El debate público argentino lleva setenta años oscilando entre dos posiciones, la liberal y la populista, que se niegan a dialogar en serio. Una y otra idea de país se alternan en proyectos unilaterales, que parecen promisorios un tiempo, entran en crisis y colapsan. Una síntesis entre equilibrio fiscal y aspiraciones sociales parece tan deseable como difícil, utópica. ¿Por qué esa síntesis nunca ocurrió? ¿Por qué cada intento termina en fracaso?
La respuesta no puede estar en los sesgos ideológicos, en la psicología de los actores o en una insuficiente voluntad de diálogo. En todas las latitudes se dan debates intensos, posiciones recalcitrantes y antagonismos; incluso el bipartidismo es una forma que se repite y funciona. Pero como nos dijo Ortega hace casi 100 años, algo falta en nuestra relación con las cosas. No hemos encontrado el camino para darnos una estructura económica que permita esa síntesis deseable.
El conflicto distributivo, la tensión entre equilibrio fiscal y aspiraciones de las clases medias, no es un malentendido político. Es la expresión de un problema económico subterráneo: la economía argentina no produce suficiente como para satisfacer simultáneamente ambos objetivos. No porque los argentinos seamos irracionales o corruptos, o porque administremos mal, sino porque amplios sectores de la estructura productiva arrastran tecnologías viejas, falta de inversión, baja capitalización y productividad insuficiente para remunerar genuinamente lo que la sociedad aspira. Lo que el desarrollismo llamó, hacia fines de los años 50, subdesarrollo.
Cuando la productividad no alcanza, la política económica enfrenta un dilema real: o se prioriza el equilibrio macro resignando aspiraciones sociales, o se priorizan las aspiraciones sociales a costa del equilibrio macro. Ambas son respuestas racionales a una restricción estructural real. El liberalismo argentino nunca aceptó que su fracaso no era político sino productivo: un tipo de cambio retrasado, una presión tributaria sin contrapartida en servicios, la ausencia de crédito e infraestructura para la industria, no son tan sólo el resultado del populismo (verbigracia un Estado que atiende las demandas sociales), sino las condiciones que el propio liberalismo realmente existente reprodujo. Y el peronismo, por su parte, tampoco entendió que motorizar la demanda sin darle prioridad a la dinamización real, efectiva de la oferta, no resuelve los problemas sino que los posterga, en una suerte de procrastinación del atraso, anabolizando una estructura productiva que lo que necesita es transformarse.
La síntesis entre Alberdi y Sarmiento, entre equilibrio liberal y justicia en la polis, entre mercado y Estado, no puede encontrarse dentro del campo de opciones que la economía argentina ofrece. No por una insuficiencia del debate ideológico, sino porque la productividad de nuestra economía real es demasiado baja para financiarla genuinamente. La síntesis política sin transformación productiva tiene cimientos frágiles. Se sostiene mientras hay reservas que consumir, stocks a los que echar mano, deuda que tomar, o renta de recursos naturales que reasignar. Cuando esos fondos se agotan, el conflicto reaparece.
Lo que Argentina necesita no es un acuerdo entre liberales y populistas sobre cómo repartir lo que hay. Necesita una política que agrande lo que hay: que eleve la productividad de los sectores rezagados, que cuide y capitalice la industria existente, que provea los bienes públicos que el mercado no produce espontáneamente y que el Estado argentino, tanto liberal como peronista, nunca proveyó de manera sistemática. Eso es lo que Frondizi intentó entre 1958 y 1962, cuando se propuso, no por casualidad, un “plan de desarrollo y estabilización”. A sabiendas de que el desarrollo es la condición política de la estabilización económica.
El mundo cambia, se transforma a toda velocidad. Sin ponerse a tiro del umbral productivo de la época, cuidando y promoviendo la mayor cantidad de sectores posibles de la economía, no se puede alcanzar acuerdos políticos duraderos. El ágora necesita una base material expansiva para que el diálogo no sea un juego de suma cero.
El desprecio por lo estatal, que se extiende a todo lo público, se transforma en el símbolo de una política que renuncia al desarrollo. El experimento político libertario no parece ser apenas una versión extrema de la lógica confrontativa, a caballo de la posición típica liberal o el ajuste perpetuo. Es sobre todo la apuesta por especializar al país en tres sectores de alta productividad y así equilibrar el sector externo mientras se desmantela el resto.
La salida no es un justo medio entre liberalismo y populista. Está en un tercer camino que no se plantea hace décadas: una política de desarrollo que tome como objetivo central capitalizar todos los sectores productivos, dinamizarlos, asumiendo los complementos públicos que la inversión privada requiere.
