Es un caballo de Troya escondido en el interior del Estado, un daño autoinfligido por una falla sistémica capaz de erosionar por goteo las cuentas públicas durante años.
La Argentina enfrenta 339.085 demandas activas al interior de la administración central, el corazón mismo del Estado, según registros actualizados al mes pasado.
La cifra no incluye los reclamos frente a ARCA, Anses ni los pleitos internacionales, en cuyo caso se multiplicarían. Por caso, a septiembre pasado existían 294.308 juicios en trámite en los que la Anses fue notificada como parte.
El número de juicios contra el Estado fue obtenido por LA NACION de fuentes oficiales y cotejado con la respuesta a pedidos de acceso a la información pública.
Las demandas activas son pleitos que apuntan directamente al centro del funcionamiento de cada gobierno, no sólo por el volumen, gigantesco para cualquier país, sino también porque ni siquiera los encargados de defender a la Argentina en los tribunales tienen claro cuál será la factura final.
El dato más inquietante aparece cuando se intenta responder a la pregunta por el costo. La respuesta es que nadie lo sabe realmente, ni siquiera los mejores expertos del país o los funcionarios públicos que manejan el tema. Sucede que hay más de 183.000 expedientes sin una cifra cuantificada. Representan más de la mitad del universo de demandas registradas.
Aquellas de las que hay datos tienen montos difíciles de consolidar y en diferentes monedas. Existen en pesos ($479.494.736.524), dólares (US$5.324.674.723), euros (€2.498.705), libras esterlinas (£2.498.705) y hasta yenes (¥933.000.000).
En muchos casos, aún no se conoce el costo económico porque los pleitos avanzan primero sobre el reconocimiento del derecho y recién después se calcula la liquidación final. En otros, porque las actualizaciones por índices judiciales, sujetas a la voluntad de los magistrados en muchos casos, pulverizan cualquier referencia nominal previa.
El resultado es una especie de deuda flotante imposible de medir con exactitud. Una masa de litigios que puede crecer durante años dentro de los balances públicos.
El trabajo de LA NACION involucró documentos de la Procuración del Tesoro, el máximo órgano que reúne a los abogados del Estado y la principal defensa contra los embates judiciales. Está a cargo de Sebastián Amerio, un funcionario de confianza del asesor Santiago Caputo, que llegó a ese lugar en marzo pasado tras los cambios en el Ministerio de Justicia. La cartera responde ahora a Juan Bautista Mahíques, cercano a Karina Milei.
Javier Milei le ordenó a Amerio “blindar” la seguridad jurídica en el país. Es uno de los motivos por los que los abogados del Estado siguen muy de cerca el tema.
La Procuración no toma todos los juicios contra el Estado, sino que encabeza aquellos con trascendencia económica o institucional. Aunque define lineamientos en los demás casos, el trabajo queda en los departamentos legales de cada cartera.
LA NACION se contactó con el procurador para conocer de primera mano la interpretación oficial del problema. Amerio se mostró directamente involucrado en la cuestión. “Mientras coordinamos la defensa jurídica del Estado en toda la Administración Pública Nacional y atendemos los distintos frentes internacionales, la Procuración del Tesoro también asume la representación directa en los litigios más complejos y relevantes para el país”, sostuvo. “Para ello, contamos con equipos jurídicos de primer nivel, integrados por algunos de los mejores abogados del Estado. Actualmente, intervenimos de manera directa en más de 30 causas de máxima relevancia institucional y participamos en otras 150 como patrocinantes”, agregó.
Los reclamos por diferencias salariales concentran 145.360 expedientes: más del 40% de toda la litigiosidad registrada en el sistema (sin tener en cuenta los juicios contra Anses y ARCA). Le siguen cuotas omitidas de la SRT (7%), cobro de pesos (6%), multas (5%), daños y perjuicios (4%), ejecución fiscal (3%), retiros y pensiones (3%), ejecuciones de pagarés (3%), amparo por mora (3%), ejecución de tarjeta de crédito (3%), entre otros tópicos, como previsional, despidos o prestaciones médicas.
