El CEO de Glencore Argentina, Martín Pérez de Solay, intentó ser diplomático. Dijo «falta velocidad en los proyectos». Lo que realmente quería decir, y todos en la sala sabían, es que el Estado argentino es estructuralmente incapaz de tomar una decisión en tiempo útil para cualquier cosa que no sea emitir moneda, crear un nuevo impuesto, o darle el 90% de uso de la linea de 50 mw a Vicuña
Argentina tiene las segundas reservas de litio del planeta y algunas de las vetas de cobre más importantes del hemisferio, y las tiene paralizadas, no por falta de inversores, no por falta de tecnología. El aparato estatal argentino fue diseñado, con décadas de esmero, para que nada avance demasiado rápido, por las dudas.
El CEO de Glencore-Pachón está queriendo decir que el mundo pide cobre, y la Argentina le está pidiendo el formulario 993267.432 por duplicado. Mientras el déficit global de cobre crece y los países compradores ruegan que alguien produzca más, un proyecto minero en Argentina debe atravesar aprobaciones provinciales, aprobaciones nacionales, audiencias públicas, evaluaciones de impacto ambiental que se superponen entre jurisdicciones, consultas a comunidades que a veces tienen protocolos propios, permisos de agua, permisos de energía, habilitaciones de explosivos, y una cantidad de «ventanillas» que haría llorar a cualquier inversor extranjero.
Los Glencore comentan que en Chile aprueban una mina grande en tres o cuatro años, en Argentina, ese mismo proceso puede durar una década, en la que el mundo no espera, los precios suben y bajan, los capitales se van a Perú, a Congo, o a cualquier lugar donde alguien conteste el teléfon. El RIGI es un parche sobre una hemorragia institucional.
Pérez de Solay defiende el RIGI con el entusiasmo de alguien que finalmente «Dará trabajo y progreso a las comunidades» , (Frase nunca escuchada antes). El problema es que el RIGI es una solución de emergencia para un Estado que rompió tanto la confianza inversora durante tanto tiempo que ahora necesita blindar fiscalmente cada proyecto individualmente porque nadie cree que las reglas del juego vayan a mantenerse más de un gobierno.
No es una política de desarrollo minero, es una carta de garantías que dice, básicamente, «Sabemos que nuestro Estado es impredecible, así que te prometemos por ley que esta vez no te vamos a cambiar las reglas a mitad del partido.» Que eso sea necesario aclararlo dice todo sobre el Estado que lo emite.
El Secretario de Minería anunció exportaciones de litio por 7.400 millones de dólares para 2030 y de cobre por más de 19.000 millones para 2035. Números que suenan espléndidos en una presentación con gráficos de colores. El detalle menor es que para llegar a esas cifras habría que aprobar, construir y poner en marcha proyectos que hoy están atascados en algún escritorio entre la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Minería, el juzgado federal de turno y una ONG que presentó un amparo preventivo por si acaso.
Para 2030 faltan cuatro años. Cuatro años en los que Argentina debería aprobar, financiar, licitar infraestructura y comenzar la construcción. Cuatro años que, al ritmo actual del Estado, alcanzan justo para terminar el estudio de prefactibilidad del primer tramo de la ruta de acceso. El verdadero problema no es técnico ni geológico ni financiero, es que Argentina tiene un Estado con miles de funcionarios cuyo «incentivo» institucional es frenar, revisar, auditar, observar, devolver con correcciones, volver a revisar y eventualmente perder el expediente. Un Estado donde aprobar algo rápido se parece sospechosamente a corrupción y donde demorar indefinidamente se llama «proceso de aprobación».
Los muchachos de Glencore están con la vena hinchada, porque el mundo está en una carrera por los minerales críticos, y Argentina está sentada sobre uno de los yacimientos de cobre más grandes del planeta, todavía discutiendo si el formulario va firmado por el titular o puede ir el apoderado.
