La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Superliga obtuvieron una medida cautelar de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que frenó la intimación de la Inspección General de Justicia (IGJ) para que permitieran el acceso de sus veedores a sus balances correspondientes al período comprendido entre 2022 y 2025.
La decisión se conoció a días del inicio de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Esta maniobra y la protagonizada por el supuesto testaferro Luciano Pantano confirmarían la estrategia de la dirigencia de la AFA de dilatar las causas judiciales hasta después del torneo, apostando a que una potencial cuarta estrella contribuya a aminorar el impacto de los expedientes en trámite.
A principios de mayo, los veedores de la IGJ dejaron la intimación en la sede de Viamonte. Pese a ello, los abogados de ambas entidades lograron que la Cámara les concediera el recurso y el trámite volvió a quedar en foja cero. Previamente había sucedido algo parecido con la Superliga, llegando a ser apercibida por el organismo de control.
En marzo y luego de la partida de Daniel Vítolo de la IGJ, Alejandro Ramírez fue quien empezó a ocupar su silla. Durante ese interín, el ministro de Justicia tardó en reactivar del proceso de fiscalización que había impulsado la gestión anterior. Cuando finalmente se reactivó el expediente, la cautelar volvió a bloquear el avance de las inspecciones.
En consonancia y mediante una resolución, Ramírez sostuvo que “habiéndose configurado la omisión al deber de colaboración e información por parte de la entidad, corresponde aplicar la sanción de apercibimiento con publicación prevista en el artículo 14, inciso b), de la Ley 22.315,e intimarla para que, en el plazo de diez días hábiles administrativos, permita el acceso a la documentación e información requerida por el interventor en grado de veedor, bajo apercibimiento de aplicarse mayores sanciones”.
El visto bueno de la cautelar corrió por cuenta de la Sala D de la Cámara Civil, compuesta por los magistrados Luis Maximiliano Caia, Juan Manuel Converset y Gabriel Gerardo Rolleri.
Así, el empresario Guillermo Tofoni, quien presentó una denuncia contra la AFA por un supuesto fraude en los balances. hizo que el fiscal en lo Penal Económico, Emilio Gerchunoff, se declarase incompetente para seguir interviniendo en dicha acusación. En tanto, el funcionario judicial reveló nuevos datos sobre la relación entre la AFA y la empresa estadounidense TOURPRODENTER LLC, vinculada al empresario Javier Faroni.
Después de un primer pantallazo de la documentación contable, Gerchunoff se refirió a la posible falsedad de los balances e indicó que “está funcionalmente conectada con una maniobra defraudatoria más amplia, consistente en una posible administración infiel de fondos pertenecientes a la AFA”. El fiscal hizo hincapié en los ingresos generados por la explotación comercial de la selección argentina en el exterior.
Se trata del mismo dictamen que reveló que el presidente de la AFA y su ladero extendieron hasta 2030 el contrato que convierte a la firma de Faroni en agente de recaudación de la entidad en el extranjero.
