Leonardo Fariña, el exempleado del empresario Lázaro Báez que fue condenado por lavado en la causa denominada “Ruta del Dinero K”, declara como testigo desde hace dos horas en el juicio de los Cuadernos de las Coimas, que tiene a Cristina Kirchner como principal acusada.
El contador y exasesor financiero de Báez -que como arrepentido se convirtió en una pieza clave en la “Ruta del dinero K”- sostuvo que la firma insignia de su exjefe, Austral Construcciones, principal beneficiaria de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, padecía un permanente descalabro financiero y que, pese a ello, recibía nuevas adjudicaciones de obra pública.
“Tenía números antieconómicos”, dijo, y agregó: “Se sacaban ingresos del giro de la empresa, lo que llevaba a una descapitalización. Se hacía tan negro el blanco que la empresa quedaba sin giro comercial”.
“Ante la incapacidad real de la empresa de poder adjudicarse una obra, se la adjudicaban igual y el anticipo de esa obra no era utilizado para la obra, sino para tapar huecos anteriores”, sostuvo.
Fariña dijo que Báez, a contramano de su voluntad, fue “excluido” de “la Camarita”, como se conoce al tramo de la causa Cuadernos de las Coimas que investiga la presunta cartelización de la obra pública vial alrededor de la Cámara Argentina de Empresas Viales.
“La Cámara tenía un sistema predeterminado. Aglomeraba empresas y decidían entre ellos mismos quién ganaba una obra y quién no. Quién entraba y quién no. Lázaro era un marginado de eso”, dijo Fariña.
Relató que, por “mandato” de Néstor Kirchner, de quien Báez era amigo y confidente, la zona de influencia del empresario patagónico se limitaba a las provincias de Santa Cruz, Chubut y Chaco. “Si estamos hablando de un conglomerado de empresas de primera línea que se adjudicó el ochenta y pico por ciento de la obra pública, la lógica marca que se debería haber presentado a hacer cualquier tipo de obra y no pasó eso”, ahondó.
Fariña sostuvo también que su exdefensor en la “Ruta del Dinero K”, el abogado Franco Bindi, quien trabajó en el Ministerio de Planificación, lo puso al corriente de que “ciertos funcionarios participaban en el cobro de determinadas comisiones para acelerar cuestiones de pagos o aceptaciones de redeterminaciones”.
“[Bindi] me explicó algunos mecanismos de funcionamiento que yo aporté a la Justicia”, amplió.
Fariña se refería específicamente a los exfuncionarios Roberto Baratta -mano derecha de Julio De Vido- y Rafael Enrique Llorens, ex subsecretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación.
Al ser consultado sobre si Bindi trabajó también para el área de inteligencia, se limitó a sostener que, mientras fue su abogado, respondía a los intereses del empresario patagónico. “Certezas no tengo, me parece que es más un cuentapropista mercenario”, dijo.
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