MENDOZA.- La vitivinicultura, industria madre de esta provincia, vive momentos de tensión, sobre todo internos, en medio de una crisis de alcance global. Por eso, en la puja entre diferentes sectores, la novedad judicial sobre la continuidad de los aportes obligatorios para que siga funcionando la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) no deja de dividir las aguas. Para recordar, en mayo pasado el gobierno nacional decidió dar por vencido el Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI), ordenó su cierre y que cesen las contribuciones que hacía el sector vitivinícola y que permitían el financiamiento de ese programa y de la Coviar.
Bajo este escenario, la entidad, creada por ley, según dicen respira más aliviada tras el éxito del amparo que presentó y promete más acciones de posicionamiento de la bebida nacional, mientras que otras entidades, como el propio Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y Bodegas de Argentina (BA), consideran que el organismo ya cumplió su ciclo sin grandes aciertos, lo que había motivado al gobierno nacional a avanzar con el fin de su existencia, a través de una resolución que ahora fue frenada.
Así las cosas, el revés judicial que favoreció a la Coviar no solo genera expectativas positivas entre quienes la integran, que además consideran que la Justicia dictaminará la cuestión de fondo en el mismo sentido, sino que impulsa a debatir de fondo la dura realidad del sector, con un llamado a la Casa Rosada para sentarse a discutir la necesidad de cambios estructurales que potencien la producción y el negocio argentino.
“Hace falta la charla con el gobierno nacional, fundamentalmente, un debate de fondo, porque la crisis es muy importante, en función de las pocas ventas que existen dado el bajo poder adquisitivo de las personas y el cambio en el hábito de consumo, que se replica en todo el mundo, aunque de a poco esto se viene revirtiendo”, expresó a LA NACION Fabián Ruggeri, presidente de Coviar, también a cargo de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi), focalizando también en los altos costos para producir.
Agregó: “Esperamos que en la Argentina haya realmente un cambio en el poder adquisitivo y que repercuta en la micro, como promete el presidente. Apostamos también al gobierno provincial para que acompañe en la búsqueda de soluciones a nivel nacional”.
Asimismo, Ruggeri celebró la medida judicial y está convencido de que los tribunales se mantendrán en esa línea. “Desde que presentamos el amparo, seguimos trabajando de igual manera y esto nos viene a dar tranquilidad para continuar en la misma tónica, al poder contar con los fondos necesarios. Nos permitirá retomar todo lo que venimos haciendo por la industria. Ahora, estamos muy esperanzados de que la Justicia nos dé la razón de fondo”, sostuvo el titular de Coviar.
Más allá de esta decisión y a la espera de la determinación final, luego de que la Justicia federal aceptara el amparo y frenara la resolución 55/2026, poniendo en valor la creación de la entidad por la ley nacional 25.849, que la faculta para gestionar y coordinar el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI), crecen las voces para analizar los problemas reales que enfrenta la industria.
Así, pese a los rechazos a la actuación de Coviar a lo largo de los años, fuentes del sector consultadas por este medio coincidieron en la importancia de deliberar en profundidad cómo hacerle frente a la crisis que padece la industria en el plano local e internacional. “A pesar de las diferencias, siempre estamos abiertos a discutir lo mejor para Mendoza y para la vitivinicultura del país”, expresó un dirigente bodeguero, con peso en BA.
En el medio de las tensiones, aparecen voces que buscan recomponer la situación y dejar atrás las divisiones. “Hay que dejar de tomar decisiones desde Buenos Aires y sentarse a dialogar sobre el terreno, escuchando a todos y no por conveniencias. Además de discutir y buscar salidas a lo que pasa con el consumo a nivel mundial y los tipos de vinos, hay que rever varios puntos”, indicó un experto en la industria.
La fuente hace foco en la eliminación que hizo el Gobierno del Certificado de Ingreso de Uva (CIU), que “deja desamparado al sector que no tiene precios”; o el rechazo a discriminar entre vino y mosto, “que es clave para la formación de precios”, además de los problemas de costos para producir, “que triplican el valor que se paga por las uvas, como pasa con el Malbec; un litro cuesta $400, un valor ínfimo”.
También hay quienes esperan que toda la actividad se una para salir adelante, con un fuerte reclamo a las autoridades nacionales. “Realmente, se necesita institucionalidad para reequilibrar el sistema, más allá de las peleas políticas, para que los sectores productivos, incluso los más eficientes, puedan recomponerse. Ya se está haciendo en Europa y Estados Unidos, con una maquinaria de política agraria muy agresiva, con subsidios, promoción y financiamiento para mantener los stocks”, sostuvo otra fuente.
En tanto, las bodegas más importantes del país se mantienen expectantes de la situación del consumo a nivel internacional y la necesidad de adaptarse a los cambios. “Hay que acompañar el mercado y entender que somos una industria que también hace vino que el consumidor está pidiendo, si no dejamos de existir. Hay que ir acompañando los cambios sin resistencia y viendo la tendencia mundial, porque el consumo de vino no se va a perder, es milenario”, expresó Patricia Ortiz, presidenta de BA, sobre el presente del sector. “Hoy estamos cambiando la forma de comunicar. Estamos entendiendo frente al consumidor que cuanto más sofisticamos el consumo y el diálogo con el vino, perdemos consumidores”, completó.