En total, hay 367.018 expedientes registrados, pero 27.933 fueron cerrados o están inactivos. En proceso hay 235.377 demandas. En ejecución, unas 70.219. Se suman 23.784 amparos, 7558 recursos, 6775 pedidos de concursos o quiebras y 6279 cautelares, según los detalles a los que accedió este medio.
El 56% de las demandas se tramita en la Ciudad de Buenos Aires. Le siguen Buenos Aires (11%), Córdoba (4%), Mendoza (3%) y Santa Fe (3%).
Entre las dependencias más demandadas están la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, el Banco Nación, el Ejército Argentino, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la Policía Federal Argentina, la Dirección Nacional de Migraciones y la Gendarmería. A esos se suman casos como el Ministerio de Economía, la Prefectura, el Servicio Penitenciario, la Fuerza Aérea o la Armada, entre muchos otros.
La mayor parte de este engranaje no está vinculada a grandes escándalos ni a casos extraordinarios, sino a conflictos repetitivos y masivos. Es curioso el hecho de que nada les genera a los abogados del Estado más trabajo que las demandas salariales de sus propios trabajadores.
Los pleitos contra el país incluyen desde amparos de salud y reclamos previsionales hasta conflictos por los sueldos que cobran las fuerzas de seguridad, disputas administrativas o litigios entre organismos públicos. También puede hallarse una enorme cantidad de reclamos por diferencias en las prestaciones médicas.
Gran parte de los litigios no surge de hechos aislados, sino de mecanismos administrativos, laborales y previsionales que generan conflictos en serie durante años. Es la definición de industria: las amenazas no son accidentes imprevisibles, sino el propio modo en que el sector público liquida salarios, actualiza haberes o administra coberturas de salud de sus propios trabajadores.
Ahí aparece uno de los aspectos más delicados del problema. Los expedientes pueden pasar años sin tener un monto definido. Pero eso no significa que carezcan de impacto económico. Por el contrario, a medida que transcurren los procesos judiciales, se acumulan intereses, actualizaciones, honorarios y liquidaciones que amplifican el costo.
“Hay millones en juicios contra el Estado”, afirmó a LA NACION Bernardo Saravia Frías, procurador del Tesoro durante la presidencia de Mauricio Macri. “Esa masa es enorme y debe ser controlada. El eje de una política de equilibrio fiscal no se puede centrar solamente en una reducción de personal estatal. Tiene que haber una estrategia general, que abarque a todos los ministerios, para reducir contingencias judiciales en el país y el exterior. Esa deuda no está calculada en la deuda pública y se paga con seguridad jurídica”, explicó.
Los juicios en la era Milei
El stock de juicios que enfrenta el Estado tampoco nació en un solo gobierno. Según los datos oficiales analizados para esta investigación, casi cuatro de cada cinco expedientes activos fueron iniciados antes de la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada.
El 78,5% del universo litigioso actual ya estaba en marcha en diciembre de 2023. Desde enero de 2024, se incorporaron 72.768 nuevas causas, equivalentes al 21,5% del stock vigente.
Los datos sobre el stock y el flujo, según calificó la Procuración del Tesoro, hablan de una “litigiosidad estructural muy elevada”, que se mantiene constante a través de las diferentes administraciones.
Policías y gendarmes enojados
Las fuerzas de seguridad aparecen como un núcleo explosivo del problema por volumen, repetición y persistencia en el tiempo. Hay cientos de expedientes vinculados con Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y organismos previsionales militares y policiales. Son demandas de empleados que reclaman por diferencias salariales, suplementos no incorporados al haber, actualizaciones, adicionales y deudas previsionales.
Esos números muestran otro problema estructural de la Argentina: integrantes de un eslabón tan delicado como las fuerzas de seguridad llegan a tribunales para reclamar por lo que creen que les corresponde.
