En noviembre pasado, la Cámara de Diputados daba media sanción al proyecto de ley sobre ludopatía con 139 votos a favor, 36 en contra y 59 abstenciones. Si bien conserva estado parlamentario hasta noviembre, la presión de gobernadores que controlan el juego en sus provincias y los intereses económicos en danza lograron paralizar el trámite en el Senado.
Dos semanas atrás, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció el envío al Congreso de un nuevo proyecto del oficialismo sobre el mismo tema. A diferencia del texto aprobado en Diputados, este se focaliza en el juego clandestino, pero sin incorporar las principales restricciones de aquella iniciativa. Si bien busca proteger a los menores, perseguir el juego ilegal y fijar reglas claras para las plataformas autorizadas, plantea grandes diferencias en el medular tema de la publicidad.
¿Cómo imaginar que se podría controlar la promoción del juego con el descontrol publicitario al que hoy asistimos en ausencia de esta ley tan urgente y que sigue quedando postergada? El proyecto de 2024 proponía prohibir la promoción de apuestas tanto de plataformas legales como ilegales en TV, radio, redes, carteles, podcasts, eventos, camisetas de fútbol, PNT (publicidad no tradicional) o a cargo de influencers, deportistas o figuras públicas. Solo contemplaba permitirla dentro de las salas de juego y con severas advertencias sobre el juego compulsivo, suprimiendo bonos y promociones para atraer jugadores y difundiendo las vías de ayuda para combatir la ludopatía.
El flamante proyecto oficial, elaborado por la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Argentina (Sedronar), reduce la prohibición de publicidad exclusivamente a las plataformas clandestinas o no autorizadas, franqueándola para las numerosas compañías que se enriquecen legalmente a costa de los apostadores. En cuanto a los controles de acceso para menores, con menor especificidad, el proyecto de ahora solo señala que deberán existir “mecanismos, sistemas y procedimientos tecnológicos y de seguridad” que sirvan para verificar la edad de los usuarios, sin mayores definiciones. El proyecto con media sanción exigía la implementación de Sistemas de Identidad Digital (SID) conectados con el Registro Nacional de las Personas (Renaper) para cada inicio de sesión, extendiendo el requisito a billeteras virtuales y plataformas de pago. Incluía también la creación de un Registro Nacional de Autoexclusión (ReNa), donde plasmar una decisión voluntaria mediante inscripción web, telefónica o a través de familiares de hasta segundo grado que pudieran solicitar la incorporación. Las exigencias a las plataformas para acceder a licencias y respecto de exhibir el historial de apuestas, emitir alertas sobre tiempo de juego acumulado, ofrecer herramientas de autoevaluación y establecer pausas, tampoco figuran en el proyecto libertario.
En cuanto a las penas al juego clandestino, el texto oficial habla de seis años -ocho en el de 2024- y castiga con prisión a quienes faciliten apuestas clandestinas mediante servicios financieros, tecnológicos, publicitarios o digitales.
La Iglesia Católica, un actor importante en este debate, ha advertido desde hace tiempo con preocupación sobre el acelerado crecimiento del número de adolescentes y jóvenes apostadores con “un casino en cada celular”. Unicef reporta que el 80% de los jóvenes ya tuvo exposición a estas prácticas. La propia Sedronar identificó que el 26% de los estudiantes secundarios apostaron dinero al menos una vez en el último año, de forma online o presencial. Casi uno de cada seis que jugaron online reconocieron hacerlo semanal o diariamente. Una tan silenciosa como dolorosa realidad que afecta a demasiadas familias argentinas demanda no solo campañas de prevención y leyes para poner nuevamente en caja una gravísima situación.
El presidente Javier Milei había anticipado que vetaría la norma aprobada en Diputados si el Congreso la sancionaba. Y ahora propone un nuevo texto muy laxo en lugar de ver cómo ajustar el existente. Indudablemente, los intereses que se mueven en torno del juego siguen presionando para evitar cualquier cambio significativo como el que una sociedad jaqueada por este pernicioso vicio reclama.
