La situación judicial de Facundo Leal, el expresidente de Arsat y Orsna a quien se le encontraron drogas y millones de dólares en su poder, continúa agravándose. La Justicia le dictó la prisión preventiva, sin posibilidad de beneficiarse con la domiciliaria, en la causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y, además, la fiscalía solicitó ahora también su detención por las presuntas maniobras de corrupción durante su paso por la empresa estatal de satélites Arsat.
Fue un día de idas y vueltas en el caso de Leal.
Por la mañana, el juez Lino Mirabelli, sin haber resuelto la situación del expresidente de Arsat, se declaró incompetente en la investigación sobre los estupefacientes y envió la causa a Comodoro Py para que investigue la justicia federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. Las drogas habían sido encontradas en su departamento de Palermo.
La causa cayó en el juzgado que subroga Daniel Rafecas. Al encontrarse de licencia, Julián Ercolini firmó el rechazo y la causa volvió a ser enviada al juzgado de Mirabelli en San Isidro. Una vez devuelta, el juez le dictó la prisión preventiva a Leal.
Al mismo tiempo, se formuló un pedido del fiscal federal de San Isidro junto con el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, para que el juez dicte también la prisión preventiva por la causa que lo investiga por corrupción.
Domínguez y Rodríguez insistieron en que existen elementos suficientes para avanzar con la convocatoria a declaración indagatoria de una decena de personas físicas y jurídicas, entre ellas exfuncionarios de ARSAT, directivos de la firma Argentina Logistic Services S.A. (ALS) y la propia empresa.
Estos son: Gerardo Boschin (expresidente de Trenes Argentinos y exgerente de compras de Arsat), Pablo Pagani (funcionario de Arsat), Juan Navarro (Arsat), Juan Antonio Álvarez (Arsat), Fernando Diego Paredes (ALS), Diego Maximiliano Padilla (ALS), Gastón Walter Padilla (ALS), Sofía Varela Vizgarra (ALS) y Santiago Pando, investigado por ser intermediario en el negocio que concretaron la empresa pública y el depósito.
Además, se pidió la preventiva en el caso de corrupción. El Ministerio Público argumentó que existen indicadores concretos tanto de peligro de fuga como de riesgo de entorpecimiento de la investigación. Según los fiscales, el extitular de ARSAT cuenta con recursos económicos líquidos y con capacidad operativa para evadir controles mediante la utilización de herramientas técnicas.
Asimismo, señalaron que su desempeño previo y actual en organismos estatales considerados sensibles le habría otorgado una estructura y conocimientos que podrían ser utilizados para interferir en la recolección de pruebas, como sospechan que trataron de hacer su hija y su novia al ingresar a su domicilio 90 minutos antes de que la policía arribe al lugar, cuando Leal ya estaba incomunicado. Fueron captadas por las cámaras retirando valijas de la casa y la fiscalía sospecha que se llevaron elementos de interés para la causa.
La presentación fiscal también menciona la disponibilidad de medios suficientes para sustraerse de la acción de la Justicia, al hacer referencia a la utilización de canales de movilidad no ordinarios, como un avión privado.
En el expediente se investigan posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Ambas causas seguirán a cargo de Mirabelli, quien finalmente resolvió citar a indagatoria a Leal y a otros 10 involucrados por los delitos de fraude a la administración pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Además, el magistrado dispuso una batería de medidas cautelares y probatorias para profundizar la pesquisa. Entre ellas figuran la prohibición de salida del país para todos los imputados, el embargo y la inhibición general de bienes, el levantamiento del secreto fiscal y bancario y el requerimiento de información al Banco Central de la República Argentina y a la Oficina Anticorrupción con el objetivo de analizar las declaraciones juradas de los acusados.
En paralelo, otra investigación fue abierta para analizar presuntas irregularidades cometidas durante su gestión al frente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna).
En ese expediente, a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, la fiscalía de Ramiro González ya pidió las primeras medidas de prueba, entre ellas informes patrimoniales y el requerimiento de los legajos correspondientes a las obras adjudicadas durante su administración.
