El proyecto que el Gobierno presentó la semana pasada para regular el lobby encendió alarmas en organizaciones de la sociedad civil dedicadas a promover la transparencia, la cooperación internacional y controlar la actuación estatal. Aunque reconocen la necesidad de transparentar la influencia sobre las decisiones públicas, advierten que la iniciativa no distingue entre quienes buscan defender intereses particulares y quienes impulsan causas de interés público, una definición que, sostienen, podría alcanzar actividades habituales de incidencia ciudadana y monitoreo del poder.
“La definición de gestión de intereses es demasiado amplia”, afirmó Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano. Según explicó, cualquier reunión, llamado telefónico o correo electrónico dirigido a un legislador o funcionario con el objetivo de promover cambios en una política pública podría quedar alcanzado por el régimen.
“Una cosa es un interés particular de una empresa y otra muy distinta impulsar mejoras en una ley de acceso a la información pública o una política vinculada al fortalecimiento democrático”, planteó.
Ese es uno de los principales cuestionamientos que las organizaciones formulan al proyecto. La iniciativa define como “gestión de intereses” a toda actividad de promoción, representación, intermediación, asesoramiento o incidencia destinada a influir en una decisión pública, ya sea realizada por personas físicas o jurídicas, con o sin fines de lucro, de manera gratuita u onerosa. También alcanza a quienes actúen en representación de terceros.
Según pudo saber LA NACION, la medida genera reparos, además, en asociaciones de magistrados que observan que la redacción puede confundir el ejercicio profesional con lobby.
En Poder Ciudadano advierten que el texto no diferencia entre actividades de lobby orientadas a obtener beneficios particulares y acciones de incidencia vinculadas al interés público. Temen que organizaciones que promueven reformas legislativas, monitorean políticas públicas o buscan mejorar mecanismos de transparencia queden sujetas a las mismas obligaciones que empresas o consultoras especializadas en representación de intereses.
“Con esa información el Estado podría, por ejemplo, presionar a funcionarios, legisladores, o asesores que se reúnen con la sociedad civil que tenga visiones diferentes a las del Estado en determinado tema”, explicó Secchi.
Las preocupaciones también aparecen en la Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI), una federación que nuclea a más de 280 organizaciones de todo el país. En un comunicado, tras la presentación del proyecto oficial, advirtió que la amplitud de las definiciones podría abarcar buena parte de las actividades habituales de incidencia que realizan. Entre los riesgos identificados menciona posibles situaciones de estigmatización pública, sobrecarga administrativa, incremento de controles, campañas de desinformación y una eventual utilización política de los registros.
“Si bien formalmente se presenta como una ley de transparencia y regulación del lobbying, la amplitud de sus definiciones, el enfoque sobre ‘intereses extranjeros’ y la incorporación de sanciones penales generan preocupaciones relevantes para organizaciones que trabajan en incidencia pública y cooperación internacional”, advierten.
La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) María Eugenia Talerico comparte parte de esas objeciones. Si bien considera legítimo que exista una regulación de la actividad de lobby y señala que existen antecedentes internacionales en esa materia, cuestiona que el proyecto someta bajo un mismo régimen a organizaciones civiles y actores económicos con intereses comerciales. “No es lo mismo una actividad realizada por intereses económicos que otra impulsada por organizaciones de la sociedad civil que buscan promover causas de interés público”, sostuvo.
También cuestionó la severidad del régimen sancionatorio. “La pena de prisión es absolutamente desmedida”, afirmó. Según señaló, el ordenamiento jurídico ya contempla figuras como el tráfico de influencias para sancionar conductas orientadas a obtener beneficios indebidos mediante la influencia sobre funcionarios públicos.
Talerico agrega otro elemento: la desconfianza que genera que la iniciativa provenga de un gobierno que ha hecho de la desregulación una de sus principales banderas. Según plantea, existe además una tensión con la reforma política impulsada por el oficialismo, sobre todo el punto de financiamiento político, donde observa una flexibilización de controles que contrasta con el nivel de supervisión previsto para organizaciones de la sociedad civil.
La propuesta oficial
La iniciativa, denominada “Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses”, fue girada a la Cámara de Diputados la semana pasada. Este miércoles iniciará su debate en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
La regulación alcanzaría tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo y busca transparentar quién intenta influir sobre decisiones públicas, en nombre de quién y sobre qué asuntos. Para ello propone crear un Registro Público de Gestores de Intereses, donde deberán inscribirse obligatoriamente las personas físicas o jurídicas que realicen estas actividades, y un Registro Público de Gestión de Intereses, donde los funcionarios deberán informar cada contacto mantenido con gestores, detallando participantes, fecha, organismo involucrado y temas tratados.
El régimen obligaría además a informar quiénes son los clientes o beneficiarios finales de cada gestión, sobre qué asuntos buscan incidir y si representan intereses extranjeros. También establece la presentación de reportes trimestrales con el detalle de las actividades realizadas.
Uno de los puntos que se observa con atención es el listado de actividades excluidas. El proyecto establece que no estarán alcanzadas las actividades académicas, científicas, técnicas, periodísticas o de difusión general. Sin embargo, introduce una aclaración que genera reparos: la excepción rige únicamente cuando esas actividades no tengan por objeto influir en una decisión pública determinada.
Otro de los capítulos sensibles es el referido a los llamados “intereses extranjeros”. El proyecto obliga a declarar expresamente cuando una gestión se realiza por cuenta, financiamiento o beneficio de gobiernos, empresas, partidos políticos o personas del exterior y habilita requerimientos adicionales de información en determinados casos.
La iniciativa prevé además un régimen de sanciones administrativas y penales. Las multas pueden ir de cinco a 500 salarios mínimos y escalar hasta 2000 salarios mínimos en casos agravados. También contempla penas de prisión para quienes realicen gestiones sin inscripción previa, oculten información relevante o actúen clandestinamente en representación de intereses extranjeros en áreas consideradas sensibles.
