La Justicia rechazó la pretensión del exsecretario kirchnerista de Obras Públicas José López de reducir la condena a 13 años de prisión que pesa en su contra por enriquecimiento ilícito, el arma que tenía consigo cuando trató de esconder ocho millones de dólares en un convento de Moreno y la causa Vialidad.
López presentó ante los jueces constancias de que realizó cursos de marketing intramuros, dentro de la cárcel, lo que le permite beneficios en el régimen penal progresivo, como una rebaja de cuatro meses en su condena.
Pero los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal rechazaron su pretensión. José López quería reducir su condena unificada de 13 años de prisión por la causa Vialidad y por enriquecimiento ilícito y tenencia ilegal de arma de uso civil.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, declaró inadmisible, por mayoría, el recurso de casación interpuesto por la defensa pública oficial de José Francisco López.
El acusado había cuestionado el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, que rechazó su pedido de reducción de plazos por estímulo educativo.
López, exsecretario de Obras Públicas de la Nación durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, está cumpliendo en prisión una condena en la causa Vialidad, en la que fue sentenciado junto a la expresidenta por el direccionamiento irregular de obra pública en Santa Cruz.
La condena a López en esa causa, de seis años de prisión por administración fraudulenta, quedó firme en junio de 2025 tras el rechazo de los recursos extraordinarios por parte de la Corte Suprema de Justicia.
Posteriormente, esa condena fue unificada con otras en la pena de 13 años de prisión, vinculadas con causas de enriquecimiento ilícito y portación ilegal de arma de fuego.
Durante la ejecución de esa pena, la defensa de López había solicitado al Tribunal Oral Federal 2 una reducción de cuatro meses en el avance del régimen de progresividad penitenciaria. Argumentó el mecanismo de estímulo educativo que prevé una reducción de pena si el preso realiza determinados estudios en prisión.
López fundó su pedido en que presenció y aprobó dos cursos de formación profesional, uno de “Auxiliar en marketing de Productos” y otro de “Auxiliar en marketing de Servicio”. Sostuvo que correspondía computar dos meses de reducción por cada uno de esos cursos.
El juez de ejecución del tribunal oral rechazó el planteo, criterio que compartió el fiscal Diego Luciani. Consideraron que los conocimientos adquiridos mediante esa actividad no resultaban suficientes para tener por demostrado que el condenado se hubiera capacitado como técnico en un área ocupacional determinada.
A la hora de determinar si los cursos podían equipararse a una formación profesional anual, el magistrado concluyó que las 80 horas de cada curso resultaban manifiestamente insuficientes.
Al resolver el recurso de casación, el juez Borinsky consideró que la defensa no logró demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado, ya que se limitó a reiterar su propia perspectiva sobre la cuestión sin desarrollar una crítica concreta de los argumentos del tribunal de instancia. Barroetaveña adhirió a la postura de Borinsky.
En disidencia, el juez Hornos votó por declarar admisible el recurso. Pero el tribunal, por mayoría, confirmó el rechazo de la petición de López.
