El exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires Jorge D’Onofrio quedó a un paso del juicio oral por un millonario negociado con el sistema de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en territorio bonaerense. El fiscal Álvaro Garganta cerró la investigación y dio por probado que varias empresas pagaron coimas para acceder al servicio. ¿Cómo? Se comprometieron a subcontratar a una firma ligada al exministro y a otros exfuncionarios que no tenía experiencia en el rubro tecnológico. Esa empresa recaudó $4.995.000.000 en poco más de un año.
D’Onofrio también es investigado por el negocio de las fotomultas en la justicia provincial y arrastra un procesamiento por lavado de dinero en el fuero federal.
En el caso de la VTV, el eje de la maniobra fue la empresa ”Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA”, que se encargaba de asignar los turnos de la VTV. A cambio de ese supuesto servicio, recibía una comisión de entre 3% y 8,5% (más IVA) de cada pago realizado.
Según la investigación judicial, esa firma fue contratada por las empresas incluso antes que se adjudicara la licitación de la VTV, en enero de 2024. “El acuerdo de prestación de servicios con Soluciones SA se firmó el día 15/5/23 (un mes antes de la fecha límite de entrega de las ofertas y de que se lleve a cabo la apertura del “Sobre 1” que era hasta el día 15/6/23), y asimismo de que fuera aprobado por la Dirección Provincial de VTV en fecha 13/6/23 (dos días antes de la fecha límite de entrega de las ofertas)“, sostuvo el fiscal en un dictamen de 75 carillas al que tuvo acceso LA NACION.
Además, Garganta destacó que la subcontratación de esa firma “no era indispensable para la presentación de las ofertas”. Otro dato llamativo: el acuerdo con “Soluciones SA” se concretó en julio de 2023, pero las empresas recién comenzaron a realizar pagos en abril de 2024, una vez que se había cerrado el proceso licitatorio.
El dato que más llamó la atención fue que tres empresas nuevas que ganaron la licitación (no venían prestando el servicio) también subcontrataron a “Soluciones SA”, aunque no tenían ninguna obligación de hacerlo. “La circunstancia de que estas tres nuevas empresas ganadoras hayan contratado también a Soluciones SA, me permite sostener que era un acuerdo con el Ministerio y no una elección deliberada”, destacó el fiscal.
El avance de la causa reveló que la empresa no había tenido movimientos entre 2021 y 2023, cuando fue comprada por Sebastián Desio, quien trabaja en una empresa informática y luego se transformó en un militante del Frente Renovador y del propio D’Onofrio. Hasta ese momento, la firma se dedicaba al mantenimiento de antenas de telefonía celular. El contador de la empresa declaró que sólo se vendió el nombre, sin inmuebles ni empleados. El fiscal habló de una “empresa vacía, sin experiencia”.
Esa firma, de repente, comenzó a recibir transferencias millonarias. Según los datos aportados por el Banco Provincia, recaudó más de $1.800 millones en 2024 y $3.100 millones en 2025. “Es tan alevoso el acuerdo, que el dinero que obtendría cada empresa por verificar, la parte que le corresponde a SolucionesSA pasaría directamente a ellas sin ingresar al patrimonio de las empresas adjudicatarias”, se puede leer en el dictamen.
Además del exministro D’Onofrio y de Desio, el fiscal Garganta pidió que vayan a juicio otros siete empresarios.
Fuentes judiciales confirmaron a LA NACION que en la Fiscalía de Gargante sigue en trámite la causa de las fotomultas. La Justicia tiene en la mira una red de gestores que ofrecían descuentos del hasta el 50 por ciento para borrar las infracciones.
Esa maquinaria ilegal contaba con la participación de varios jueces de faltas y funcionarios del Ministerio de Transporte. Entre los principales imputados aparece Mario Quattrocchi, extitular del juzgado de faltas de La Plata. La Justicia detectó que viajaba de manera frecuente al exterior junto a la concejal de Pilar Claudia Pombo, muy cercana a D’Onofrio. Luego se determinó que ambos estarían vinculados a dos emprendimientos gastronómicos en Málaga (España).
