A la espera de un fallo judicial favorable, el jefe de gobierno, Jorge Macri, apura la creación de la Justicia laboral porteña. Ayer, presentó ante la Legislatura un paquete de proyectos para avanzar con la reestructuración institucional del Poder Judicial, a cuatro meses de que se firmara el acuerdo con la administración de Javier Milei para la transferencia de competencias.
Las iniciativas también prevén la creación de un servicio de conciliación obligatoria en la ciudad y una reforma del Código Procesal porteño. Son cambios con los que pretende avanzar el gobierno porteño para tener todo el esquema institucional listo para cuando -según prevén- la Justicia destrabe la puesta en funcionamiento del fuero.
El debate por el traspaso de la Justicia laboral data de la reforma constitucional de 1994, cuando la ciudad recibió estatus de autonomía, pero tomó un nuevo impulso a fines del año pasado, luego de que el gobierno hiciera mención a la “vigencia transitoria de la Justicia Nacional del Trabajo” en el texto de la reforma laboral. En febrero, finalmente el jefe de gobierno firmó con Nación un convenio para transferir las competencias de la Justicia laboral a la órbita de ciudad.
“Nuevo hito en la autonomía de la ciudad: firmamos el convenio para que el gobierno nacional nos transfiera las competencias sobre la Justicia laboral. Un servicio de justicia, propio, ágil y moderno que le va a permitir a los ciudadanos resolver sus conflictos individuales más rápido y con más previsibilidad para las partes”, había celebrado Gabino Tapia, ministro de Justicia de la ciudad, en su cuenta de X (ex Twitter).
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), de la CGT, objetó ese traspaso de competencias y pidió a la Justicia que declarara inconstitucional tanto los artículos de la reforma laboral que a ella se referían como el convenio firmado.
Herman Mendel, a cargo del Juzgado Nacional de primera instancia del Trabajo N°30, hizo lugar al reclamo y dictó una medida cautelar para suspender la aplicación del acuerdo hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo.
Esta medida se suma a otra cautelar anterior con la que se había frenado la puesta en funcionamiento de diez juzgados laborales de primera instancia, previo a la firma del convenio de traspaso. La Legislatura había habilitado en diciembre de 2024 su creación, pero la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal frenó su implementación hasta tanto entrara en vigencia el acuerdo que ahora está bajo revisión.
“La judicialización relacionada con esta transferencia [de competencias] tiene dos vertientes: las acciones que atacan a la ley de puesta en funcionamiento del fuero y la constitucionalidad de la ley de modernización laboral. Estas acciones judiciales de ninguna forma traban el proceso de puesta en marcha del fuero laboral de la ciudad”, aseguraron en el gobierno porteño.
Es decir que, si bien el fuero laboral porteño recién podrá empezar a actuar una vez que se levanten ambas cautelares, el gobierno porteño está habilitado a avanzar, mientras espera la resolución judicial correspondiente, con la creación formal de los juzgados y la sanción de proyectos para readecuar la estructura interna del Poder Judicial del distrito.
Por eso, ayer, el Ejecutivo remitió a la Legislatura un proyecto para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley N°7) y del Ministerio Público (Ley N°1903). El texto prevé una estructura con ochenta juzgados laborales de primera instancia y una Cámara de Apelaciones del Trabajo, compuesta por diez salas de tres jueces cada una.
También se envió al parlamento local -que aún no homologó el convenio de traspaso de la Justicia- una iniciativa para crear el servicio de conciliación laboral previa y obligatoria de la ciudad, que replicaría el modelo hoy vigente a nivel nacional. Es decir, para que quede habilitada la vía judicial, todo conflicto laboral deberá pasar antes por una instancia de mediación.
Con ello, el gobierno porteño espera canalizar por vía administrativa algunos conflictos de trabajo y evitar así una eventual saturación de los juzgados de primera instancia.
Una tercera propuesta apunta a reformar el Código Procesal de la ciudad a fin de crear un sistema judicial más ágil y expeditivo que el que rige hoy día a nivel nacional.
Entre otras cuestiones, el proyecto fija un plazo máximo de cinco días para la convocatoria a una audiencia final de alegatos una vez concluida la etapa de producción de pruebas. Tras la audiencia, los jueces tendrán un máximo de 30 días para dictar su sentencia. De este modo, se espera tener resoluciones más rápidas que las que hoy ofrece la Justicia Nacional del Trabajo.
Además, se habilita la intervención del fuero laboral porteño no solo cuando los contratos de trabajo se celebren dentro del territorio de la ciudad, sino también cuando alguna de las partes intervinientes tenga domicilio -legal en el caso de las empresas y real en el caso del trabajador- en la ciudad.
“Estos son los tres proyectos que hemos remitido para que, una vez ratificada por la Justicia, eventualmente por la Corte en caso que tenga que llegar a esa instancia, la transferencia de competencia, nosotros tengamos todo listo”, afirmaron en la ciudad. El gobierno espera que se levanten las cautelares antes de fin de año para poder inaugurar el fuero laboral propio en febrero de 2027.