Detrás de muchos expedientes aparece una larga cadena de conflictos vinculados con el dinero que se arrastra desde hace años y atraviesa gobiernos de distinto signo político. En otras palabras, el Estado no sólo debe enfrentar el costo operativo de sostener sus fuerzas de seguridad. También carga con el gasto judicial derivado de administrar de manera conflictiva los ingresos de quienes las integran.
“Los distintos gobiernos han intentado solucionar los déficits salariales abonando pagos no remunerativos. Son prácticamente en negro, que no tributan su cuota parte a la caja de retiro y a la obra social. No solo desfinancian la obra social y la caja de retiro; es contrario a la ley y, lamentablemente, también perjudica a los uniformados”, dijo a LA NACION un comisario retirado de la Policía Federal Argentina que pidió mantener su nombre en reserva. “Por ejemplo, el medio aguinaldo se hacía de acuerdo al sueldo básico, sin contar el ingreso no remunerativo. Hace más de 20 años, un abogado interpretó que esto violaba la ley y comenzaron las demandas que llegaron hasta la Corte con sentencia a favor de los integrantes de las fuerzas”, contó.
Amparos por medicamentos
Otro de los focos sensibles aparece en el sistema de salud. Según los casos analizados por este medio, se multiplican expedientes vinculados con amparos, prestaciones y cobertura de medicamentos de altísimo costo. Entre los documentos relevados figuran, por ejemplo, pedidos vinculados con medicamentos como Eculizumab, Edaravone o Polatuzumab Vedotina, utilizados para enfermedades graves y tratamientos de complejidad.
La enorme cantidad de juicios contra el Estado muestra otro rasgo sorprendente del sistema argentino: organismos públicos enfrentados entre sí. Aunque la mayoría de los expedientes no tiene monto determinado, algunos casos permiten dimensionar el volumen económico del problema.
Entre las demandas relevadas aparece un litigio de la provincia de Chubut contra el Estado Nacional por más de $10.500 millones. También figuran causas por unos $1523 millones vinculadas con la UIF, otros $1400 millones relacionados con Corredores Viales y reclamos contra empresas ferroviarias estatales por cerca de $886 millones.
Incluso las causas más grandes parecen representar sólo la parte visible del problema. La mayor incógnita sigue estando en las miles de demandas que todavía no tienen valuación económica definitiva, que representan un problema presupuestario.
Como buena parte de esos expedientes permanece abierta durante años sin un monto definitivo, no está clara qué previsión contable debería hacer cada ministro de Economía para pagarlos. Eso introduce un elemento de incertidumbre permanente sobre el gasto público. Especialmente en causas donde los intereses, actualizaciones y honorarios terminan multiplicando el reclamo original.
Demandas internacionales
En el frente internacional, no incluido en el conteo de este trabajo, que se concentró en los pleitos locales, el principal peligro para las arcas era el juicio por la expropiación de YPF por más de US$16.000 millones, que el Estado argentino ganó en segunda instancia en Nueva York y que tiene pocas probabilidades de ser tomado por la Corte Suprema de EE.UU. Se estima que los demandantes, representados por Burford, irán al Ciadi, el organismo del Banco Mundial que resuelve en esta clase de demandas.
La Procuración sigue de cerca el avance del litigio por el Cupón PBI en Londres, una sentencia por 1330 millones de euros (se actualiza por tasa Euribor) donde el Estado ya tuvo una sentencia desfavorable luego de haber puesto 30 millones de euros en garantía.
Avanzaron en el Senado además acuerdos por US$67 millones para pagarle a Bainbridge y por US$104 millones para Attestor (con una reducción de la deuda de más del 30%) para cerrar los litigios que quedan todavía con bonistas por el default de 2001.
¿Por qué la Argentina es una máquina de fabricar juicios contra el Estado? Aparecen razones que se superponen para potenciar el modelo.
