ESTOCOLMO.- El Parlamento sueco aprobó el lunes una ley que permite a las autoridades revocar los permisos de residencia de los inmigrantes por motivos de mala conducta, como tener deudas pendientes, realizar trabajos no declarados o mantener vínculos con organizaciones extremistas.
La ley, que se aplica a los permisos pendientes pero también con carácter retroactivo a los ya concedidos, forma parte de un endurecimiento general de las normas de inmigración por parte del Gobierno derechista y su partido de apoyo, los nacionalistas Demócratas de Suecia, de cara a las elecciones parlamentarias de septiembre.
La ley ha sido criticada por la oposición y los grupos de defensa de los derechos humanos por considerarla arbitraria, ya que las decisiones se tomarían en función de comportamientos que no se han considerado delictivos.
“La ley de buena conducta deja a las personas en la incertidumbre sobre qué acciones o expresiones pueden utilizarse en su contra”, afirmó en un comunicado el grupo Civil Rights Defenders, con sede en Estocolmo. “Socava el Estado de derecho y el principio de igualdad ante la ley”.
El Gobierno, que ganó las elecciones de 2022 con la promesa de reducir la inmigración y tomar medidas enérgicas contra la delincuencia, ha afirmado que las personas que se comportan mal o cometen delitos no son bienvenidas.
La ley no especifica qué tipos de comportamientos se consideran inaceptables, pero el gobierno ha mencionado el impago de deudas e impuestos, la delincuencia y los vínculos con organizaciones extremistas. La Agencia de Migración se encarga de revisar los permisos y las decisiones pueden ser recurridas ante un tribunal de migración.
“Cualquiera que no se esfuerce por hacer lo correcto no debería poder contar con quedarse”, declaró el ministro de Migración, Johan Forssell, cuando presentó el proyecto de ley en marzo.
El avance de la norma en Suecia se inscribe en un clima más amplio de endurecimiento migratorio en Europa. Apenas un día antes, Suiza rechazó en referéndum una iniciativa de la derecha nacionalista que buscaba limitar la población del país a 10 millones de habitantes para 2050, una propuesta que habría obligado a aplicar fuertes restricciones a la inmigración y que incluso podía poner en riesgo el acuerdo de libre circulación con la Unión Europea. La iniciativa fue derrotada por cerca del 55% de los votos, pero dejó en evidencia el peso creciente del debate migratorio en la agenda europea.
La presión política se replica en distintos países del continente, donde varios gobiernos avanzaron en los últimos años con reglas más duras para obtener residencia, ciudadanía o asilo, aceleraron mecanismos de deportación y reforzaron controles sobre los migrantes en situación irregular. En Suecia, el giro incluye además otras medidas recientes, como mayores exigencias para acceder a la ciudadanía y nuevas obligaciones para que algunos empleados públicos reporten a personas sin permiso de residencia.
Agencia Reuters
