El Banco Central (BCRA) habilitó a los bancos que permiten la apertura de cuentas de manera remota a radicarlas en cualquier sucursal operativa que tengan en el país, una decisión que les permitirá evitar aquellas jurisdicciones con una elevada carga de impuestos provinciales y municipales.
La autoridad monetaria dispuso la medida mediante la Comunicación “A” 8244, que introduce una modificación a la normativa vigente para este tipo de aperturas. La decisión llega en medio de la disputa que mantienen las entidades financieras y distintos Estados subnacionales por el avance de tributos que encarecen cada vez más el costo del dinero y elevan el piso de las tasas de interés de los créditos.
Esto implica que cada entidad podrá asignar las cuentas abiertas de forma remota a una sucursal ubicada en una jurisdicción de menor carga tributaria, independientemente del domicilio acreditado por la empresa o el individuo que haya solicitado la apertura. Hoy, casi dos tercios del total de cuentas se originan bajo esta modalidad, gracias a los avances tecnológicos y a las adecuaciones normativas.
La comunicación establece que las entidades financieras que admitan la apertura no presencial de cuentas “podrán asignar cualquier casa operativa a los fines de la radicación de las cuentas abiertas de manera no presencial”, y únicamente exige que dicha asignación sea “informada al cliente en el momento de la asignación”.
En el BCRA consideran que esta desregulación, respaldada por los bancos, que venían presentando reiterados reclamos sobre este tema, “ayudará a reducir la carga fiscal que hoy pesa sobre la oferta de crédito y que, en muchos casos, resulta claramente abusiva”.
De hecho, un relevamiento elaborado por la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) ya había sido difundido por el propio BCRA para advertir sobre esta situación, que esa entidad —junto con ABA, Abappra y ABE— había denunciado públicamente a comienzos de 2025.
En ese informe se detalló la carga tributaria que las provincias aplican sobre los servicios financieros a través del impuesto sobre los ingresos brutos (IIBB). El trabajo incluyó una tabla comparativa con las alícuotas aplicadas a los créditos, el tratamiento impositivo de los títulos públicos y los criterios utilizados para determinar la base imponible del tributo, con el objetivo de transparentar el impacto fiscal sobre el sistema bancario y facilitar la comparación entre jurisdicciones.
Según el relevamiento, La Pampa encabezó el ranking con una alícuota de 9,10%, seguida por Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán, todas con una carga del 9% sobre los ingresos brutos de las entidades financieras.