En primer lugar, el propio sistema tiende a favorecer los pleitos. Aquí se puede demandar por lo que sea sin ninguna consecuencia, explican los expertos. Incluso con sospechas poco fundadas. En paralelo, el Estado genera políticas públicas, más allá de los gobiernos, que luego son difíciles de cumplir o sostener en el tiempo. Por ejemplo, aumentar exponencialmente el universo de jubilados sin que resulte claro de dónde saldrán los recursos para pagarles.
“El Estado es muy incumplidor con sus empleados y sus proveedores. Por eso, hay mucha litigiosidad”, confirmó un abogado que entabló varias demandas contra el Estado. “Pero cobrar es muy difícil, salvo que tengas a mano algún operador que acelere el crédito”, explicó.
Para iniciar una demanda, se debe primero haber agotado la vía administrativa; recién ahí se habilita la puerta judicial. Cuando se consigue una sentencia, hay que lograr luego que se incluya como crédito en el presupuesto del organismo al que se denuncia y después, en el presupuesto nacional. “Y lo último es ver cómo te pagan”, aclaró el abogado. Sólo los vínculos políticos aceleran los tiempos.
“El Estado nacional es el peor empleador del país, el que tiene más gente empleada y el que más incumple la legislación laboral”, afirmó otro letrado que trabaja haciendo juicios al Estado. Y citó tres claves: la primera, lo dicho, el Estado incumple la legislación laboral, muchas veces por negligencia, muchas veces “a propósito”; la segunda, el incumplimiento laboral casi siempre es general, por lo que “abarca a mucha gente y la litigación es masiva, lo que estandariza los procesos y se facilita la gestión legal”.
Y la tercera es la más importante, según explicó: “Es más barato pagar los juicios que solucionar los problemas”. Luego aclaró que el fuero Contencioso Administrativo Federal admite una tasa que “licúa” el 80% del crédito laboral. Cuando el empleado gana el juicio y lo cobra, luego de una década de litigio, el capital más la tasa pasiva del BCRA logra que se cobre una suma que mantiene solo un 22% la capacidad de compra. Así, “el Estado se financia a sí mismo con los juicios”.
Según dijo, esto es una práctica normal, ya que el problema laboral que se genera hoy requiere de voluntad política y dinero que no hay. “El Estado deniega todos los reclamos [administrativos] y los manda a juicio para que lo pague el próximo turno en el poder”, cerró.
Algunos funcionarios de Santiago Caputo, con Amerio a la cabeza, se involucraron en el tema cuando tallaban fuerte en el Ministerio de Justicia. Se redactó el borrador de un proyecto para evitar que lleguen a la Corte Suprema tantos casos. El máximo tribunal se enfrenta a casi 60.000 por año.
Con los matices que existen sobre cómo funciona la jurisprudencia, la Corte de Estados Unidos recibe, en cambio, entre 4000 y 8000 por año.
El tema ahora está en manos de la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal.
“En apenas dos años logramos lo que en la Argentina parecía una misión imposible: coordinar de manera estratégica los servicios jurídicos del Estado bajo una misma dirección. Hoy, desde la Procuración del Tesoro, la Secretaría Legal y Técnica y las demás áreas legales del Estado, trabajamos de manera conjunta, con objetivos claros y una conducción coordinada. Esto nos permite defender mejor los intereses del Estado, dar mayor previsibilidad a las decisiones públicas y fortalecer la seguridad jurídica”, dijo Amerio.
Las demandas siguen acumulándose en los juzgados. Policías que reclaman suplementos, jubilados que discuten haberes, pacientes que requieren medicamentos, organismos públicos enfrentados entre sí y abogados del propio Estado intentando contener una masa de juicios cuya factura final se desconoce, aunque todos saben que es alta.
El Estado argentino no sólo administra hospitales, jubilaciones, fuerzas de seguridad o rutas. También administra una maquinaria judicial aplastante.
Con la colaboración de Gabriela Bouret (LN Data).
