CÓRDOBA.- La pelea entre el gobierno nacional y los gobernadores por los recursos tiene múltiples capítulos que abarcan desde la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), al financiamiento de la obra pública pasando por la presión de la Casa Rosada para que las provincias reduzcan impuestos considerados distorsivos. El ministro Luis Caputo analiza convocar a los mandatarios provinciales para un nuevo acuerdo fiscal, contexto en el cual se debe discutir quién recauda y quién se encarga de las funciones del Estado. Este año hay seis impuestos menos que en 2025 -suman 150- pero el 85% de la recaudación total lo explican seis.
El último Vademécum Tributario elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) que dirige Nadín Argañaraz muestra que 82 de las 150 cargas tributarias relevadas son tasas municipales. Caputo insiste en que estos tributos pueden representar hasta 6% del precio de los productos y pone el foco especialmente en aquellas que no tienen una contraprestación directa.
En el debate público, gobernadores e intendentes apuntan que tienen restricciones para cambios tributarios porque Nación eliminó fondos especiales (por ejemplo, para el transporte y la educación) y tiene menos presencia en áreas como salud e infraestructura, por lo que ellos deben asumir algunas de esas funciones.
El impuesto en el que se concentra el gran tironeo entre Nación y provincias, Ingresos brutos, ocupa el cuarto puesto entre los que más recaudan. Aporta el 14,7% de la recaudación total. Hay provincias en las que esa carga alcanza hasta 80% de los recursos propios, por eso la dificultad para eliminarlo. En el pacto fiscal de 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, se fijó una ruta de reducción que se alteró a un año de iniciada por la crisis cambiaria y se frenó en 2019.
La tensión con los municipios transita carriles similares. La TISH, frecuentemente cuestionada por empresas, industrias y cámaras comerciales, representa por sí sola 2,6% de la recaudación consolidada, según los cálculos del Iaraf.
A las tradicionales tasas por servicios urbanos, habilitación comercial o alumbrado público aparecen otras cada vez más específicas: contribuciones ambientales, tasas vinculadas a la gestión de residuos, tributos por monitoreo y seguridad urbana, contribuciones por tránsito pesado, ecotasas, derechos sobre actividades turísticas, tasas aeroportuarias municipales, gravámenes asociados a plusvalías urbanísticas y contribuciones vinculadas a infraestructura.
El otro aspecto que genera fricción entre todos los niveles del Estado es cómo se reparte la recaudación. El año pasado, en la apertura del año legislativo, el presidente Javier Milei anunció: “Estamos trabajando en brindarle autonomía fiscal a las provincias en los impuestos que hoy recauda el Estado nacional en su nombre. De este modo, el Estado nacional establecerá un piso mínimo para cada impuesto, sustancialmente inferior al total actual, y luego las provincias podrán elevarlo a su criterio”. Después no volvió sobre esa agenda.
Unos meses después, el ministro de Desregulación, Federico Sturzzeneger, interpretó que el proyecto de coparticipación de los ATN impulsado por los gobernadores resolvía la discusión de cómo cambiar esa ley. Los constitucionalistas rechazaron esa mirada y ratificaron que se requiere una ley convenio.
