luego fue dejado de lado.
El trasfondo es una disputa que ya lleva seis años sobre la validez constitucional de los traslados de jueces y la aplicación de un fallo de la Corte Suprema que ordenó que todos esos cargos sean concursados. Aunque en la práctica solo se hicieron concursos para reemplazar a Castelli y a los jueces de la estratégica Cámara Federal Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
La Corte dijo en 2022 que los jueces trasladados de un tribunal a otro sin concurso, propuesta del Poder Ejecutivo y acuerdo del Senado, ocupaban sus cargos de manera transitoria, con inamovilidad limitada.
Además, el máximo tribunal mandó a hacer nuevos concursos para cubrir en forma definitiva los cargos que esos magistrados ocupaban de manera provisional. Sin embargo, lo que siguió fue lo que Castelli describe en su carta como una historia de manipulación, presión política y doble estándar.
Castelli le dijo a Milei que su caso difiere del tratamiento que el Gobierno le dio al juez Mahiques, padre del ministro de Justicia.
Milei no solo no impulsó un nuevo concurso para su cargo, sino que, el mes pasado, lo nominó formalmente para un nuevo período de cinco años como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal. El Senado aprobó ese nombramiento el 14 de mayo de 2026 por 58 votos a favor y 11 en contra.
Señala Castelli que esa lógica debería aplicársele a él. “El criterio que usted [por Milei] adoptó en 2026 en representación del Poder Ejecutivo, junto al Senado, en el caso del traslado Mahiques, es idéntico a la postura asumida por ese Poder Ejecutivo en 2024 al aceptar el procedimiento de solución amistosa ante la CIDH”, escribió el magistrado.
Y marcó la paradoja de que el Gobierno canceló ese acuerdo amistoso 20 días antes de que comenzara el juicio oral en la causa Cuadernos contra Cristina Kirchner.
La carta también denuncia lo que Castelli califica de una actuación contradictoria del Consejo de la Magistratura, que nunca impulsó los concursos para reemplazar a los jueces trasladados.
Y que ahora solo lo hizo en el caso de los jueces Bruglia, Bertuzzi y él mismo.
Castelli le pidió a Milei dos asuntos: que aplique de manera igualitaria el criterio adoptado en el caso Mahiques a todos los jueces trasladados en 2018, incluidos él, Bruglia y Bertuzzi, y que retome la solución amistosa ante la CIDH.
