Las investigaciones por delitos federales, especialmente las vinculadas a la criminalidad organizada -narcotráfico, trata de personas, corrupción y lavado de activos-, generan una enorme cantidad de bienes que el Estado incauta y recupera.
A nivel mundial existen dos modelos sobre cómo administrar y qué destino darle a esos bienes: uno es esencialmente fiscalista y destina los bienes recuperados a los presupuestos de los Estados; el otro busca utilizarlos para reparar el daño causado por el delito. Este último es el que ha ganado terreno en las últimas décadas y reconoce su origen en la lucha contra la mafia llevada adelante en Italia.
En la Argentina aún no existe una ley de administración de activos recuperados a nivel federal ni tampoco el tema de la reparación ha sido suficientemente desarrollado en lo que hace al juzgamiento de la criminalidad organizada. Es paradójico porque el crimen organizado genera daños en gran escala; de hecho, los suele generar trasnacionalmente.
Se habla mucho del componente económico del crimen organizado -de su comportamiento como empresa y de su acumulación de ganancia ilícita- pero no del componente político, cuando quizás para países como el nuestro sea el más importante. Ese aspecto político es el causante de un pasivo estructural e institucional que compromete nuestro desarrollo. El crimen organizado mantiene una disputa de legitimidad con el Estado de derecho. En lugar de lo que conocemos como imperio de la ley o dominación legal propia de un Estado de Derecho, el crimen organizado postula un vínculo basado en la ley del más fuerte, en el abuso de poder y en el intercambio de favores prohibidos, por eso está íntimamente conectado con la corrupción.
Posiblemente las dificultades en discernir el daño social y político del crimen organizado se deba a que es acumulativo y en gran medida invisible. Horada la democracia y el Estado de derecho de modo silencioso. Por eso hay quien equivocadamente habla de delitos sin víctimas, hasta que aparecen las muertes o los vergonzantes índices de pobreza producto de la corrupción e instituciones fallidas.
Cuando estamos frente a este tipo de criminalidad no basta con sacarle el dinero al condenado, tampoco con meterlo preso. Es esencial reconstruir legalidad y la idea de igualdad ante la ley: una cultura de la legalidad.
Con el uso público y social de bienes recuperados que propone el proyecto de ley, la ciudadanía participa de la solución del conflicto penal, cerrando un círculo virtuoso: investigaciones y juzgamientos eficaces, recupero y uso social (por ejemplo, transformar un bunker de venta de drogas en una sala de primeros auxilios, o un prostíbulo en un refugio de víctimas de trata de personas para explotación sexual).
Este proyecto de ley busca transformar la recuperación de bienes en una herramienta de reparación, prevención y fortalecimiento del Estado de derecho
Durante este tiempo de insistencias para que se tratara y aprobara el proyecto de ley no fueron todas malas noticias, también se produjeron algunos avances. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia impulsó mecanismos para disminuir la cifra negra y facilitar la entrega provisoria de ciertos bienes con utilidad pública y social, incorporando mayores niveles de control, transparencia y publicidad. Por su parte, el Poder Ejecutivo procuró diseñar un régimen de conservación, administración y destino gestionado por el Ministerio de Justicia.
Sin embargo, esos esfuerzos no resuelven el problema central: seguimos sin contar con una ley integral que organice el sistema. Cada poder del Estado conserva sus propios registros, criterios y mecanismos de administración. Compiten en lugar de cooperar.
Por eso, si hace algunos años decíamos que esta ley era necesaria, hoy resulta imprescindible y urgente. Sólo una ley puede establecer reglas claras, distribuir funciones y garantizar un sistema estable. Este proyecto de ley busca precisamente eso: transformar la recuperación de bienes en una herramienta de reparación, prevención y fortalecimiento del Estado de derecho. Combatir eficazmente al crimen organizado exige algo más que sancionar conductas ilícitas, exige reconstruir confianza en las instituciones y demostrar que la legalidad produce beneficios concretos, tangibles, para toda la comunidad.
