La regulación del lobby impulsada por Javier Milei encontró un freno casi unánime en Diputados. En la última reunión informativa de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, ninguno de los 26 expositores convocados respaldó el texto oficial. Por el contrario, organizaciones de la sociedad civil, entidades profesionales y cámaras empresarias coincidieron en cuestionar aspectos centrales de la iniciativa, desde la amplitud de las definiciones hasta las sanciones previstas.
El resultado dejó al oficialismo ante una situación incómoda: la ronda de consultas que debía servir para robustecer el proyecto terminó exhibiendo un rechazo transversal. Frente a ese escenario, La Libertad Avanza (LLA) optó por postergar el dictamen y abrir una instancia de negociación con bloques dialoguistas que ya trabajan en propuestas alternativas.
El presidente del plenario, Nicolás Mayoraz, cerró el encuentro de la semana pasada con la noción de que el proyecto por ahora no avanzará. Agradeció las exposiciones y aseguró que los legisladores “han tomado nota de todas las observaciones y aportes realizados”, que serán considerados para alcanzar un texto “que reúna el mayor consenso posible y atienda las objeciones planteadas”. También confirmó que las reuniones informativas continuarán este miércoles.
Uno de los principales cuestionamientos apuntó a la definición de “gestión de intereses”, considerada tan amplia que, según los expositores, podría abarcar desde la actividad de una cámara empresaria hasta el reclamo de una organización social.
Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, fue uno de los más duros: “Esto no es regular el lobby corporativo, esto es criminalizar la participación ciudadana”. Según planteó, referentes de causas humanitarias o asociaciones de víctimas como las Madres del Dolor podrían verse obligados a registrarse como lobistas para interactuar con funcionarios.
En la misma línea, Alejandra García, presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, sostuvo que la iniciativa implica una “criminalización del ejercicio constitucional de peticionar ante las autoridades”. Advirtió además que la combinación de requisitos de registración previa y sanciones penales podría convertir en potencialmente ilícitas conductas habituales de la participación democrática.
El rechazo empresarial
Las cámaras empresarias también reclamaron modificaciones sustanciales. Aunque respaldaron el objetivo de transparentar la relación entre el sector privado y el Estado, cuestionaron la viabilidad práctica de varios artículos.
Alejandro Díaz, CEO de AmCham, señaló que el proyecto debería distinguir entre la representación de intereses particulares y la representación colectiva que ejercen cámaras empresarias y asociaciones civiles. “Debería reconocerse la naturaleza colectiva de la representación”, planteó.
También pidió revisar la definición de “beneficiario final” y evitar que compañías con accionistas extranjeros sean consideradas automáticamente representantes de intereses externos.
La Unión Industrial Argentina (UIA) hizo observaciones similares. Agustina Briner sostuvo que la obligación de identificar beneficiarios finales puede resultar impracticable en algunos casos y afectar información sensible de las empresas.
A su vez, Ángeles Naveyra, presidenta de Fundación Barbechando, advirtió que una regulación “excesivamente amplia, ambigua o burocrática” podría terminar produciendo el efecto contrario al buscado.
Otro de los puntos más cuestionados fue la figura del “principal extranjero”, que obliga a registrarse como agentes de intereses externos a quienes reciban financiamiento o cooperación internacional.
Leandro Cahn, director ejecutivo de Fundación Huésped, afirmó que el proyecto “asocia de forma espuria la cooperación internacional con la representación de intereses extranjeros” e introduce una lógica de sospecha sobre organizaciones que trabajan en áreas como salud, derechos humanos o desarrollo social.
“Burocratizar, estigmatizar y criminalizar la cooperación internacional y el activismo es un grave error”, resumió.
Con ese diagnóstico prácticamente unánime, el oficialismo dejó en suspenso la firma del dictamen. Mientras tanto, bloques como la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Provincias Unidas y sectores de la UCR avanzan en la redacción de un texto alternativo que reduzca las sanciones penales, precise las definiciones más controvertidas, delimite excepciones para actividades como el periodismo y fortalezca la independencia de la autoridad de aplicación.
Si bien la discusión recién empieza, las reuniones informativas dejaron una señal difícil de ignorar: el Gobierno no encontró una sola voz dispuesta a defender su propuesta tal como fue enviada al Congreso.
