El Tribunal Oral Federal 7 les dio un plazo de cinco días hábiles al expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain y al exasesor Juan Marcelo Vargas para que se presenten en su sede y comiencen a cumplir las condenas de cuatro años de prisión que recibieron por el desvío de fondos públicos destinados a una obra en la provincia de Santa Cruz.
“Hágase saber a Atanacio Pérez Osuna, Juan Marcelo Vargas y Juan Carlos Lascurain que, en el término de 5 (cinco) días hábiles, deberán presentarse en la sede de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 (sito en la calle Talcahuano 550, 6º piso, oficina 6118) a los fines de cumplir la pena de prisión que le fuera impuesta», dice la resolución del Tribunal.
El exintendente de Río Turbio Pérez Osuna ya estaba detenido porque su condena había quedado firme en 2021, por falencias en la presentación formal.
Ayer, en tanto, la Corte dejó firme la condena Lascurain y Vargas por el desvío de fondos destinados a construir una ruta de acceso a Yacimientos Carboníferos, en la localidad de Río Turbio, a fines del 2015.
Tras el fallo, que desestimó una serie de recursos presentados por las defensas, la fiscal del juicio Fabiana León sostuvo que “cesó el único obstáculo procesal” que impedía ejecutar la condena y solicitó la detención inmediata de los tres condenados, el cómputo de las penas y la puesta en práctica de las inhabilitaciones absolutas perpetuas, además de la recuperación del dinero desviado.
El TOF le solicitó a la fiscal que especificara la tasa de interés aplicable a la liquidación solicitada. León contestó que ya había fijado postura al respecto en una presentación de hacía más de dos años.
“Para evitar más dilaciones, me remito a todo lo plasmado en la presentación del 6/3/24 y solicitando que la liquidación instada ayer se practique aplicando la tasa activa del BNA para créditos de libre disponibilidad”, contestó León.
La Justicia determinó que entre el 30 de noviembre y el 9 de diciembre de 2015, YCRT entregó a la firma FAINSER S.A., de la que Lascurain era titular, tres cheques por un total de $50 millones, presentados como un adelanto para la “Readecuación de la Avenida YCF” de Río Turbio.
Según la sentencia, no existía ninguna causa válida para ese desembolso y los fondos ingresaron en las cuentas y en el giro comercial de la empresa.
La sociedad estaba presidida por Romina Mercado, sobrina de la expresidenta Cristina Kirchner e hija de la luego gobernadora Alicia Kirchner.
Este fue el primer juicio oral por irregularidades en Río Turbio. Además, está pendiente otro debate por el presunto desvío de al menos $264 millones destinados a obras en la mina de carbón, en el que está acusado un grupo de exfuncionarios encabezado por el exministro de Planificación Julio De Vido.
