WASHINGTON.- En un intento del gobierno del presidente Donald Trump para reconstruir parte de su política arancelaria que fue anulada por un fallo de la Corte Suprema norteamericana, la Oficina del Representante Comercial (USTR, por sus siglas en inglés) anunció el martes por la noche que propuso aranceles adicionales sobre las importaciones provenientes de 60 países -entre ellos la Argentina- luego de determinar que su incapacidad para frenar el comercio de bienes producidos mediante trabajo forzoso perjudica a Estados Unidos.
El USTR, que lidera Jamieson Greer, detalló mediante un comunicado que la lista de países que podrían quedar afectados por una tasa de entre el 10% y el 12,5% -en caso de que se aprobara la propuesta en una audiencia el 7 de julio– se elaboró luego de una investigación en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Esa es la herramienta que ha utilizado la administración republicana para intentar reconstituir su agenda arancelaria.
“Para aquellas economías que impongan una prohibición a la importación de productos elaborados con trabajo forzoso —o que se hayan comprometido a imponer y hacer cumplir dicha prohibición mediante un Acuerdo de Comercio Recíproco—, así como para aquellas que hayan establecido un régimen parcial con el efecto de impedir la importación de ciertos bienes vinculados al trabajo forzoso, el USTR propone una tasa del 10% para los aranceles adicionales. Para todas las demás economías, propone una tasa del 12,5%“, señala la nota.
La Argentina -mencionada en la lista de 60 países y que selló con Estados Unidos un acuerdo recíproco de comercio e inversiones en febrero pasado- recibiría el 10% en caso de que se aprobara la medida. No se detalló cómo sería aplicada o sobre qué productos específicamente.
“La omisión por parte de nuestros socios comerciales más importantes a la hora de abordar la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso es inaceptable. Esto genera una dinámica en la que los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir a nivel mundial en condiciones de desigualdad“, declaró Greer al explicar el anuncio.
“Ya no toleraremos esta disparidad. Algunos socios comerciales han adoptado medidas iniciales para impedir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, incluso en el marco del T-MEC [entre Estados Unidos, México y Canadá] y mediante compromisos adquiridos en Acuerdos de Comercio Recíproco. No obstante, cada uno de nuestros socios comerciales debe hacer más para garantizar que el comercio no fomente ni consolide de manera perversa el trabajo forzoso a escala mundial“, agrego el representante comercial de Estados Unidos, quien fue el encargado de firmar el pacto con la Argentina junto al canciller Pablo Quirno, en Washington, el 5 de febrero.
El USTR había iniciado el 12 de marzo pasado investigaciones en los 60 países para determinar si los “actos, políticas y prácticas” de diversas economías relacionados con la» falta de imposición y aplicación efectiva de una prohibición sobre la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso” debían ser objeto de medidas bajo la Sección 301.
Tras la investigación, el USTR determinó que esos actos resultan “irrazonables” y que “constituyen una carga o restricción para el comercio estadounidense”, y que por consiguiente son “objeto de medidas correctivas conforme a la Sección 301″.
“El USTR elaboró un informe exhaustivo titulado ‘Actos, políticas y prácticas de diversas economías relacionados con la omisión de imponer y hacer cumplir de manera efectiva una prohibición a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso”, el cual «respalda las conclusiones de cada una de las investigaciones realizadas“, añadió la nota.
Allí se señala que los acuerdos bilaterales y plurilaterales también reconocen cada vez más la necesidad de prevenir el comercio de bienes producidos mediante trabajo forzoso.
“Más recientemente, los Acuerdos de Comercio Recíproco con la Argentina, Bangladesh, Camboya, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Indonesia, Malasia y Taiwán han incluido compromisos para prohibir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso», remarca el USTR.
Los comentarios por escrito respecto al informe deben presentarse a más tardar el 6 de julio, y se prevé que un panel de la Sección 301 celebre audiencias públicas sobre las acciones propuestas en el marco de estas investigaciones el 7 de julio próximo.
Según explicó la agencia Bloomberg, esta medida constituye un paso importante en el objetivo de Trump por restablecer los aranceles que impuso durante su primer año de mandato, antes de que fueran declarados inconstitucionales por la Corte.
“La iniciativa pondrá a prueba la tolerancia de sus socios económicos, quienes, en gran medida, se han abstenido de tomar represalias, optando en su lugar por negociar acuerdos con Estados Unidos para reducir los impuestos a la importación y garantizar el acceso a los mercados», explicó la agencia especializada.
Según un análisis de Reuters, del informe se desprende que la USTR busca aplicar un 10% de aranceles adicionales a las importaciones provenientes de la Argentina, Canadá, Ecuador, la Unión Europea (UE), Indonesia, México, Pakistán, Bangladesh, Camboya, El Salvador, Guatemala, Indonesia, Malasia, Taiwán y el Reino Unido. A los restantes 45 países que fueron objeto de la investigación se les aplicaría el 12,5%.
El 20 de febrero pasado, en una decisión que le propinó a Trump su mayor derrota legal desde el regreso a la Casa Blanca al socavar un emblema de su política económica, la Corte Suprema había anulado la mayoría de los amplios aranceles globales impulsados por el presidente el año pasado.
Con una votación de 6 a 3, la Corte dictaminó que Trump se excedió en su autoridad al invocar una ley federal de poderes de emergencia para imponer sus aranceles “recíprocos” en todo el mundo, un fallo con amplias repercusiones para el comercio mundial y la economía norteamericana. “Son una vergüenza para nuestra nación”, fustigó Trump, en aquel momento, a los jueces que aprobaron la medida, que calificó como “profundamente decepcionante”.
Luego de tomar nota de los alcances del fallo y un contraataque legal de Trump, el mes pasado el cónsul en San Pablo y jefe negociador del acuerdo con Estados Unidos, Luis Kreckler, junto a un equipo de funcionarios, viajó a Washington para mantener un encuentro con representantes del USTR.
Los países alcanzados por la investigación del USTR son Argelia, Angola, la Argentina, Australia, Bahamas, Bahréin, Bangladesh, Brasil, Camboya, Canadá, Chile, China, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Filipinas, Guatemala, Guyana, Honduras, Hong Kong, la India, Indonesia, Irak, Israel, Japón, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Libia, Malasia; Marruecos, México, Nueva Zelanda, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Omán, Pakistán, Perú, Qatar, Rusia, Arabia Saudita, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Taiwán, Sri Lanka, Suiza, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido, Uruguay, Venezuela, Vietnam y la UE.
