A las 14 horas del 30 de enero de 2025, mientras Hayden Davis traspasaba el umbral de la Casa Rosada para reunirse con Javier Milei, desde una de las billeteras virtuales asociadas al empresario, partían 499.000 dólares hacia una cuenta desconocida. Caída la tarde, finalizado ya el encuentro, otras dos transferencias por más de un millón de dólares viajaban rumbo a la cuenta de un jubilado argentino, Orlando Mellino, según pudo reconstruir después la Justicia.
En el marco de la causa que investiga el lanzamiento del activo digital $LIBRA, el fiscal federal Eduardo Taiano solicitó a un organismo especializado profundizar la investigación sobre estas y otras transferencias realizadas el 3 y el 13 de febrero, que, en total, suman unos US$ 4.780.100.
La respuesta del organismo llegó a mediados de abril, ocho meses después de que Taiano formulara el pedido. En un escrito de no más de una carilla, la UFECI, una unidad dedicada a investigar el ciberdelito que depende del Ministerio Público, reconoció no estar en condiciones materiales de llevar adelante el análisis solicitado de las billeteras. Indicó que, por el momento, no contaba con las herramientas y las “licencias” tecnológicas correspondientes para avanzar, y que, cuando las tuviera, avisaría.
El objetivo final de un trabajo forense de este tipo es intentar quebrar el anonimato de la blockchain, la red en la que quedan registradas estas transferencias, y así saber a ciencia cierta quién es quién en la ruta del dinero de un determinado activo.
En $LIBRA, la Justicia lo consiguió en el caso del jubilado Mellino, y también en el de Mauricio Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy, que entre enero y febrero de 2025, recibieron de Davis más de 730.000 dólares digitales, tal como figura en el expediente.
Lo que motivó el pedido de Taiano -impulsado por una de las querellas- es que existe una gran cantidad de cuentas con importante actividad en ese entramado digital cuyos dueños aún se desconocen.
La UFECI, a cargo del fiscal Horacio Azzolin, tuvo un rol preponderante en el devenir de la investigación. Apuntaló, por ejemplo, la hipótesis de la existencia de un flujo de “información privilegiada” que corrió en la previa al lanzamiento de la moneda.
Equipado con un recurso del que ahora carece, el organismo pudo dar con un grupo particular de 74 billeteras virtuales que adquirieron de forma masiva el activo en momentos clave. Sus compras, por más de 13 millones de dólares, ocurrieron durante los 22 segundos previos al tuit de Milei, quien estaba al teléfono con Novelli, quien, a su vez, se encontraba en los Estados Unidos junto a Davis.
La publicación en redes del Presidente fue el soplo que le dio vida pública al activo. Con el ingreso aluvional del público en general, el precio trepó y luego se produjo el retiro de fondos que derivó en el colapso de la moneda.
La UFECI consiguió identificar al grupo de billeteras “privilegiadas” -no a sus respectivos dueños- porque contaba con una “demo” de un software de alta complejidad utilizado tanto en el mundo privado como en organismos públicos para rastrear operaciones con criptoactivos e identificar flujos de fondos. Es decir, disponía de una de las versiones gratuitas que las empresas de software conceden por un tiempo limitado con el fin de promocionar el producto.
Pero la versión gratuita expiró. Y si bien la Procuraduría trabaja para adquirir una licencia paga, en medio de un fuerte “ajuste presupuestario”, todavía carece del producto, según una fuente al tanto de esos movimientos.
El costo de seguir el dinero
Son herramientas costosas. Dependiendo de la versión, la cantidad de usuarios que puedan usar el programa en simultáneo y quién sea el comprador, el precio del producto puede pendular entre los 50.000 y los 400.000 dólares, de acuerdo con la reconstrucción que hizo LA NACION de fuentes especializadas y licitaciones públicas.
Sin embargo, su uso no es indispensable para llevar adelante una pesquisa de criptoactivos. Así le dijeron a LA NACION investigadores privados, fiscales, miembros de distintas fuerzas de seguridad y un abogado especializado en la materia.
La empresa que domina el mercado, en la Argentina y en el mundo, es Chainalysis. Pero otras firmas, como TRM Labs o QLUE, buscan posicionarse con productos que ofrecen prestaciones similares en un orden de precios menor.
Todas ellas son muy útiles para identificar patrones, visualizar y procesar grandes volúmenes de información y contar con acceso a determinadas bases de datos, coinciden las fuentes, pero ninguna suplanta al trabajo “manual” que puede y debe hacerse con herramientas gratuitas, abiertas al público en general.
“Si bien las herramientas premium son muy buenas, si no se cuenta con recursos igualmente se pueden hacer muy buenas investigaciones”, sostiene Denis Banchero, un consultor externo. En los cursos que dicta en la ONU y de forma privada, enseña cómo utilizar un amplio abanico de esto programas. “Es totalmente posible hacer trazabilidad de criptoactivos con herramientas gratuitas -señala-. Cuantas más utilice el investigador, mejor, ya que cada una tiene perspectivas diferentes”.
A través de una de esas herramientas, Arkham Intel, LA NACION detectó la transferencia de 499.000 dólares que coincidió con el inicio de la reunión entre Milei, Davis y Novelli en la Casa Rosada. Con esa misma herramienta, el especialista Fernando Molina trazó un gráfico público en el que se visualiza gran parte del entramado virtual que Davis habría tejido en los días previos al lanzamiento de $LIBRA.
“Es un trabajo de hormiga, engorroso, que requiere un mayor nivel de conocimiento”, señala un fiscal diplomado en la materia, respecto al trabajo con las herramientas gratuitas.
“Las licencias pagas agilizan los tiempos —reconoce otra fuente del sector—. Además, tienen marcadas las billeteras que ya fueron asociadas a ilícitos e identifican si determinada billetera está vinculada con otra. Pero también es posible hacer el trabajo de manera manual».
Alternativas
Por fuera de la UFECI, existen otros organismos y fuerzas, que sí cuentan con herramientas pagas. El fiscal Taiano decidió redirigir al Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA) el pedido que había formulado el abogado de una de las querellas, Nicolás Oszust.
De esa capacidad técnica también dispone la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. En agosto del año pasado tramitó una licencia anual de la plataforma Chainalysis para análisis forense y monitoreo de criptoactivos. Y hasta hace pocos meses, también se ofrecía como alternativa la procuración porteña, de la que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, es titular en uso de licencia.
Pero diez días atrás, mientras los activos digitales también empezaban a ocupar un lugar sensible en la investigación sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la procuración porteña decidió suspender la licitación, que había sido lanzada en marzo. Fue a instancias del Cuerpo de Investigaciones Judiciales que pidió “redefinir las necesidades forenses de la contratación”.
