BRUSELAS.- La Unión Europea alcanzó este lunes por la noche un acuerdo político para endurecer su política migratoria y avanzar con una de las reformas más debatidas de los últimos años: la creación de centros de retorno para migrantes fuera del territorio comunitario.
El entendimiento fue sellado entre negociadores del Parlamento Europeo y representantes de los Estados miembros, un paso clave que allana el camino para la aprobación definitiva de la normativa. El objetivo central de la iniciativa es acelerar la expulsión de extranjeros que no cuentan con autorización para permanecer en el bloque y mejorar la efectividad de los procedimientos de devolución.
“El nuevo reglamento agilizará los procesos de retorno y permitirá incrementar la cantidad de personas que regresan a sus países cuando no tienen derecho legal a permanecer en la Unión Europea”, afirmó Nicholas Ioannides, viceministro de Migración de Chipre, país que ejerce la presidencia rotatoria del Consejo de la UE. El funcionario consideró que el acuerdo representa un avance significativo para fortalecer la credibilidad de la política migratoria europea.
Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es la habilitación de los denominados “centros de retorno”, instalaciones que podrían ubicarse fuera de las fronteras de la Unión Europea y recibir a migrantes sujetos a órdenes de expulsión o cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas. De acuerdo con los impulsores de la medida, estos centros podrían funcionar como destino temporal mientras se organiza la repatriación o, en algunos casos, como lugar de permanencia previo al regreso definitivo a sus países de origen.
La nueva legislación también refuerza las obligaciones de quienes reciban una orden de salida. Según el texto acordado, los migrantes deberán abandonar el territorio europeo y cooperar con las autoridades durante todo el procedimiento. El incumplimiento de estas disposiciones podría derivar en sanciones más estrictas, incluidas detenciones administrativas y restricciones de ingreso al bloque por períodos prolongados.
La iniciativa despertó fuertes objeciones entre organizaciones de derechos humanos. Marta Welander, directora para Europa del Comité Internacional de Rescate (IRC), advirtió que la normativa ampliará considerablemente las facultades de los gobiernos para detener y deportar migrantes.
“Esta reforma parece encaminada a normalizar las redadas migratorias, expandir el uso de centros de detención con características similares a las de una prisión fuera de la Unión Europea y aumentar el riesgo de que algunas personas sean enviadas a países donde podrían sufrir persecución, tortura u otras graves vulneraciones de derechos humanos”, sostuvo.
Los cuestionamientos también se apoyan en experiencias previas. El Reino Unido abandonó recientemente su plan para trasladar solicitantes de asilo a Ruanda tras múltiples controversias legales y políticas. En paralelo, los centros impulsados por Italia en Albania para gestionar procedimientos migratorios también enfrentaron numerosos desafíos judiciales.
Quienes respaldan la reforma sostienen, en cambio, que los centros de retorno podrían convertirse en una herramienta eficaz para incrementar las repatriaciones y desalentar los intentos de ingreso irregular al continente. A su juicio, la medida contribuiría a reforzar el control de las fronteras y a mejorar la aplicación de las decisiones de expulsión.
Algunos gobiernos, entre ellos los de Austria y Alemania, ya estudian alternativas para poner en marcha este esquema. Otros países, como Francia y España, mantienen reservas sobre su aplicación práctica y dudan de que la iniciativa tenga un impacto significativo en los flujos migratorios.
“No está claro cómo funcionará en la práctica y es probable que termine afectando a un número relativamente reducido de personas”, señaló un diplomático europeo, que habló bajo condición de anonimato.
Con información de AFP
