Este martes, la Justicia de San Juan dará un paso decisivo para cerrar una causa que tuvo como protagonistas a un ex trabajador de la mina Veladero y a su esposa. Ambos acordaron reconocer su responsabilidad en los hechos y aceptaron una condena de tres años de prisión en suspenso, evitando así cumplir la pena en una unidad penitenciaria.
Todo comenzó cuando una empresa vinculada a la explotación de Veladero liquidó la indemnización correspondiente a un empleado que había finalizado su relación laboral después de más de una década de servicio. La operación debía concretarse una sola vez, pero una falla administrativa provocó que el mismo monto fuera acreditado nuevamente.
La duplicación del pago representó un desembolso superior a los 107 millones de pesos, una cifra que llamó rápidamente la atención de los controles internos de la compañía. Cuando los responsables detectaron la anomalía, iniciaron gestiones para recuperar el dinero depositado de más.
Las primeras conversaciones parecían encaminar una solución amistosa. Sin embargo, con el paso de los días la situación tomó otro rumbo. Según la investigación judicial, los fondos fueron movidos a otras cuentas y la posibilidad de una devolución voluntaria quedó descartada.
La fiscalía reunió documentación bancaria, registros informáticos y distintos elementos de prueba que permitieron reconstruir el destino del dinero. Los investigadores concluyeron que parte fundamental de la maniobra incluyó transferencias realizadas hacia una cuenta perteneciente a la esposa del ex empleado.
A medida que avanzaba la pesquisa, también surgió una discusión jurídica sobre qué provincia debía hacerse cargo del caso. Mientras una postura sostenía que el expediente debía tramitarse en San Luis, donde residían los acusados, otra entendía que la competencia correspondía a San Juan, lugar donde se produjo el perjuicio económico que dio origen a la denuncia.
Finalmente, la Justicia sanjuanina resolvió mantener la investigación en su jurisdicción, criterio que permitió consolidar todas las medidas probatorias realizadas durante el proceso.
Con el escenario judicial cada vez más comprometido, las partes optaron por una salida negociada. El acuerdo alcanzado entre la defensa y el Ministerio Público Fiscal contempla una pena de tres años de prisión condicional para ambos imputados.
La audiencia de homologación se realizará mediante videoconferencia debido a que el matrimonio reside actualmente en territorio puntano. Allí se fijarán además las obligaciones y restricciones que deberán cumplir para conservar el beneficio otorgado.
Con esta resolución, quedará cerrado un expediente que tuvo repercusión tanto en el ámbito judicial como en el sector minero provincial, donde el caso se convirtió en uno de los episodios más comentados de los últimos tiempos por el monto involucrado y las circunstancias que rodearon el error que originó la investigación.
