Nadie discute ya los nuevos paradigmas que promueven una movilidad sustentable, especialmente en las grandes urbes, pues proteger el medio ambiente, reduciendo la contaminación, es hoy imperativo. Una de las principales premisas es la desincentivar el uso del automóvil particular. Se necesitan para ello opciones de transporte público que brinden servicios seguros, eficientes y sostenibles. El tendido del Metrobus y las pruebas piloto del Trambus eléctrico en la Capital van en la dirección correcta.
Por distintas razones, las redes interurbanas de colectivos, trenes y subtes se han convertido en una amenaza para los más de cinco millones de personas que los utilizan por día, con problemas estructurales que afectan gravemente la calidad de los viajes y que ponen vidas en riesgo.
La caída sostenida del uso del servicio, más el aumento del gasoil y la reducción y el retraso en el pago de subsidios a las empresas de colectivos en el AMBA se tradujeron en frecuencias de circulación reducidas entre un 20 y un 40% en las últimas semanas, que sumados a los conflictos gremiales generan más malestar e incomodidad. En marzo de 2026 unos 17.000 colectivos circulaban en el AMBA contra 19.348 en noviembre de 2019, un numero a la baja, con un pronóstico poco alentador si no se activan el empleo, la demanda de uso y no se estabilizan los costos operativos de las empresas, hoy mucho más vulnerables pues el polémico subsidio estatal pasó del 91% en 2023 al 63% actual.
Respecto de los pasajeros, la cuestión económica es solo una de las aristas del problema. En los últimos días se registraron varios accidentes -algunos mortalres- que involucraron colectivos. Una joven murió en Villa Devoto luego de que su mochila quedara enganchada a la puerta al bajar del colectivo. El chofer retomó la marcha sin enterarse de lo que ocurría y atropelló a la pasajera que había caído al asfalto. Días después, un niño de 5 años también quedó enganchado al pretender descender. Fue arrastrado varios metros sobre el asfalto, por lo que sufrió quemaduras y politraumatismos.
La repercusión de estos hechos en redes revela que no son episodios aislados y que las 36.079 denuncias de usuarios de colectivos recibidas en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) durante 2025, no son infundadas. Principalmente, se relacionan con no respetar la parada, conducir de forma imprudente o incurriendo en exceso de velocidad, trato desconsiderado y uso del celular mientras se maneja. Ni hablar de que se cumplan las excepciones nocturnas o climáticas que habilitan al pasajero a solicitar descender en cualquier esquina, entre las 22 y las 6, o durante días de lluvia.
Sumemos el déficit de mantenimiento de las unidades, las condiciones del tránsito urbano, la falta de respeto a los semáforos, los cruces vertiginosos de esquinas, los choferes sometidos a jornadas extenuantes y la falta de controles rigurosos, condimentos todos de un escenario preocupante.
Los peatones, por su parte, también están expuestos a peligros silenciosos y a riesgos evitables que afectan su seguridad. Cada mal llamado “accidente” refleja una falla colectiva: del Estado que no controla, de las empresas que priorizan costos por sobre la seguridad, y de una sociedad que naturaliza el riesgo como parte del viaje diario.
El Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires y la ley nacional de tránsito, a la cual adhiere la Provincia de Buenos Aires, establecen las obligaciones de los choferes de colectivos y nos habilitan a exigirles su cumplimiento. Las denuncias pueden canalizarse a través de la línea 0800-333-0300 de la CNRT.
Promover una red de colectivos segura exige más que discursos. Implica inversión en unidades modernas, capacitación permanente para choferes, fiscalización estricta y campañas de concientización que le devuelvan al pasajero la confianza y la tranquilidad. La seguridad vial debe ser entendida como un derecho, no como un privilegio.
