Según la investigación, el agresor le lanzó un ladrillo de casi dos kilos, la hizo caer al suelo y luego la arrastró de los cabellos varios metros hasta el interior de una vivienda. El acusado, de 55 años, fue detenido e imputado por lesiones graves en contexto de violencia de género.
Lo indignante no es sólo la violencia salvaje del hecho. También aparece la pregunta que muchos ciudadanos se hacen cada vez que ocurre un caso de estas características: ahora el agresor pasará a estar alojado, alimentado, atendido médicamente y custodiado con recursos que salen de los impuestos de quienes trabajan y cumplen la ley.
La víctima deberá atravesar cirugías, recuperación física y secuelas emocionales. El acusado, en cambio, tendrá garantizadas comidas, atención sanitaria y asistencia estatal mientras avanza el proceso judicial. Y siempre queda flotando el temor de que algún beneficio termine transformando una celda en una cómoda prisión domiciliaria.
La Justicia deberá determinar responsabilidades y dictar sentencia. Pero el episodio vuelve a exponer una realidad que genera indignación social: mientras las víctimas intentan reconstruir sus vidas, los agresores pasan a convertirse en una carga económica más para la sociedad que ellos mismos dañaron.
